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Durante la última década, bajo la consigna de optimizar costos, varios grupos empresariales han abierto empresas de seguros para venderse pólizas a sí mismos a través de países con bajas tasas de impuestos y alto secretismo. Por ejemplo, de la mano de la firma de abogados Appleby, radicada en Bermudas, importantes compañías del país terminaron abriendo filiales en esa isla del Caribe. Es el caso de Ecopetrol, la Empresa de Energía de Bogotá, ISA o EPM. También le han apostado a este esquema el contratista William Vélez, los empresarios Carlos y Francisco Ríos Velilla o compañías como Express del Futuro, Covinoc, Yara, la Fundación Social o seguros Paralife.
El nombre técnico del esquema es el de reaseguradoras cautivas. En esencia, se trata de un modelo que permite trasladar dinero de un bolsillo a otro en una misma compañía a través del pago de primas de seguros. No es ilegal, pero la DIAN o la Contraloría ya tienen sus ojos en el asunto, bajo la convicción de que se puede prestar para irregularidades. En palabras simples, una empresa contrata a una compañía de seguros autorizada en Colombia para que preste su nombre y figure como asegurador de riesgos, cuando en realidad el dinero pagado por las primas de estos seguros termina en una compañía de la misma empresa. Todo esto se hace a través de un destino offshore. (Lea aquí: Paradise Papers, la nueva filtración de documentos secretos en el exterior)
Esta situación permite que cifras multimillonarias se incluyan en los balances de las compañías originarias como gastos en seguros, cuando son dineros que realmente salen para las cuentas de su empresa offshore. Quienes reciben los fondos usualmente son sociedades sin experiencia alguna en materia de aseguramiento, y casi que sólo existen en el papel. Como los recursos llegan a jurisdicciones offshore, que no siempre han compartido información con la DIAN, los gastos que se hacen desde esas empresas realmente terminan no pagando impuestos en el país, a pesar de ser dinero que se origina desde las sociedades colombianas. (Lea aquí: La maniobra con la que Glencore planeaba pagar menos impuestos en el país)
Según los entes de control, las reaseguradoras cautivas tienen hoy tan baja vigilancia que, usadas de manera irregular, ayudan a la expansión de empresas en el exterior, sin declarar un solo peso en el país. En otros casos se pueden usar para prestar dinero a las compañías matrices en Colombia, con lo que se genera una deuda para seguir obteniendo dinero sin ser declarado, reportándolo en la contabilidad como gasto. En el más simple de los casos evaluados, sirve para pagar cuentas de los dueños de las empresas en el exterior sin despertar sospechas.
El esquema genera tantas inquietudes que el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS), encargado del recaudo fiscal, incluyó en la lista de estafas fiscales comunes a esta clase de operaciones. Según el IRS, una de las fórmulas de fraude es que las reaseguradoras terminan vendiendo pólizas de riesgos improbables para obtener primas exuberantes que se quedan en la misma compañía. Se crean gastos ficticios. Un ejemplo es el relato del abogado Stephen M. Moskowitz, quien contó a The New York Times que “trabajó con un dentista que estableció una reaseguradora para blindarse contra un ataque terrorista”. En la última campaña presidencial en Estados Unidos, la candidata Hillary Clinton calificó el tema como la gran rendija de Bermudas.
En el capítulo colombiano de Paradise Papers, la firma estatal Ecopetrol aparece como la empresa mixta con más alto patrimonio, a través de su reaseguradora Black Gold Re. Según su último balance, ya acumula $600.000 millones. También está la Empresa de Energía de Bogotá con una operación reciente. En febrero de 2013, un correo de los abogados de Appleby dirigido a la EEB, invitaba a celebrar con aguardiente la aprobación de la operación de su cautiva EEB Energy Re. Desde ese momento entró en operación y hoy ya acumula utilidades por US$5 millones. Sin embargo, estas dos empresas aseguran que no han utilizado a las reaseguradoras cautivas para ningún tipo de operación indebida.
En su criterio, las empresas Ecopetrol, EPM, ISA o EEB lo que hacen es “optimizar sus sistemas de aseguramiento”, pues sus reaseguradoras cautivas trasladan gran parte de los riesgos que asumieron a grandes empresas del negocio a nivel mundial. A esas firmas se les conoce como retrocesionarias y, en efecto, los pesos pesados de los seguros prestan ese servicio. Son algo así como el final de la cadena alimenticia en el mundo de los seguros. Las empresas mixtas colombianas señaladas en este informe coinciden en que el esquema las hace más competitivas y, a la hora de presentar ofertas, pueden contar con una suerte de integración vertical que les ayuda a reducir sus costos y a sumar puntos para ganar licitaciones.
