El futuro de Cataluña, en manos de Puigdemont

Hoy, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, podría aplicar la ley del referéndum y declarar la independencia de la región en el parlamento. El gobierno español le pidió que no “se lance al precipicio”.

Manifestantes sostienen un cartel pintado en el que el presidente Mariano Rajoy besa al presidente catalán, Carles Puigdemont. / AFP

En Cataluña (España), el barco de la independencia parece navegar sin rumbo fijo. Si bien se supone que hoy Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat de Cataluña, aplicará la ley del referéndum en el Parlament y declarará la independencia unilateral de su comunidad autónoma, aún no hay nada confirmado. La incertidumbre continúa en el ambiente de los partidos políticos y, principalmente, en el de la ciudadanía.

Todos intentan continuar con sus rutinas, pero cualquier noticia las irrumpe. Cuando se cree que la tensión llega a su límite, un nuevo episodio advierte que será una historia larga y compleja. En medio de la previa declaración de la independencia, la gente analiza, discute. Algunos opinan que se declarará y confían en que la Generalitat calcule muy bien sus movimientos. Otros son más escépticos y consideran que el conflicto político se salió de las manos, pues la ruta que inicialmente los llevaría hacia un diálogo desembocará en una decisión arbitraria. Los ciudadanos están ansiosos por saber qué dirá a las 5:00 p.m. Puigdemont en el parlamento.

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Es claro que Puigdemont aún no cierra la puerta del diálogo del todo. En su última aparición televisiva, en TV3, lamentó que el gobierno español no acepte sus propuestas de mediación y afirmó que seguiría adelante con sus planes en modo condicional: “Si el Estado no responde positivamente, nosotros haremos lo que hemos venido a hacer”. Sin embargo, desde que subió a su cargo, ha expresado abiertamente su posición independentista.

Sus allegados no dudan en afirmar que lo hará. Pero lo cierto es que la presión podría cambiar los planes. El domingo, se calcula que más de 400.000 personas salieron a marchar a las calles de Barcelona a favor de la permanencia de Cataluña en España. Una sorpresa para muchos, pues hasta ese momento el movimiento unionista había preferido guardar silencio.

A ese grupo se suma la insistencia de otras naciones y organizaciones, como The Elders, organismo fundado por Nelson Mandela y que hoy es liderado por el ex Secretario General de las Naciones Unidas Kofi Annan, de optar por una salida pacífica, por un diálogo con actores externos que funcionen como mediadores.

Otro factor que preocupa a la ciudadanía tiene que ver con los cambios de las sedes sociales de las grandes compañías catalanas, como CaixaBank, Sabadell y Gas Natural, que han preferido resguardarse en territorio español por la posible inseguridad jurídica que podría desprender la declaración de una independencia unilateral. Las empresas aclararon que su cambio no significa que se cerrarán sus negocios en Cataluña, sino una medida preventiva y reversible que funciona para calmar el miedo de los clientes e inversionistas por las vaivenes de la bolsa, en medio de la incertidumbre. Sin embargo, los expertos dicen que se tiene que evaluar la recaudación de impuestos de esta sociedades, como el de la Impuesto de Actividades Empresariales (IAE), que son locales y llegan a las arcas de los ayuntamientos.

También inquieta que aún Cataluña esté tan ligada económicamente a España. Aunque los independentistas aseguran que pueden sobrevivir con la exportación y que el gran perdedor es el Estado, pues aportan el 20 % del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con las cifras del Ministerio de Economía y del Centro de Predicción Económica, el 40 % de las ventas de Cataluña tiene como destino otras comunidades españolas, y otro 40 %, a otros socios de la Unión Europea (UE). Por ejemplo, Cataluña vende más productos a Aragón (10.781,9 millones de euros al año) que a Alemania (7.736,3 millones).

En un segundo escenario, en el que se vean obligados solo a vender sus productos a los países de la UE, el panorama tampoco es favorable, pues lo más probable es que el gobierno español exija apoyo a su decisión de bloquear los flujos económicos, argumentando que la creación de la nueva república fue inconstitucional y viola las leyes españolas. Si llegase a ocurrir, a Cataluña le darían la espalda, por lo menos, a 17 de sus 20 aliados económicos.

Francia fue el primer país en dar el salto. Ayer aseguró que no reconocería a Cataluña si se declara independiente de manera unilateral. Nathalie Loiseau, secretaria de Estado de Asuntos Europeos de Francia, agregó, en una entrevista con el canal francés CNews, que la primera consecuencia sería “automáticamente la salida de la Unión Europea”. Ante esta amenaza, los independentistas insisten que aún están en el espacio europeo y pueden adoptar una figura especial como Islandia o Suiza, que no hacen parte de la EU.

A lo anterior hay que añadir las declaraciones en el Financial Times del ex presidente de la Generalitat, Artur Mas, quien aceptó que Cataluña no estaba lista para independizarse, pues todavía no cuenta con una infraestructura estatal independiente, por ejemplo, con una secretaría propia de hacienda.

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Mientras todas esas declaraciones salen a flote, los partidos políticos continúan moviendo sus maquinarias para evitar la temida declaración. Por ejemplo, Podemos, en cabeza de Pablo Iglesias, le ofreció al presidente Mariano Rajoy ser mediador en un posible diálogo. Con el mismo tono, el político vasco Íñigo Urkullu pidió a las dos partes reconocer el conflicto político y trasladarlo a un marco político de diálogo institucional. Por otro lado, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) insistió en que solo se puede negociar siempre y cuando “vuelvan a la legalidad”. Y Ciudadanos sugiere la activación del artículo 155.

El Estado español aseguró que “tomará medidas” en caso de que se declare la independencia. No se descarta la llegada de más policía y la activación del artículo 155, que permitiría suspender la autonomía catalana y convocar a elecciones autonómicas. Pero tiene claro que esa decisión se tomaría siempre y cuando cuente con el respaldo político, pues sería la primera vez que se aplicaría después de la creación de la Constitución de 1978. Todos están a la espera de lo que suceda hoy y del futuro que trace Puigdemont.