El impacto del Covid-19 en Panamá

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A comienzos de julio Panamá fue el país de América Latina con más casos reportados por cada 100 mil habitantes. Los meses de julio y agosto del año pasada palidecieron ante la avalancha de casos de la segunda ola de diciembre y enero. ¿Qué está pasando en este país?

Panamá, con sus poco más de cuatro millones de habitantes y escasos 75,000 kilómetros cuadrados de superficie, logró un espacio en las noticias internacionales durante la pandemia. Sin desearlo, lo consiguió debido a que en distintos momentos su desempeño sanitario ha estado entre los peores del mundo, y el impacto de la pandemia sobre su economía ha sido el más devastador. Así, la opinión pública mundial parece mirar con asombro lo que la ciudadanía panameña sabe bien: el país está lleno de contradicciones y no parece haber término medio.

“Objetivamente”, a comienzos de julio Panamá fue el país de América Latina con más casos reportados de Covid-19 por cada 100 mil habitantes. Por encima de Brasil, por ejemplo, que según se ha reportado ha estado contagiando intencionalmente a su población, el cual no es el caso de Panamá en absoluto o Costa Rica, país vecino con dimensiones y posibilidades económicas parecidas. Los meses de julio y agosto del año pasada palidecieron ante la avalancha de casos de la segunda ola de diciembre y enero.

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¿Por qué ha sucedido esto? Como es natural, la búsqueda de explicaciones en la sociedad panameña se está dando en el ámbito político, donde reina la subjetividad y las narrativas son producto de los intereses y repertorios de los distintos actores políticos. Ha habido dos explicaciones dominantes en disputa pero que a veces se solapan: una basada en la trayectoria histórico-institucional del país y otra que pone el énfasis en la desigualdad estructural.

El argumento de la trayectoria histórico-institucional

El punto de partida de esta explicación sería la debilidad del Estado de derecho panameño, que se expresaría en la naturaleza clientelar de una administración pública obesa, irremediablemente ineficiente y con una imparable propensión al tráfico de influencias y la corrupción. Esto explicaría también que los tomadores de decisiones sean reclutados en general entre las personas más incompetentes del país.

Este diagnóstico ha sido articulado o promovido principalmente por corrientes de opinión con pensamiento libertario militante o por adhesión, que aunque son minoritarias tienen una cada vez más desarrollada vocación hegemónica.

Su propuesta para gestionar la pandemia ha sido pasar de un modelo de gestión colectiva a una basada en la responsabilidad individual, promovida con el uso de eslóganes como “el virus lo paras tú”. Su propuesta para financiar la respuesta del país a la pandemia ha sido la austeridad, concretada sobre todo en la reducción de los salarios de los funcionarios, también justificada como un gesto de solidaridad con quienes perdieron sus empleos en el sector privado.

Una pieza importante de su lógica política ha sido dividir explicativamente a la sociedad panameña en dos partes: una ciudadanía trabajadora, indefensa y abusada, enfrentada a un gobierno representante de una élite política corrupta y que tiende a ser autoritario. Esta caracterización autoritaria es importante porque remonta a la ciudadanía panameña a uno de sus conflictos arquetípicos y, por lo tanto, con gran capacidad movilizadora: el de la crisis de finales de los ochenta, cuando la Cruzada Civilista —un movimiento nacional compuesto por organizaciones cívicas, empresariales y profesionales entre otras— enfrentó al régimen autoritario del que era parte el actual partido de gobierno, el PRD.

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Institucionalmente, quienes se inclinan por esta explicación han estado muy preocupados por la actividad legislativa durante la pandemia, no solamente por sus evidentes desvaríos, sino también porque ideológicamente la consideran la peor expresión del estatismo interventor. En este sentido, una fracción de los actores que promueven esta corriente de opinión, recientemente han lanzado una iniciativa que conduciría a instalar una asamblea constituyente paralela, aún sin propuestas explícitas, pero sí con un claro objetivo destituyente y simbólicamente redentor.

El argumento de la desigualdad estructural

Quienes defienden esta idea basan su explicación en la desigualdad social, política y económica del país. El argumento central es que, aunque Panamá ha tenido altas —y a veces muy altas— tasas de crecimiento económico en los últimos quince años, esa gran riqueza generada por la sociedad panameña no ha sido dirigida a fortalecer la provisión pública de servicios básicos como la salud, la educación y la vivienda.

A la desigualdad socioeconómica, agregan el desigual acceso al poder que sería conseguido por medio del financiamiento de las campañas electorales, que inclina las decisiones a favor de intereses privados comerciales o vinculados a la provisión de esos servicios que deberían ser públicos. Según esta explicación, es de esta manera que se justifican las aperturas comerciales, que demostraron ser inoportunas, y se abandona a la mayoría de las personas a su suerte, o a una provisión de ayuda gubernamental irregular e insuficiente.

Según se argumenta, este contexto generó condiciones que empeoraron la situación epidemiológica. Primero, la imposibilidad de los trabajadores informales —cerca del 50% de las personas económicamente activas— de confinarse en sus casas por estar obligados a trabajar. Segundo, las paupérrimas condiciones de las viviendas de muchas familias hacían insoportable el confinamiento. Y tercero, la profunda brecha digital hizo imposible que miles de niños y niñas pudieran continuar el proceso educativo virtual con los mínimos aceptables.

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Esta explicación ha sido articulada principalmente por sindicatos, profesores universitarios, intelectuales estatistas y juventudes de izquierda. Sin embargo, hasta el momento no han articulado de forma convincente una propuesta económica para la financiación de la respuesta a la pandemia, excepto por ideas tímidas sobre un impuesto de emergencia a las grandes fortunas o la denuncia recurrente de la inexistencia de un plan de reactivación económica.

La ausencia de un plan ha sido parte de la caracterización que hacen del gobierno como neoliberal y cooptado por intereses particulares. Aunque lo intentan, han tenido dificultades para convencer a la población de que a las élites económica y política las unen intereses comunes.

Muy posiblemente, el diagnóstico objetivo —si algo así fuera posible— compartiría aspectos de ambas explicaciones. Políticamente, es importante verificar la verosimilitud que la población otorga a estas versiones generales de la situación, toda vez que el posicionamiento que logren los actores por medio de sus ideas será fundamental para prever las características del Panamá pospandemia.

Harry Brown es politólogo y director del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales - CIEPS (Ciudad de Panamá). Investigador del Sistema Nacional de Investigación de Panamá (SNI). Doctor en Ciencia Política y Sociología por la Univ. Complutense de Madrid.

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