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El nuevo lío entre Colombia y Nicaragua: la reserva de biósfera que creó Daniel Ortega

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El gobierno colombiano presentó una nota de protesta frente a la ley aprobada recientemente por la Asamblea Nacional nicaragüense, mediante la cual se establece unilateralmente la llamada “Reserva de Biósfera del Caribe nicaragüense”. ¿Por qué?

El gobierno de Nicaragua, en cabeza de Daniel Ortega, sigue desconociendo las normas internacionales. El pasado 28 de enero, la Asamblea Nacional de ese país aprobó la creación de la “Reserva de Biosfera del Caribe Nicaragüense”, ubicada frente a la costa este del país centroamericano. Este martes 16 de febrero, el gobierno colombiano protestó por este hecho. ¿Cuál es el problema?

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La reserva

Nicaragua creó la “reserva de biosfera” en el caribe de ese país, a petición del presidente Daniel Ortega, el pasado 28 de enero. Esta reserva es, por mucho, la más extensa del territorio, ya que con sus 44.157 kilómetros cuadrados supera a Bosawás (norte, 21.815 kilómetros cuadrados), Sureste de Nicaragua (sureste, 7.677 kilómetros cuadrados) y Ometepe (sur, 500 kilómetros cuadrados). En el área alcanzarían países como Bélgica, Dinamarca, o Suiza.

Dicha reserva se encuentra al oeste de la reserva de biosfera Seaflower de Colombia, que sí fue declarada como tal por la UNESCO en 2000, cuando una extensa área del mar Caribe nicaragüense era administrada por Bogotá.

La protesta de Colombia

Este martes, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia presentó ante Nicaragua su enérgica protesta frente a la ley que crea la llamada “Reserva de Biósfera del Caribe nicaragüense”.

Colombia resalta que esta medida de Nicaragua no cumple con los requisitos y procedimientos internacionales para el reconocimiento de áreas y lugares de especial interés y protección ambiental. “Es una decisión unilateral de Nicaragua que desconoce la existencia y logros en términos de protección ambiental de la Reserva de Biósfera Seaflower, declarada como tal desde el año 2000 por la UNESCO”, señala la Cancillería.

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En su nota de protesta, Colombia rechaza que, bajo el pretexto de una medida de protección ambiental y en contravía del derecho internacional, Nicaragua incluya y califique porciones del mar Caribe como si fueran parte de su territorio.

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“La declaratoria representa un intento más por parte de Nicaragua de generar hechos ante la Corte Internacional de Justicia, con el objetivo de aparentar cumplimiento y respeto por las normas sobre derechos humanos y medio ambiente, pese a que ya es de amplio conocimiento por la comunidad internacional que las autoridades nicaragüenses son infractoras sistemáticas en estas materias”, señala la Cancillería en un comunicado.

El debate

En efecto el título de biósfera no fue otorgado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), como suele ocurrir, sino que se trata de un nombre concedido por la Asamblea Nacional, de mayoría sandinista, a petición del presidente Daniel Ortega “con carácter de urgencia”.

El ambientalista Amaru Ruiz, director de la Fundación del Río, se mostró preocupado por la decisión de Nicaragua, debido a los antecedentes del Gobierno de Ortega con las reservas naturales.

“Si tomamos en cuenta el manejo de las reservas de biosfera que ya existían en Nicaragua, donde hay negligencia, deforestación, degradación, no hay voluntad política para interceder, con esos antecedentes, que es una iniciativa de urgencia, que no se mostraron estudios de ningún tipo, y que este Gobierno no hace una cosa sin tener amarrada otra, existen preocupaciones”, dijo a Efe, Ruiz.

La nueva reserva tiene como zona núcleo el mar que rodea a los Cayos Miskitos, que pertenecen a la Región Autónoma Caribe Norte (RACN), y las que hay alrededor del Archipiélago de San Andrés, que pertenece a Colombia.

Los puntos polémicos

El Ministerio de Relaciones Exteriores aclara que esta decisión de Nicaragua es una medida interna de dicho país que no es oponible a terceros Estados como Colombia. Pero reitera que, “no ahorrará esfuerzo alguno en la defensa ante instancias internacionales de los más altos intereses de la Nación, incluidos los derechos de los colombianos, entre ellos los de la población Raizal y de todos los habitantes del Archipiélago”.

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También señala que está lista para “adelantar un diálogo abierto con los Estados del Caribe suroccidental en aras de continuar adoptando los mejores estándares de protección y conservación de los espacios marítimos y los recursos de la Reserva de Biósfera Seaflower establecida en el marco de la UNESCO”.

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