En la EEB, por ejemplo, definen la herramienta como “un vehículo para optimizar pólizas”. El negocio es más fructífero si el riesgo no se concreta. Para esto, las compañías suelen elegir bien lo que reaseguran. Por ejemplo, la reaseguradora EEB Energy Re establece en su plan de negocios que su objetivo es blindar a sus filiales TGI y EEB en Colombia y a sus empresas Calidda y Contugas en Perú. Además, lo destaca como una oportunidad porque estas compañías tienen baja siniestralidad.
De las reaseguradoras cautivas de las empresas mixtas consultadas, solo dos especificaron los riesgos que concretaron y por los que pagaron. Es el caso de Maxseguros, que pagó alrededor de US$1,8 millones por los daños en la central hidroeléctrica Guatapé en 2016. Y Black Gold Re, que cubrió siniestros por US$2,6 millones, a raíz de ataques terroristas en la Batería Dos, Orito, Pozos ACAE, Batería Colón, Estación los Toros, La Gabarra y Ortega. Para que el esquema funcione son claves las empresas de seguros locales que asumen el papel de “fronting”, como se le llama en las comunicaciones de Appleby, y cuya traducción más cercana, por el rol que se desempeña, es un servicio de “presta nombres”.
Felipe Moncaleano, presidente de JLT Re, es un corredor de reaseguros que asesora empresas públicas y sugiere a sus clientes contratar con Appleby. Él explica que el esquema se inicia cuando una compañía acuerda con la aseguradora local que ceda el riesgo o parte de él a su reaseguradora cautiva. Así, “presta su nombre” para hacer el trámite, y se queda con una comisión que ronda entre el 5 y el 9 % de la prima. La Superintendencia Financiera, que tiene la responsabilidad de vigilar los seguros, considera que se trata de una práctica habitual sin regulación especial. Para la Superfinanciera, por más que las reaseguradoras cautivas hayan pactado servicio de “fronting”, en la realidad no funciona porque son las locales las que deben responder.
Una fuente de la Superintendencia Financiera explicó que no hay nada malo mientras las empresas locales retengan de manera real los riesgos de las pólizas que emiten. Sin embargo, los clientes que tienen el negocio de las reaseguradoras cautivas los ven como simples intermediarios. Casi como unos comisionistas para sacar el dinero que se autopagan por el valor de las primas. La Federación de Aseguradoras Colombianas (Fasecolda), que aglutina a las principales compañías de seguros del país, se abstuvo de comentar el tema que se desarrolla en este informe. Según esta organización gremial, nada tiene que ver con el asunto.
El Triángulo de las Bermudas
Tener aseguradora en Colombia requiere patrimonios y certificaciones para ser considerada confiable. La Superfinanciera tiene un registro que se llama Reacoex, donde solamente están empresas con patrimonio superior a los $40.000 millones. Además, deben tener calificación certificada. En este exigente registro sólo figuran dos reaseguradoras cautivas: la de Ecopetrol y la de EPM. En contraste con la regulación local, “en Bermudas no se requieren grandes capitales porque no se tienen que congelar los fondos”, explica Felipe Moncaleano, quien en Colombia opera como uno de los principales puentes con la empresa de abogados Appleby. “Eso es tomar ventaja de la legislación, no es un atajo”, agrega.
En la paradisíaca isla de Bermudas se puede conformar una reaseguradora cautiva en tres semanas. El destino atrae: no hay impuestos sobre dividendos e ingresos, sólo se paga una tasa anual al gobierno, que ronda los US$4.000, es decir, cerca de $12 millones, y para su constitución se necesita un capital mínimo de US$120.000, unos $360 millones. Eso ha facilitado a Bermudas constituirse en el tercer mercado del reaseguro más grande del mundo, después de Londres y Nueva York. La ventaja es la “acumulación de capital libre de impuestos”, como lo promociona Appleby en las presentaciones privadas a sus clientes, a las que tuvo acceso esta investigación.
Las empresas mixtas con reaseguradoras cautivas dicen que, por el componente público de sus capitales, no existe riesgo alguno de evasión de impuestos, pues todas las filiales y sus operaciones en el exterior se encuentran debidamente asentadas en sus balances financieros. Sin embargo, es natural que sus negocios generen inquietud y que cientos de millones de dólares de recursos que tienen origen público estén parqueados en cuentas en islas Bermudas. Además, que estén sujetos al criterio inversionista de un comité poco conocido, que adquiere ciertas discrecionalidades en la administración de estos ambiguos fondos.
