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La Cámara de Diputados de Brasil votará este miércoles si archiva o da luz verde a la denuncia de corrupción pasiva contra el presidente Michel Temer.
¿De dónde viene y hacia dónde va este proceso que podría costarle su mandato?
El 26 de junio, el procurador general, Rodrigo Janot, denunció a Temer por recibir un soborno de 500.000 reales (unos 150.000 dólares) de JBS, la mayor procesadora de carne del mundo.
La denuncia llegó al juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin, encargado de las causas de funcionarios federales con fueros englobadas en la Operación Lava Jato, que comenzó en la estatal Petrobras.
Fachin pidió entonces autorización a la Cámara de Diputados para analizar el caso, ya que éste es el único órgano que puede autorizar la instauración de un juicio penal contra un presidente en ejercicio.
En la Cámara de Diputados, la denuncia pasó primero por la Comisión de Constitución, Justicia y Ciudadanía (CCJ), de 66 miembros, que al cabo de varias sesiones de debates emitió un parecer favorable a que la denuncia sea archivada.
Ese parecer debe ser discutido y votado el miércoles por el plenario de 513 diputados, si es que se consigue el quorum mínimo de votación de 342 (dos tercios de los escaños).
Para que la denuncia siga su curso, es necesario que ésta obtenga el apoyo también de 342 diputados. De lo contrario, será archivada.
La votación será nominal y cada legislador será llamado por su nombre.
Ausencias y abstenciones juegan en favor del oficialismo, una vez alcanzado el quorum de votación.
En caso de que llegue a la suprema corte, la denuncia será tratada por el plenario de 11 jueces, que definirán si abren un juicio o si la descartan.
En caso de que se pronuncien a favor de un juicio, Temer será suspendido de su cargo por un máximo de 180 días.
Durante una eventual suspensión de Temer, el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, asumiría la presidencia.
Si fuera hallado inocente, Temer retomaría su mandato.
Pero si es declarado culpable, perdería definitivamente su cargo y el Congreso debería elegir a su sucesor 30 días después, para completar el mandato hasta fines de 2018.
Sería la segunda sucesión desde mayo de 2016, cuando Temer, vicepresidente de la izquierdista Dilma Rousseff, la reemplazó por el "impeachment" en el Congreso que la acabó destituyendo por manipular las cuentas públicas.