"El tiempo va en contra de Ortega": Carlos Fernando Chamorro

Carlos Fernando Chamorro, periodista y director del diario Confidencial de Nicaragua. / Daniel Salgar / Agencia Anadolu

Por estos días en Nicaragua, en la mayoría de medios de comunicación aparecen las protestas, las barricadas en las calles de varias ciudades, la policía antimotines y las camionetas Hilux cargando civiles armados con fusiles. También los muertos y sus familias son noticia cotidiana. Hay un cubrimiento extenso que muestra que el Estado es el que arremete contra la población civil, y que alerta sobre la crisis de derechos humanos que viven los nicaragüenses. Y también están, en minoría, los canales oficiales: discursos de paz y amor, mensajes de reconciliación, eventos de apoyo al presidente Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, una narrativa en la que el Estado es la víctima y en las calles están los victimarios.

Hay periodistas de medios no oficiales de Nicaragua y de agencias internacionales que han sido agredidos por policías o por fuerzas parapoliciales mientras cubrían las protestas, y les han robado sus equipos. Tampoco les ha sido fácil movilizarse, porque los bloqueos en las vías son casi una constante. Aún así muchos siguen haciendo su trabajo y no ceden ante la intimidación. Además, la ciudadanía a través de las redes sociales se ha convertido en un aliado clave de los medios y hasta ha actuado en el terreno para proteger a los reporteros. Esto hace que Ortega hoy se vea desconectado, su versión no se ajusta a la información que les llega a los nicaragüenses todos los días.

Carlos Fernando Chamorro, director del diario Confidencial, es uno de los periodistas más reconocidos de Nicaragua. Después de tomarse unos minutos para saludar a dos colegas del canal 100% Noticias recién agredidos por paramilitares, se sentó en su oficina junto al retrato de su padre, Pedro Joaquín Chamorro, el esposo de la expresidenta Violeta Barrios, para hablar sobre el trabajo periodístico en medio de la crisis sociopolítica que vive el país. En las protestas fuertemente reprimidas desde el 18 de abril ya han muerto más de 300 personas.

-¿Cómo les ha ido a los medios de comunicación con el cubrimiento de las protestas?

Nuestro equipo estuvo en Masaya, donde las autoridades se tomaron la ciudad el 19 de junio. Se organizó un acceso a la ciudad con apoyo de organizaciones de DDHH y de la gente, para que la prensa pudiera entrar con condiciones de seguridad. Luego, el acceso a Masaya se hizo imposible por la situación militar, que es irregular por la naturaleza de las fuerzas paramilitares que no respetan ni siquiera las reglas de la guerra. Esa fue como la tercera vez que agredieron a periodistas, los asaltaron, los tiraron al suelo, les apuntaron con fusiles y les robaron los equipos y las identificaciones.

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Desde el primer día de protestas, el 18 de abril, hubo agresiones contra periodistas de medios nacionales e internacionales. Todo se documentó y estuvo en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que fue presentado ante el Consejo Permanente de la OEA. Ha ocurrido un fenómeno: el pueblo está levantado y comparte información por las redes sociales, que tiene que pasar por una curaduría de medios profesionales para distinguir lo verdadero y lo falso. Al mismo tiempo, la gente tiene un sentido de identificación y solidaridad con la prensa independiente.

-¿Este tipo de ataques a la prensa son nuevos?

Ortega asumió la presidencia el 10 de enero 2007 e hizo una promesa de respeto irrestricto a la libertad de prensa y de corrupción cero bajo su gobierno. En el quinto mes, un reportaje de TV sobre un caso de corrupción produjo las primeras reacciones virulentas contra la prensa. En ese momento fueron campañas de difamación a través de medios oficiales. Eso fue a mitad del 2007, año en el que también hubo intimidación y agresiones contra reporteros.

En 2008 se produjo una investigación a través del Ministerio de Gobernación y del Ministerio Público contra el Centro de Investigación de la Comunicación (Cinco), una ONG de la que soy presidente. Nos acusaron de lavado de dinero, levantaron el sigilo bancario y eso culminó en un acto de fuerza de la Fiscalía y la Policía. Derribaron la puerta, se tomaron la oficina aproximadamente 25 policías y 10 fiscales. Se llevaron cerros de información contable, cinco computadoras y abrieron un proceso que nunca llevaron a los juzgados porque no tenían pruebas. Nos acusaban de triangular dinero, que era originado en donaciones de gobiernos de la Unión Europea.

-La explosión de la rebelión en Nicaragua parece un hecho súbito y sorpresivo, ¿qué causas y antecedentes se le pueden atribuir?