En el caso de Ecopetrol, parte de las inversiones de Black Gold Re pasan por las empresas que estuvieron en el centro de la crisis financiera de 2008 en Estados Unidos. Según la petrolera, el 19,6 por ciento del portafolio de sus inversiones está en Fannie Mae y el 7,4 por ciento en Freddie Mac, dos empresas que fueron duramente cuestionadas en su momento pero que hoy han vuelto a tener una calificación confiable, lo cual permite a Ecopetrol ofrecer tranquilidad a sus inversionistas. Otras de sus apuestas económicas son los bonos del gobierno de los Estados Unidos o del ejecutivo colombiano.
A pesar de que las reaseguradoras cautivas no tienen empleados directos porque se administran con funcionarios de Ecopetrol desde Colombia, sí cuentan con presupuesto para cubrir gastos de viaje. Según documentos analizados, en 2015 se hizo mención a los gastos por viáticos de una sola persona por valor de US$171.000, equivalentes en su momento a $332 millones. La estatal petrolera manifestó a esta alianza periodística que “esa cifra no corresponde a la realidad. El presupuesto de viajes aprobado fue de US$37.873 y el ejecutado de US$18.156. Los estados financieros de la compañía han sido auditados por prestigiosas firmas. Hoy lo hace la firma Ernst & Young”.
La existencia de empresas mixtas con reaseguradoras cautivas impone políticas y prácticas corporativas que hacen más complejo detectar las irregularidades. La Contraloría General no está tan satisfecha con las explicaciones de las empresas. Como lo mencionó y recalcó uno de sus investigadores, se trata de “un esquema de optimización opaco y poco transparente”. Califica el uso de estos vehículos de negocio como de “alto riesgo”.
Para el ente de control, las reaseguradoras cautivas “son figuras de autoaseguramiento sin control, por fuera del territorio, de las que no se sabe cómo identifican sus riesgos, cómo se financian, cuánto cuestan, cuánto se ha pagado en primas y qué se está haciendo con los recursos parqueados”. En su opinión, “el Estado colombiano hace negocios legítimos, pero son más propios de un inversionista privado que idóneos para la protección o cuidado de los recursos públicos”. En pocas palabras, un negocio que no tiene regulación ni vigilancia de la Superfinanciera. La capacidad de investigación de las autoridades de control fiscal también se queda corta frente al secreto extraterritorial.
De castaño a oscuro
El reto de las reaseguradoras cautivas también preocupa a la DIAN. Su actual director, Santiago Rojas, confirmó que ya están tras la pista de un puñado de compañías que deberán explicar sus operaciones. Esta alianza informativa consultó a algunos clientes privados de Appleby que en la actualidad tienen reaseguradoras cautivas, y su respuesta generalizada es que se acogen al derecho a la reserva, determinado precisamente por su condición de que no son compañías públicas. Dos de estas empresas, Covinoc y Yara, no respondieron las solicitudes de información.
Otra de las inquietudes de las autoridades tributarias son los préstamos intercompañías. En los archivos de Paradise Papers se evidencia que Paralife, una aseguradora mundial especializada en microseguros, planeaba que su reaseguradora cautiva prestara dinero para poner en marcha una subsidiaria en Colombia. En febrero de 2010, Rolf Hueppi, presidente del grupo Paralife, preguntó a la firma de abogados Appleby si la reaseguradora estaba sujeta a la legislación contra el lavado de dinero en Bermudas, porque en nuestro país se exige que ese mismo préstamo salga desde una compañía que esté financieramente regulada.
Aunque Appleby asegura en sus piezas publicitarias que Bermudas ofrece un régimen robusto de anti lavado de dinero, uno de sus empleados respondió al ejecutivo de Paralife que a los reaseguradores no se le aplica la legislación de la lucha contra el lavado de dinero y financiación antiterrorista porque no se considera capital riesgoso. Al final, Rolf Hueppi manifestó que, debido a que Paralife Re no está regulada ni supervisada, financiará sus operaciones en Colombia desde una compañía holding en Suiza. Según documentos de la Cámara de Comercio, las averiguaciones del crédito para crear la subsidiaria en Colombia se dieron dos años después de que se constituyera en el país. Paralife Colombia no quiso referirse al tema.
Pascal Saint-Amans, director del Centro de Políticas Fiscales y Administración de la OCDE, explica que este tipo de interpréstamos pueden ocultar un mecanismo de evasión. “Tienes una olla de dinero en una jurisdicción con impuesto cero, que le presta dinero a sus subsidiarias o filiales en países con impuestos altos. Esa es una forma de repatriar los intereses que serán deducibles de impuestos, pues sale como un gasto y permite reducir tributos, ya que ingresa a los paraísos fiscales como ganancia libre de impuestos” , explicó el experto Saint-Amans al diario alemán Süddeutsche Zeitung, que hizo parte de esta investigación global.
