Así lo aseguró este miércoles el presidente de la comisión parlamentaria creada para investigar el asunto, Mario Isea.
La tercera posibilidad, "un plan C, sería atacarlo (a Chávez) sin importar el contexto en el que se encuentre (...), sin importar si hay masa ni efectivos de seguridad, y éste último tiene su centro de gravedad desde Colombia", afirmó el diputado venezolano en lo que constituye un adelanto de las conclusiones de la investigación que lleva a delante la unicameral Asamblea Nacional.
"Ya sabemos que un plan A contra el presidente Chávez sería volar el avión" que utiliza y que "un plan B consistiría en atacar al Jefe de Estado con el cañón conseguido en el estado Zulia", añadió en declaraciones a la emisora VTV de la televisión estatal.
Sobre el "plan C", Isea dijo que "hay evidencias de movimientos paramilitares en el estado Zulia", fronterizo con Colombia y gobernado por el líder opositor Manuel Rosales, y que "existen asesores de otras latitudes, no solo de Colombia, para manejar el plan contra el Jefe de Estado venezolano".
El mismo diputado reveló el pasado viernes que el ex inspector de la Fuerza Aérea de Venezuela, general José Félix Caraballo Gómez, había sido detenido por sus presuntos vínculos con el complot.
El alto mando castrense fue apresado "recientemente" por ser "uno de los contactos" de personas cuyas voces figuran en grabaciones en las que se discuten pormenores del complot, reveló ese día.
El general ya había sido nombrado como miembro de la conjura por el ex vicepresidente venezolano José Vicente Rangel, quien el pasado 17 de septiembre dijo que había sido destituido cuatro días antes como jefe del Comando de Operaciones Logísticas de la Fuerza Aérea.
"Fue destituido del cargo y está en su casa en estos momentos" , sostuvo Rangel ese día y añadió que fue otro general, "pero leal" al Gobierno y a quien Caraballo Gómez "invitó a participar en la conjura", quien "comunicó la novedad" a sus superiores.
Entre los primeros detenidos a mediados de septiembre pasado por los mismos hechos figuran el general de la Guardia Nacional Wilfredo Barroso, el vicealmirante Carlos Millán, el teniente coronel de Ejército Ruperto Sánchez y el mayor de Ejército Helímenas Labarca Soto, todos retirados.
También el mismo diputado oficialista aseguró que el número de teléfono personal del líder opositor Rosales, gobernador del Zulia y perdedor ante Chávez en las presidenciales de 2006, figura en el móvil de uno de los dos detenidos con un cañón que presuntamente iba a ser utilizado en el plan magnicida.
El legislador identificó a los detenidos en Zulia como Hernán José Rincón Hernández y Otto Francisco Conde, y le atribuyó a este último el móvil con los teléfonos de Rosales y Pérez.
El ministro del Interior, Tarek El Aissami, confirmó que a estos últimos detenidos se les descubrió un cañón y cuatro granadas "del tipo Karl Gustav", con "capacidad y alcance para destruir un avión", destacó.
Aissami también informó de que en Caracas se halló la semana pasada una segunda arma, "un misil AT-4", en poder de otro civil al que no identificó y que asimismo fue detenido.
Se trata de un arma portátil antitanque manufacturada en Suecia por la empresa Saab y utilizada por tropas de infantería para destruir o neutralizar vehículos blindados y fortificaciones, "y también para el derribo de aeronaves", destacó el ministro.
Desde principios de septiembre líderes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) , liderado por Chávez, han divulgado diversas conversaciones, una de ellas atribuidas a los altos mandos militares retirados ya detenidos en las que se plantean los objetivos de derrocar a Chávez atacando el palacio de Gobierno o matarlo "haciendo volar" el avión presidencial.
En esas conversaciones, los interlocutores aseguran contar con apoyo de militares en activo y también de directivos de medios de comunicación privados para concretar el presunto plan.