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Un grupo de militares y de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) ingresaron este domingo al salón de sesiones de la Asamblea Legislativa de El Salvador, donde el presidente Nayib Bukele convocó a una sesión extraordinaria para discutir un polémico préstamo para financiar un plan de seguridad contra las pandillas.
Los militares y policías siguieron las órdenes del presidente, quien hace días pidió a los diputados que realizaran una sesión extraordinaria para aprobar los fondos por 109 millones de dólares otorgados por el Banco Centroamericano de la Integración Económica (BCIE). El problema es que el mandatario no cuenta con el apoyo del Congreso, por lo que decidió recurrir a la fuerza.
"Vamos a dar inicio a esta sesión plenaria extraordinaria tal como lo establece el artículo 167 de la Constitución", señaló el mandatario, quien se ubicó en la silla que le corresponde al presidente del Congreso, Mario Ponce, que no se hizo presente a la convocatoria.
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La discordía se dio unos meses antes, a finales de 2019, cuando el Gobierno salvadoreño presentó la solicitud de préstamo a la Asamblea Legislativa por 109 millones de dólares para el financiamiento de la 3ª fase del Plan de Control Territorial, que no ha sido aprobado al no haberse logrado el consenso de la mayoría calificada necesaria para su aprobación.
De hecho, algunos parlamentarios se han planteado preguntas y requerido explicaciones sobre este préstamo y la forma en qué se gastará el dinero, lo que provocó la ira de Bukele, que el viernes ordenó a la policía y a los militares entrar a la sede del Congreso para presionar por la aprobación del plan. Una situación que se agravó este domingo con el ingreso de los militares al Congreso.
"Se está generando un precedente negativo de ruptura al orden constitucional por parte del Órgano Ejecutivo, así como una vulneración del sistema de división de poderes", trinó en su cuenta de Twitter la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Funades), una ONG salvadoreña.
Las imágenes de los soldados en la sede del PArlamento han circulado ampliamente en las redes sociales y han llamado la atención de varias organizaciones internacionales, que temen que la situación escale y derive en actos violentos o coercitivos.
— Jason Emert (@JasonEmert) February 9, 2020
El director de HRW para las Américas, José Miguel Vivanco, denunció los hechos y preguntó al mandatario salvadoreño sobre cuál era su concepto de democracia.
Por su parte, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), un prominente centro de estudios de Estados Unidos, manifestó que "las disputas políticas entre el presidente de El Salvador y el Parlamento no deben resolverse a través de la coerción".
Tensión desde el viernes
Desde el viernes el presidente Bukele convocó a los ciudadanos a presentarse hoy a la sede de la Asamblea Legislativa para presionar y exigir la aprobación de dicho préstamo, que no ha sido avalado porque integrantes de la Comisión de Hacienda aseguran que el Ejecutivo no ha explicado con detalle en qué será ejecutado el dinero.Para Bukele el crédito es clave, pues lo necesita para avanzar en el plan del gobierno contra las temidas pandillas, responsables de gran parte de la violencia en El Salvador, uno de los países sin guerra más violentos del mundo, con un promedio anual de 35,6 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2019.
El mandatario se amparó en el artículo 167 de la Constitución para hacer el llamado urgente al Congreso, pero el mismo viernes la Asamblea respondió que la convocatoria era "improcedente" porque el mencionado artículo solo prevé llamar a sesión extraordinaria en casos de emergencia nacional.
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Sin embargo, organizaciones como Funades denunciaron que la medida tomada por Bukele es "inconstitucional".
"La convocatoria realizada por el Consejo de Ministros es jurídicamente improcedente por no existir la situación extraordinaria que la Constitución exige para dicha convocatoria. Dicha disposición se plasmó para responder a situaciones en que la Asamblea Legislativa entrará en períodos de vacaciones, y en casos de calamidad general y catástrofe. Ninguno de los dos supuestos se cumplen y, por ello, la convocatoria es inconstitucional", afirmó Funades a través de un comunicado en su cuenta de Twitter.
En respuesta, Bukele apeló al derecho constitucional a la insurrección para reclamar a los parlamentarios por desatender la orden del consejo de ministros e hizo un llamamiento a manifestarse el domingo frente a la sede legislativa para demandar la aprobación del préstamo. También ordenó el repliegue de los agentes que brindan seguridad a los diputados.
La noche del viernes, el titular del Ministerio de Defensa, René Merino, reiteró el apoyo de la Fuerza Armada al presidente y afirmó que la institución castrense "cumplirá la ley, aún a costa de nuestras vidas".
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"Estamos esperando órdenes de nuestro comandante general y estamos dispuestos a defender nuestra patria aún a costa de nuestras vidas", dijo Merino durante una conferencia de prensa.
Por su parte, el ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, señaló que la Policía Nacional Civil "espera instrucciones del presidente ante la negativa de los diputados de asistir a la convocatoria constitucional del Consejo de Ministros".
Ante las amenazas desde el Ejecutivo, los partidos opositores de izquierda y derecha pidieron la intervención de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la ONU.
Bukele, que se instaló en el poder en junio de 2019, gobierna en desventaja en la Asamblea.