En 2007-2008 hubo elecciones, con un fraude que se selló con violencia, con uso de fuerzas paramilitares. Posteriormente se generó una gran crisis política, en la que el gobierno perdió legitimidad, fue objeto de sanciones internacionales de EEUU y la Unión Europea. Pero en el 2009 el gobierno logró sortear las sanciones económicas con la cooperación estatal venezolana, aunque esta se desvió a un presupuesto paralelo. Luego estructuró una alianza política y económica con los grandes empresarios de Nicaragua, que al final le devolvió legitimidad política a un régimen que había aplastado a la oposición y la sociedad civil.

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El régimen hizo de los empresarios su único interlocutor en toda la sociedad. Hizo esa alianza de cogobierno económico a costa de democracia y transparencia. Eso le dio cierta legitimidad a un régimen autoritario, impuso una estabilidad que generó resignación, aceptación, durante nueve años. Durante esos años hubo represión, incluso hubo muertos en el campo. Hubo grupos que se levantaron con armas por motivaciones políticas, por denuncias de fraudes electorales, porque eran ex contras, porque simplemente se declararon adversos al gobierno. Los mataron a todos, no hay un solo detenido o procesado de esos grupos armados. El ejército los declaró delincuentes y los mató, hablamos de aproximadamente 35 personas que cayeron en diferentes eventos.

Hubo también protestas del movimiento campesino contra el Canal Interoceánico, que por cierto nunca fue. Esas protestas fueron reprimidas con violencia, no hubo muertos pero sí heridos. También hubo movilizaciones por proyectos de minería, marchas de jóvenes en Managua en solidaridad con adultos mayores por temas de seguridad social, se acaban de cumplir cinco años de ese movimiento que se llama Ocupa INSS. En Managua tampoco hubo muertos, pero sí un sistema de cooptación y control de la represión. Además, hubo muchas movilizaciones de protesta por el colapso, la corrupción y la crisis del sistema electoral.

-¿Y qué ha cambiado ahora?

El 18 de abril yo estaba en la redacción y vi que varios reporteros iban a cubrir una protesta contra el decreto del INSS, donde hay estudiantes y adultos mayores. Creí que iba a pasar lo de las anteriores protestas: que los golpeaban, los sacaban del espacio público y se acababa la protesta. Pero en este caso, el nivel de impedimento de ir al espacio público era tal que la protesta era en un centro comercial, ¿en qué lugar del mundo la gente va a protestar a un centro comercial? Ahí se plantaron unas 200 personas, los vapulearon, los hirieron, les robaron las cámaras, pero resistieron. Eso duró cuatro horas, la gente empezó a solidarizarse. Esos jóvenes encendieron así la chispa de la rebelión, junto con otros eventos que pasaron ese mismo día en la Universidad de León. Al día siguiente estallaron las universidades públicas.

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Lo que nos sorprende es la dimensión de la explosión. Pero antes había muchos análisis, míos y de otros, en los que advertíamos que este no es un régimen sostenible a mediano plazo. Había problemas sectoriales, pero nadie preveía una explosión de dimensión nacional. Lo que la extiende y la generaliza es una represión demasiado brutal.

-Esa represión tan fuerte parece estar acorralando al propio presidente Ortega, tanto en los medios como en la mesa de negociación y frente a los organismos internacionales…

El 18 de abril no hubo muertos. Al día siguiente hubo tres, entre ellos un policía. Al día siguiente, nueve. Al cuarto había como otros ocho. Al quinto día ya eran casi veinte. Hay un efecto de desafío al poder que se generaliza, la gente empieza a atacar los centros de poder, a derribar los rótulos que rendían culto a la imagen de Ortega y los arboles de metal que el gobierno había puesto para decorar las calles.

Mucha gente le tenía odio. Pero aquí se reprodujo una maquinaria de propaganda que era cierta mimetización. Las personas en los canales oficiales siempre terminaban con una frase: “gracias a dios, al comandante y a la compañera”. ¿Lo creían de verdad? Más bien la gente tenía la esperanza de que le iban a dar algo. Los programas sociales del gobierno ni siquiera tuvieron impacto en la reducción de la pobreza o en mejorar las condiciones sociales, pero generaban unas expectativas formidables, generaron un respaldo y una imagen de que el gobierno estaba preocupado por la gente. Pero esto dese una perspectiva de anulación de derechos, con clientelismo y costos políticos muy grandes para la misma gente.

-Durante la última década hubo un silencio de empresarios frente a la política y se mantuvo la economía estable. Ahora ese silencio se rompió, ¿en qué están los empresarios?

No era un silencio total. Ellos cumplían con el requisito básico de decir que eran necesarias las elecciones libres, instituciones democráticas, etc. Pero no estaban dispuestos nunca a desafiar al gobierno por esos valores. Lo que les cuestioné todo el tiempo es que la transparencia no estaba en la agenda del diálogo económico con el gobierno. Que aquí había una corrupción desenfrenada y ellos no hacían ni decían nada en contra de eso. Eso nadie lo puede refutar. Se les cuestionó por una actitud de complacencia, de no contradecir la naturaleza autoritaria del régimen.

