Lo que el 2017 nos enseñó

El nacionalismo catalán y español

La ausencia de diálogo entre Madrid y Cataluña llevó a la democracia española a vivir su peor momento: el gobierno catalán fue destituido, sus miembros huyeron a Bélgica y los catalanes quedaron profundamente divididos. Las elecciones, propuestas al final, pudieron ser desde el principio la solución al conflicto.

La crisis catalana evidenció profundas divisiones en el pueblo español. / AFP

El año 2017 en España mostró que las tensiones políticas y sociales acumuladas en los últimos años entre el gobierno central del Partido Popular (PP) y el gobierno catalán de Junts pel Sí llegó a su punto de mayor conflictividad.

A un referéndum inconstitucional -quizá no tan ilegítimo- se sumó una (tenue) declaración ilegal de independencia, una (confusa) interrupción de la autonomía por la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española, además de un encarcelamiento de buena parte de los mandatarios políticos catalanes responsables de la situación; una huida a Bélgica de otros tantos, entre ellos el mismo presidente catalán, Carles Puigdemont, y, finalmente, una nueva convocatoria electoral que tendrá lugar el próximo 21 de diciembre.

(Lea también: El día en que Cataluña se declaró una república independiente)

Comicios a los que concurrirán todas las fórmulas políticas responsables de este entuerto, más propio de una película de humor, y que vuelven a presentarse con posiciones y promesas muy similares a las que condujeron a esta situación.

Cabe recordar que la cuestión nacional en España es intrínseca a su particular estructura como Estado. Esta condición engloba diferentes naciones culturales, tal y como sucede con la catalana, la vasca o la gallega. Sin embargo, la existencia de naciones y nacionalismos no es patrimonio exclusivo de España. Esto se produce por la particular manera como Europa deja atrás el feudalismo y abraza la Edad Moderna -especialmente, a partir del siglo XVI- y a la construcción de identidades nacionales en el siglo XIX.

Son varias las precisiones que se pueden plantear de tan intrincada coyuntura. La primera pasa por reconocer que esta situación no es nueva, pues en la España de los años treinta ya hubo un reconocimiento a la particularidad catalana en el Estatuto de 1932 -caracterizado por intensos debates entre Ortega y Gasset y Manuel Azaña-; igualmente hubo hasta tres intentos tan breves como frustrados de independencia.

A pesar del propósito del franquismo, de hacer desaparecer cualquier atisbo de plurinacionalidad -so pena de erigir un nacionalismo español, católico y fascista preeminente-, la restauración democrática, tras la muerte del dictador, normalizó las relaciones de estas naciones culturales. Eso sí, siempre con la idea central de España y sobre la base de un modelo descentralizador y asimétrico, que normalizó el conflicto político en su cotidianidad democrática.

Pero en 2011, con la ilegalización por parte del Tribunal Constitucional español, de un nuevo estatuto catalán que había sido negociado con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y que posteriormente fue impugnado por el Partido Popular (PP) ya en el gobierno, supuso el punto de inflexión, que da origen a la actual crisis catalana.

Los gobiernos catalanes de los últimos siete años hicieron de la cuestión separatista la razón nuclear de su agenda, construyendo un discurso centrado en el maltrato de España hacia la particularidad catalana, y en la excesiva e injusta dadivosidad de las arcas catalanas al fisco español. Nada más lejos de la realidad: en Cataluña predomina un intenso comercio interno con otras regiones de España.

Más allá de la realidad, lo que importa es cómo se construye y se representa todo esto en el plano mediático y simbólico. Y es ahí donde verdaderamente triunfa la emotividad nacional, ya sea catalana o española. Un éxito, si se tiene en consideración que la política de austeridad, corrupción y desgobierno de los últimos gobiernos catalanes apenas se ha visto afectada. ¿La razón? La cuestión política y electoral se unieron en una sola voz en torno al separatismo y eso consiguió movilizar a más de dos millones de ciudadanos que apoyan la posibilidad de que Cataluña pueda independizarse de España, ya sea por la vía del diálogo o de la ruptura unilateral.

Desde el gobierno central, el rédito y la instrumentalización de la causa catalana han sido similares. Un gobierno del Partido Popular, que en su nivel central funcionó, en varias ocasiones, como una banda criminal azotada por decenas y decenas de casos de corrupción, ha salido casi que indemne. Su nefasta gestión de la crisis económica -la cual se centró socializar los esfuerzos para su superación en forma de austeridad y recortes sobre los sectores más vulnerables- encontró en la causa catalana una salida que abordó con una férrea e inamovible defensa de la Constitución española y de la unidad del Estado; dos elementos que le permitieron superar, sin costo político y electoral, los años más difíciles de gobierno.

Esto, a pesar de que todas las encuestas muestran que muy posiblemente el gobernante Partido Popular va a tener el peor resultado electoral en los comicios autonómicos catalanes del 21 de diciembre.

Lo cierto es que entre unos y otros se ha contribuido notablemente a multiplicar por cuatro el número de separatistas que hoy existen en Cataluña y a confrontar a una sociedad que gravita en torno a posibilidades excluyentes, en donde el diálogo y los intercambios cooperativos brillan por su ausencia. Todo porque los beneficios electorales y el voto cautivo, que el separatismo en Cataluña y la defensa de la unidad nacional implican, se han erigido como perfectos aglutinadores del voto y de la identidad política.

(Le puede interesar: Cataluña: los otros intentos de independencia)

Si algo nos ha enseñado, y seguramente nos confirmará lo que queda de 2017, a la espera de las elecciones catalanas del 21 de diciembre, es que el inmovilismo no es la solución. Ni la independencia unilateral ni la inacción legalista contribuyen a la superación de una situación que requiere diálogo. La opción jurídica debe dar paso a la exploración de nuevas vías políticas que, como un referéndum pactado, puede implicar una reforma constitucional. Todo sea porque ciudadanía, participación política, legalidad y legitimidad se alineen en aras de la normalización democrática. De hecho, es posible que sólo esta vía del referéndum pactado sea la única en la que, verdaderamente, todas las narrativas y los discursos puedan competir en un mismo plano de igualdad política y jurídica.

* Doctor en ciencias políticas de la Universidad Complutense de Madrid y profesor de relaciones internacionales de la Universidad EAN.