En Perú tienen su propio "Cartel de la Toga"

Cinco jueces y tres funcionarios fueron suspendidos luego de que la prensa difundiera unas grabaciones en las que se les escucha negociando sobornos a cambio de favores judiciales. El escándalo llevó al presidente Martín Vizcarra a nombrar una comisión que presentará una propuesta de reforma judicial.

El presidente de Perú, Martín Vizcarra, pidió la suspensión de los jueces involucrados.EFE

Cinco jueces y tres funcionarios judiciales peruanos fueron suspendidos de sus cargos este viernes por el escándalo de los audios de venta de sentencias, informó una funcionaria.

Las grabaciones, realizadas por el portal de periodismo de investigación IDL-Reporteros y el programa de televisión Panorama de Canal 5, fueron hechas con autorización judicial como parte de la investigación de otra fiscal a una organización criminal del Callao, que reveló nexos entre los delincuentes y altos jueces.

Con ellas salió a la luz una red de corrupción paralela instalada en las más altas instancias de la judicatura de Perú, donde se negociaban prebendas y favores a cambio de promociones dentro de la carrera judicial y sentencias a la medida de las dádivas entregadas.

"Es una medida cautelar de suspensión en el cargo (...) mientras hacemos las investigaciones", dijo la presidenta de la Oficina de Control de la Magistratura, Ana María Aranda, en una rueda de prensa.

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El juez suspendido de mayor rango es Walter Ríos, presidente de la Corte Superior (de apelaciones) del Callao, cuyo arresto preventivo pedirá además el procurador anticorrupción Amado Enco.

El escándalo hizo que la fiscalía y el Poder Judicial abrieron investigaciones por supuesto tráfico de influencias por los audios difundidos por los prtales periodísticos. 

Además de Ríos, a quien en conversaciones telefónicas reveladas esta semana se le escucha pedir un soborno de al menos 10.000 dólares para promocionar a un juez, también fueron suspendidos los magistrados Mónica Hoyos, Raúl Salcedo, Walter Linares y Miguel Ángel Miranda.

Aranda señaló que la investigación contra los jueces durará seis meses. 

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Otro de los jueces involucrados es César Hinostroza, de la Corte Suprema, quien inició vacaciones tras estallar el escándalo, y quien pregunta en un audio si el acusado de la violación de una niña quiere "¿que le bajen la pena o que lo declaren inocente?"

El procurador Enco dijo que Hinostroza también debería ser detenido, pero  el Congreso debe abrirle primero una acusación constitucional debido a que es miembro de la Corte Suprema.

Aranda aclaró que su oficina carece de competencia para suspender o investigar a Hinostroza, quien tiene prohibición de salida del país desde este viernes por decisión de la Corte Suprema.

El escándalo llevó al presidente Martín Vizcarra a nombrar este viernes una comisión de siete juristas, encabezada por el excanciller Allan Wagner, que presentará en 12 días una propuesta de reforma judicial.

El escándalo de los jueces es un "déjà vu" de la historia peruana reciente, pues la difusión de audios o videos grabados subrepticiamente provocaron la caída de dos presidentes, Alberto Fujimori en 2000 y Pedro Pablo Kuczynski en marzo, y la suspensión hace un mes del popular legislador Kenji Fujimori (hijo del exgobernante).

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