En esos 10 años el modelo se bautizó como de diálogo y consenso y se jactaban de que la mayoría de las leyes eran aprobadas por consenso, lo cual era cierto, pero también fue cierto que hubo varias discrepancias. Los empresarios reclamaron. Con la reforma al Instituto de Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) dijeron que se rompió el consenso y estaban en desacuerdo, ¿porqué no ocurrió lo que pasaba antes, que solucionaban de alguna manera y todo seguía funcionando? Por la matanza, cuando empiezan a ver los muertos, los empresarios admiten por la vía de los hechos que ese modelo de estar en la cama con el gobierno no tiene legitimidad, y que si no se distancian en ese momento, se pueden hundir con el régimen.

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Todo el mundo se sorprendió cuando el gobierno dijo que iba a derogar el decreto del INSS y llamó al Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), que había sido siempre su interlocutor, a dialogar, pero el Cosep dijo no y pidió incluir a otros sectores del país en el diálogo. Antes el diálogo era solo con ellos, pero ahora exigieron que sea inclusivo, que debía cesar la represión, y además convocaron a una marcha que fue la primera gran marcha multitudinaria, que no fue solo de los empresarios sino nacional.

-¿Cree que lo que hace Ortega en la mesa de diálogo es negociar su salida?

Parto de la premisa de que no se puede subestimar a Daniel Ortega, ha sido un sobreviviente de la política, un corredor de largo plazo, con una determinación para mantener el poder como pocos la tienen en América Latina. Tiene un olfato descomunal para entender los poderes fácticos y utilizar el poder.

Sin embargo, me sorprendió el 21 de abril, cuando dio la cara por primera vez. Pensé que iba a mostrar solidaridad con el dolor de la gente. No habló ni siquiera de un muerto. Ese no es el Ortega que yo imaginaba, con la capacidad de ser pragmático y moverse. Básicamente dijo que los estudiantes eran manipulados por grupos políticos y que en esos grupos había delincuentes. Lo que provocó fue una ira tan grande como la que su mujer había provocado dos noches antes, al decir que esos jóvenes eran unos vampiros chupa sangre, minúsculos. Cualquiera entiende que ella, megalómana y desconectada de la realidad, diga eso, pero de Ortega no se esperaba. Desde ese día en adelante simplemente se desató la represión.

-¿Qué salida le ve a esta crisis?

Hoy vemos una revolución pacífica, en la que no esperamos frentes guerrilleros como en 1979, sino una combinación de marchas, paros, huelgas, barricadas, presión internacional. Trato de pensar si la gente de la alianza opositora tiene o no la determinación de acelerar al máximo el proceso. Ortega no dejará el poder si no es colocado al borde de la salida. No se va a ir, lo tienen que sacar. Eso lo tienen que entender bien los que están dialogando con él.

Hoy Ortega apuesta a que por la vía de la represión y recuperación del orden en el territorio va a llegar en condiciones más favorables a la negociación, en la que trataría de empatar la crisis y decir que lo que hay es una guerra civil y no una agresión del Estado contra un pueblo desarmado. Ya le están dado instrucciones al sector orteguista para que documente el “terrorismo” del que alega ser víctima. El único objetivo de Ortega es recuperar espacio con la represión para tratar de ir con una mejor posición negociar.

-Pero pareciera que esa narrativa según la cuál el estado es la víctima no ha tenido mucha acogida. ¿No se le está agotando el tiempo y la credibilidad a Ortega para negociar?

El tiempo va en contra de Ortega. Hechos como la toma de Masaya hunden a un régimen que ya va perdiendo en la OEA, eso genera un repudio y una condena más fuerte de la que se podía prever. Las posiciones de Luis Almagro, por ejemplo, indican que se perdió un aliado de los que defienden la transición con Ortega.

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Cuando esto empezó, los grandes empresarios que se distancian del gobierno por la matanza, hablaban de un “aterrizaje suave” para las elecciones de 2021, que es cuando Ortega termina su periodo. Lo decían bajo la siguiente lógica: reformas electorales, elecciones libres, competitivas y transparentes, sin que Ortega ni su esposa vuelvan a ser candidatos. Con eso se conformaban. Pero un mes después ya nadie hablaba de 2021, sino de elecciones anticipadas, con la OEA, EEUU, a las que incluso se le ha puesto como fecha tentativa marzo de 2019. Elecciones con Ortega en el poder, con la premisa de garantizar continuidad constitucional y evitar que se produzca un vacío de poder. Ese es el wishful thinking de EEUU y los empresarios. Pero si hacemos esa pregunta hoy, cada vez son menos los que creen que eso sea viable. La dinámica de los hechos conspira contra la permanencia de Ortega hasta las elecciones.