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La gestión de la pandemia de Covid-19 ha estado envuelta en una gran polémica alrededor del mundo. No ha habido gobierno, organismo internacional, dirigente político, farmacéutica o experto involucrado en esa faena que se haya salvado de críticas debido a los errores cometidos, por acción u omisión, faltas graves en algunos casos y comprensibles en otros, a la luz de los complejos retos que ha representado el combate al virus.
El caso de Venezuela, sin embargo, escapa a toda capacidad de asombro. En momentos en que la pandemia arrecia, dejando su estela de enfermos, muertos, depresión económica y una notoria desesperación de la población ante la ausencia de un plan masivo de vacunación, Nicolás Maduro ha tenido el tupé de rechazar millones de vacunas producidas por el laboratorio AstraZeneca y la Universidad de Oxford. Eso sí, ha hecho gala de este valiente ejercicio de soberanía después de haberse inmunizado él mismo entre los primeros, junto a su esposa Cilia Flores –la “primera combatiente” en el argot oficial- y la élite gobernante. Así cualquiera.
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Será difícil encontrar sobre la de la tierra algún Estado donde los gobernantes estén haciendo un uso político tan descarado del ansiado proceso de inmunización. Primero, Maduro argumentó que las sanciones internacionales que padece su gobierno le impedían adquirir las vacunas a través del sistema Covax de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Esta protesta dio pie a que la oposición venezolana, a través del gobierno interino que preside Juan Guaidó, que controla algunos de los activos venezolanos en el exterior, moviera fichas y ofreciese aportar los recursos para que al país llegasen no solo las vacunas sino también los equipos necesarios para mantener la cadena de frío.
Sorprendentemente, este movimiento permitió que se produjera la primera acción de colaboración entre gobierno y oposición en el complicado clima político venezolano: se instaló una mesa técnica con representantes de ambas partes, acompañados por la OPS, académicos y expertos sanitarios, para estudiar y acordar los términos. Y con asombro, aunque en el marco de una gran discreción de los dos lados, vimos cómo salía humo blanco. No pocos vieron en esta experiencia el camino de futuros encuentros para buscar salidas a la crisis de Venezuela.
Pero la alegría duró poco. Cuando la OPS anunció que tenía listas las primeras dos millones de dosis para entregar en abril, la vicepresidente Daisy Rodríguez -¿la segunda combatiente?- y el propio Maduro anunciaron que no aceptarían la vacuna de AstraZeneca que el organismo sanitario panamericano había destinado para Venezuela debido a su disponibilidad en el mercado internacional, el precio –el más bajo- y las condiciones de refrigeración más sencillas de este producto. Todos estos argumentos, de gran peso técnico, tomaban en cuenta la poca capacidad de pago y los grandes problemas de infraestructura médica y de suministro de energía eléctrica que tiene Venezuela.
Amparándose en los pocos casos de trombosis que han llevado a algunos países europeos a restringir la aplicación de esta vacuna solo a algunos grupos etarios, los jerarcas venezolanos salieron lanza en ristre a declarar que no aceptarían la vacuna anglo-sueca propuesta por OPS-Covax y autorizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), aduciendo demagógicamente que no permitirían un medicamento que afectase al pueblo venezolano.
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Una mera excusa para dar al traste con el acuerdo alcanzado con la oposición, pues al contrario que Europa y Estados Unidos donde fácilmente pueden sustituir una vacuna por otra, Venezuela apenas ha recibido hasta el momento 700.000 dosis, entre rusas y chinas, y es palpable la angustia de la población por la falta de perspectivas de un plan masivo y organizado de inoculación. Maduro anuncio, tranquilazo, que esperaría a las vacunas cubanas Abdala y Soberana 2, aún en fase 3 de experimentación y que no estarán disponibles antes de julio en el mejor de los casos.
La profesora de la Universidad Simón Bolívar (USB), Colette Capriles, condensó magistralmente esta situación en un tuit: “Está la plata, está el mecanismo, está la voluntad internacional. Falta la humanidad de los que, ya vacunados, cebados y tranquilos, son indiferentes a la vida y muerte de los venezolanos”, trinó.
La intención de las autoridades venezolanas de romper el acuerdo y la falacia de que no podían adquirir las vacunas por las sanciones internacionales se develó pocos días después tras el sorpresivo anuncio, nuevamente a cargo de la vicepresidente Rodríguez, de que el gobierno de Maduro había pagado parte de la cuota pendiente con Covax para acceder al mecanismo. Resulta que sí tenían recursos y no hubo bloqueo capaz de impedir que se hiciera la transacción.
En un primer adelanto de su intención de instrumentalizar y politizar el tema de las vacunas, Maduro no tuvo vergüenza alguna en anunciar a comienzos de año que los seguidores de su movimiento Somos Venezuela tendrían preferencia a la hora de la vacunación, una declaración, por cierto, que hubiera obligado a renunciar a cualquier mandatario de un país medianamente democrático y que, sin mayores problemas, debe pasar a engrosar el expediente de crímenes de lesa humanidad que pesa sobre él en el Tribunal Internacional de Justicia.
La irresponsabilidad en el abordaje de la pandemia lo llevó a anunciar y a poner en venta en las farmacias del país, en el mejor estilo de un malintencionado charlatán, unas “gotitas milagroas de José Gregorio Hernández” para tratar el Covid-19 que llevan por nombre Carvativir, sin que haya evidencia científica de que sea útil para la cura de la enfermedad. De hecho, el presidente de la Academia Nacional de Medicina, Enrique López Loyo, zanjó la polémica que se suscitó enseguida afirmando que se trata de “un compuesto vegetal a base de isotimol que hace 30 o 40 años fue usado como enjuague bucal, como antiséptico local, en algunos casos tuvo un uso dermatológico, bactericida, pero no se le conoce un uso antiviral real en un trabajo serio de investigación”.
Las funestas consecuencias del inepto comportamiento de las autoridades venezolanas para enfrentar la pandemia que azota al mundo pueden resumirse en el vergonzoso primer lugar que ostenta Venezuela como el país donde ha muerto más personal sanitario. La organización Médicos Unidos de Venezuela lleva contabilizados hasta la fecha, con nombre y apellido, 341 médicos, 93 enfermeras y 51trabajadores de la salud fallecidos. Unas alarmantes cifras, por cierto, que no se compaginan con las sospechosamente bajas estadísticas sobre el Covid-19 que presenta el régimen.
El escritor venezolano Francisco Suniaga, autor de La otra isla y El pasajero de Truman, resumió con sorna en otro tuit su opinión sobre el gobierno venezolano tras esta serie de acontecimientos: “Confieso que he estado equivocado en cuanto al modelo que sigue la revolución chavista. Siempre creí que era la Cuba comunista de Fidel y Raúl, pero no es así. Vistas sus últimas acciones, es obvio que la inspiración proviene del Khmer Rouge camboyano”.
Investigador del proyecto “Esto no es una frontera, esto es un río” del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario en colaboración con Diálogo Ciudadano y con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer.