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Un muerto y dos heridos, uno de ellos grave, por disparos de agentes policiales fue el saldo de un confuso incidente registrado este miércoles en el noroeste Nicaragua, el cual familiares y un organismo humanitario relacionan con las protestas antigubernamentales.
La policía informó en un comunicado que en la madrugada del miércoles durante la ejecución de una orden de allanamiento para la captura del "delincuente" Bryan Murillo los agentes fueron atacados por éste y otros dos sujetos.
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"Ante el inminente peligro de sus vidas, en legítima defensa, un miembro de la patrulla haciendo uso de su arma de reglamento, respondió a la agresión" en la que Murillo murió.
En el incidente además resultaron con heridas por disparos, el hermano de la víctima, Kenner Murillo, y su tío Javier Cortéz, según la información.
La versión oficial fue desmentida en declaraciones a la prensa local por familiares de los afectados quienes aseguraron que los policías llegaron de madrugada a la vivienda disparando en la oscuridad.
¿Qué pasó?
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó en su cuenta de la red Twitter que "tomó conocimiento de la muerte de Bryan Murillo López y las heridas ocasionadas por arma de fuego a su hermano Kenner y Javier Cortez Castillo en León" y que "sus familiares denuncian que la casa fue atacada en la madrugada por la Policía Nacional de Nicaragua".Instó, además, al Estado de Nicaragua a "realizar una investigación seria y profunda" del crimen ante la existencia de diferentes versiones de lo ocurrido.
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Marina López, madre del fallecido, dijo que "fue un asesinato atroz" y negó que sus hijos sean delincuentes.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) emitió un comunicado condenando el hecho y denunció que fue "un acto de barbarie" en el que agentes con armas de alto calibre dieron muerte a un ciudadano.
El uso de "fusiles de guerra AK-47, no son de uso reglamentario de la Policía Nacional" y contradice la versión oficial de los hechos, sostuvo el CENIDH.
Según las investigaciones del CENIDH, se desconoce el motivo del operativo policial.
Sin embargo, testigos afirmaron que la familia de las víctimas es reconocidamente opositora al gobierno y que los hermanos Murillo participaron activamente en las nutridas protestas antigubernamentales que estallaron en abril del 2018, primero contra una reforma a la seguridad social pero que luego derivaron en la exigencia de renuncia del presidente Daniel Orteg.a
Organismos de derechos humanos estiman que producto de la represión a las protestas hubo desde entonces 325 muertos, 2.000 heridos y 62.500 exiliados.
Amnistía Internacional: "Represión letal continúa"
Amnistía Internacional (AI) aseguró este miércoles que "la represión letal continúa" en Nicaragua, país que se encuentra inmerso en una grave crisis sociopolítica desde abril del año pasado que ha dejado cientos de muertos.En una declaración enviada a Efe, AI señaló que un operativo policial ocurrido la madrugada de este miércoles, en el que murió el joven Bryan Murillo López, a consecuencia de los disparos efectuados por agentes del orden, "apunta a que la represión letal continúa" en el país centroamericano.
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Para AI, la información analizada hasta el momento indicaría que la Policía estaba realizando un operativo ilegal durante el cual hizo uso de armamento militar.
Además, observó que las víctimas, que se encontraban desarmadas en el momento de los hechos, pertenecen a una familia abiertamente opositora al Gobierno de Ortega "en un contexto de sostenida violencia política contra quienes disienten del" Ejecutivo.
"La muerte del joven Bryan Murillo López, así como las graves lesiones contra Kener Murillo López y Javier Cortez, demuestran una vez más la brutalidad del Gobierno de Daniel Ortega. Las circunstancias del operativo, así como el perfil de las víctimas, apuntan a que podría tratarse de un nuevo hecho de represión letal contra la disidencia", afirmó Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI.
Desde abril de 2018, Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 326 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 595 y el Gobierno reconoce 200 y denuncia un supuesto intento de golpe de Estado.
Según el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), adscrito a la CIDH, el mayor responsable de la violencia es el Gobierno de Ortega, a quien responsabilizan de cometer incluso crímenes "de lesa humanidad" en medio de la crisis.