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Desde que asumió la cabeza de la oficina de la Alta Comisionada de la ONU (ACNUDH) para los Derechos Humanos, la expresidenta chilena Michelle Bachelet ha tenido que lidiar con las fuertes críticas de algunos sectores políticos latinoamericanos que la acusan de no haber sido lo suficientemente “crítica” ante la grave crisis política y económica que se vive en Venezuela en los últimos años.
Sin embargo, muy a su estilo, Bachelet presentó este miércoles un duro informe sobre la situación de derechos humanos en Venezuela en el que responsabiliza al actual gobierno, liderado por Nicolás Maduro, de gran parte de los problemas que se viven en el país, como el desabastecimiento de alimentos y medicinas, así como la precariedad en la prestación de los servicios públicos y la hiperinflación.
“Estoy sumamente preocupada por la magnitud y la gravedad de la repercusión de la crisis actual sobre los derechos humanos, que constituye además un inquietante factor de desestabilización regional”, afirmó la Alta Comisionada este miércoles durante una convención en Ginebra, Suiza.
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La chilena expuso que el ejercicio de los derechos sociales y económicos en Venezuela se ha deteriorado de manera continua desde el 2018, cuando se publicó el último informe de la ACNUDH sobre Venezuela. La alta comisionada hizo especial énfasis en cómo los niños, las mujeres embarazadas, los ancianos y los pueblos indígenas se han visto especialmente afectado por estos problemas, y acusó al gobierno de no hacer lo suficiente para enfrentarlos.
“Las autoridades se han negado a reconocer las dimensiones y la gravedad de la crisis en materia de cuidados médicos, alimentación y servicios básicos, por lo que las medidas que han adoptado no han sido suficientes”, afirmó la expresidenta chilena.
El más reciente apagón que sacudió a Venezuela también tuvo espacio en el informe de la Alta Comisionada. Según Bachelet, la reciente interrupción del abastecimiento de fluido eléctrico “simboliza los problemas de infraestructura que afronta el país” y dice que esto redujo “aún más el acceso de la población a los alimentos, el agua y los medicamentos”.
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El tema de los hospitales y el sistema de salud fue también un problema que detectó Bachelet. De acuerdo con la oficina de la Alta Comisionada, el deterioro del sistema de atención sanitaria repercute “considerablemente” en la mortalidad y morbilidad materna, la mortalidad infantil.
“La propagación de enfermedades infecciosas, que habían estado previamente bajo control, es el foco de la reciente campaña de vacunación implementada por el Gobierno con la ayuda de la Organización Panamericana de la Salud”, alertó Bachelet en su informe.
La chilena también alertó sobre los problemas en el suministro de servicios públicos como el agua, el gas natural y el transporte. “Esta situación, combinada con la hiperinflación, genera atroces condiciones económicas que han desencadenado miles de protestas sociales”, afirmó la chilena.
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No obstante, Bachelet se mostró “preocupada” por el efecto de las sanciones económicas que Estados Unidos ha venido aplicando a Venezuela en los últimos años y alertó que esto “podría contribuir a agravar la situación económica, con posibles repercusiones sobre los derechos básicos y el bienestar de la población".
Estas afirmaciones tienen lugar al día siguiente del anuncio de nuevas sanciones por el Departamento del Tesoro estadounidense.
"Reducción del espacio democrático"
A pesar de responsabilizar en gran parte al gobierno de Maduro de los problemas que se viven en Venezuela, Bachelet instó a encontrar una "solución política" a la crisis venezolana y afirmó que la polarización en la que vive hoy el país y la región “está agravando una situación ya de por si crítica”.La expresidenta chilena denunció que le preocupa profundamente la reducción del espacio democrático, en particular la continua criminalización de la protesta y dijo que en los primeros dos meses de este año se documentaron “numerosas violaciones y abusos de derechos humanos perpetrados por las fuerzas de seguridad y los colectivos armados progubernamentales”.
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La oficina de la Alta Comisionada analizó las informaciones sobre las ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad. En 2018, al menos 205 muertes fueron atribuidas a las fuerzas especiales de seguridad venezolanas y otras 37 fueron presuntamente asesinadas en enero de 2019 en Caracas, precisó Bachelet.
En junio, Bachelet debe publicar un informe sobre la situación en Venezuela, pero la expresidenta chilena ya denunció el miércoles la "reducción del espacio democrático, en particular la continua criminalización de la protesta y la disidencia pacíficas".