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El 16 de septiembre de 2013 comenzó un nuevo pleito entre Colombia y Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. En esta oportunidad, Nicaragua le pidió a la Corte que le reconozca derechos de exploración y explotación dentro de la plataforma continental colombiana. En marzo de 2016, la Corte se declaró competente en este caso y por eso tendrá que decidir si ese país centroamericano tiene derecho a una delimitación de su plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas.
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Para dimensionar los riesgos de esta nueva demanda aclaremos dos premisas. Una, que todos los estados con costas tienen derechos sobre los recursos de la plataforma continental (petróleo, gas y otros) como mínimo en una extensión de 200 millas náuticas (mn). La segunda, que los estados pueden pedir más, pero para ello deberán demostrar que las áreas más allá de las 200 mn les pertenecen por ser la continuación ininterrumpida de su margen continental.
Nicaragua ha planteado un caso de delimitación más allá de las 200 mn. El litigio puede ser entre las costas continentales de los dos estados o entre la plataforma continental extendida nicaragüense y la proyección oriental de las islas colombianas, más allá de la línea punteada amarilla (ver gráfica).
Lo que busca Nicaragua es quitarle a Colombia una parte del mínimo de plataforma continental que le reconoce el derecho internacional. La dificultad de los nicaragüenses está en la geografía. Sin embargo, ese país no podrá quitarle nada a Colombia si se limita a alegar derechos dentro de las 200 millas náuticas. Por eso, la tesis de Managua es que sus derechos sobre la plataforma continental se extienden más allá de las 200 mn, incluso dentro de nuestras 200 básicas, ya sea las de nuestras islas o las de la costa de Cartagena.
El gobierno de Daniel Ortega argumentó que su plataforma fue mal definida y que tiene pruebas para demostrarlo.
De cara al nuevo pleito internacional, lo primero que deben conocer los colombianos es que nuestro caso se parece y mucho al que enfrenta a China y Japón en el mar de China Oriental. En esta caso, China defiende el argumento de Nicaragua y Japón el de Colombia.
Aunque la delimitación marítima pendiente entre China y Japón es uno de los asuntos más candentes del derecho internacional, los estudios concluyen que todavía no es posible darle la razón a ninguno. Ante la ausencia de casos parecidos ya resueltos, el derecho se encuentra en un estado de profunda indeterminación. Por esta razón, desde la Universidad de Yale, la profesora Tara Davenport ha escrito que este tipo de controversias no deberían resolverse ante cortes internacionales.
Los riesgos para Colombia
Ahí es donde las cosas podrían complicarse para el país. El primer riesgo es que este caso puede convertir a Colombia en un ratón de laboratorio de La Haya.Por un lado, China y Nicaragua invocan una prolongación natural ininterrumpida que sobrepasa las 200 mn básicas hasta adentrarse en las 200 mn de Japón y Colombia. Además alegan que su derecho es mejor que el de Japón y el de Colombia. Para poder decir esto, alegan que el mínimo al que tienen derecho Japón y Colombia no puede implicar una privación de lo que la naturaleza les ha otorgado.
Por su parte, Japón y Colombia alegan que su derecho a 200 mn de plataforma continental se basa en un criterio independiente al de prolongación natural y que se trata de un criterio superior. Sostienen además que la delimitación que proponen China y Nicaragua es imposible. Esto se debe a que dentro las 200 mn los estados también tienen derechos exclusivos sobre el agua marina arriba de la plataforma continental.
A esa zona de agua se la conoce como la zona económica exclusiva (ZEE). La delimitación propuesta por China y Nicaragua no sería posible porque la misma Corte de La Haya dijo en 1985 (Libia/Malta) que no puede haber una ZEE sin plataforma continental, precisamente lo que Nicaragua quiere hacerle a Colombia: que una parte de su ZEE se quede sin plataforma continental.
Este resultado asusta porque implica que, al tiempo que protegemos las aguas de nuestra Reserva de Biosfera Sea Flower, Nicaragua podría tener plataformas petroleras perforando la plataforma continental.
Más allá del empate técnico, existen por lo menos dos riesgos adicionales.
Primero, Colombia no tiene nada para ganar. Para ser más exactos, sólo existen dos instancias en las que el país no pierde: una, si Nicaragua no logra probar que tiene derechos extendidos, y segunda, si la Corte decide que el derecho no permite hacer lo que Nicaragua le pide. El problema es que la Corte ya se ha animado a realizar ejercicios de delimitación que parecían imposibles. Por ejemplo, en el caso del golfo de Maine, con una misma línea de delimitación dividió la plataforma continental (tierra) y las áreas de pesca (tierra).
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Segundo, Nicaragua ha tenido varios años para prepararse para la respuesta del Estado colombiano. El actual reclamo nicaragüense fue presentado el 18 de septiembre de 2009 y Colombia lo respondió por primera vez el 18 de junio de 2010. La pregunta entonces es qué tanto innovaron los abogados colombianos. Lo que es claro es que el derecho internacional reclama una respuesta a los problemas jurídicos en el mar de China Oriental y el litigio entre Nicaragua y Colombia representa una oportunidad histórica para aclarar varios interrogantes.
El Gobierno colombiano ya anunció que presentará sus argumentos técnicos, geográficos y jurídicos para garantizar las 200 millas de plataforma que le corresponden a San Andrés y Providencia. La defensa (amparada en razones de soberanía, historia, técnicas y jurídicas) fue expuesta ante la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores la semana pasada.
Así las cosas, el caso de la plataforma continental se presenta ante los colombianos como altamente complejo, pero sobre todo incierto e impredecible. Más allá de la respuesta que el Gobierno debe presentar, la propuesta de quien escribe es que este caso debe buscar resolverse de otra forma, tal vez a través de la negociación directa, como ocurre en el mar de China Oriental, pero, en todo caso, lejos, muy lejos de la Corte.
* Profesor de derecho internacional U. del Rosario.