Por cuenta de estos abusos, el gobierno Santos incluyó en 2012 una norma en la reforma tributaria para poner límites. Al adquirir un préstamo altísimo, una empresa podía simular una deuda y reducir el pago de impuestos, ya que su dinero se iba al pago de intereses. Desde hace cinco años, esos créditos no pueden ser tres veces más que el patrimonio líquido. Gracias a la misma reforma, la DIAN revisa operaciones para evitar que se estén simulando acciones. Podría revisarse si las reaseguradoras se están usando para lo que se constituyeron, porque ni siquiera las autoridades y expertos se ponen de acuerdo en cómo definirlas. Las consideran parqueaderos de dinero o herramientas de financiación.
En conclusión, apenas comienza el debate en torno a un negocio al que sólo poderosos empresarios privados o mixtos tienen acceso y del que hay más dudas que certezas. Con el paso del tiempo, las pesquisas de la DIAN confirmarán si en Colombia se están dando usos irregulares a estos esquemas, como parece ser el criterio generalizado entre expertos financieros o investigadores judiciales. Y aunque la entidad oficial ya intercambia información con Bermudas desde este año, los reportes apenas corresponden a los movimientos del año 2016. Es decir, que el pasado y el origen de las reaseguradoras cautivas de muchos colombianos, siguen siendo un secreto que ahora el periodismo quiere ayudar a develar.
Las reaseguradoras cautivas de privados
Emerald Re
Su matriz es el Grupo Ethuus y fue creada el 30 de noviembre de 2009. En la junta directiva aparecen el contratista William Vélez Sierra como presidente y su hija Sandra María Vélez Mesa como vicepresidenta. La compañía aseguró que no conformó su reaseguradora en Colombia porque es más eficiente financieramente hacerlo desde el exterior. Se negó a dar información detallada de la junta directiva y de sus movimientos y actividades financieras.
Jade Re
Su matriz es Dellwood Comercial Corp, con domicilio en Panamá. Según la Cámara de Comercio de Bogotá, es la principal accionista de la firma de microcrédito Centro de Servicios Crediticios. Fue creada en septiembre de 2012. En su junta directiva figura Margarhedt Jhoana Varón Quimbayo, quien asegura que renunció a la junta directiva por motivos personales y familiares. “Hasta el tiempo en el que estuve la sociedad no ha sido reportada ante la DIAN porque no tiene ninguna operación que le requiera hacerlo. Sus negocios se basan en jurisdicciones extranjeras”, agregó.
Colmena Re Limited
Su matriz es el grupo de la Fundación Social. Fue incorporada en la isla Bermudas el 16 de abril de 2014. Juan Carlos Gómez, vicepresidente empresarial y de cultura de la fundación, sostuvo que la compañía no inició operaciones porque recibió en Bermudas una licencia para una categoría que no fue solicitada. El proceso de constitución se suspendió y “sólo se reanudaría más adelante si se logra el marco que se buscó desde el comienzo”. En consecuencia, agregó Colmena Re, “no posee capital alguno y no ha entrado nunca en operación”.
Shalten Re
Su matriz es la firma Express del Futuro S. A., operador del sistema Transmilenio y SITP en Bogotá. Aparece registrada el 31 de diciembre de 2012 en Bermudas. En la junta directiva están Carlos Alcides Quiroga, accionista de Express del Futuro, quien no atendió la solicitud de información, y Andrés Jaramillo Botero, quien fue su gerente hasta noviembre de 2015, y aseguró que no le corresponde dar información. Según Paradise Papers, ambos ejecutivos visitaron las oficinas de Appleby en Bermudas en abril de 2015, donde Jaramillo propuso crear compañías para asegurar el “crecimiento” del consorcio.
Jersey Re
Su matriz es Inversiones Alsacia, de los hermanos Carlos Mario y Francisco Javier Ríos Velilla. La empresa fue incorporada el 4 de mayo de 2009. Sus responsables afirman que se conformó para “diversas licitaciones de Protransporte de la Alcaldía de Lima (Perú) y que hoy está en proceso de liquidación, ya que esos negocios en la región no se llevaron a cabo con éxito. “Jersey Re cumplió debidamente con todas sus obligaciones tributarias, societarias y regulatorias tanto en Colombia como en el extranjero”, agregaron los voceros de la firma.