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En Estados Unidos, donde cerca de 40.000 personas mueren cada año por disparos de arma de fuego, la Constitución consagra a través de su segunda enmienda el "derecho de las personas a poseer y portar armas". En un fallo considerado un hito, la corte dictaminó en 2008 que la segunda enmienda garantizaba el derecho individual de poseer un arma y anuló una ley que prohibía las pistolas en Washington. Luego, en 2010, dijo que esa decisión era aplicable a nivel estatal y federal.
Pero, según Joseph Blocher, profesor de derecho en la Universidad de Duke, en Carolina del Norte, el máximo tribunal no fue explícito "sobre cómo las cortes deberían evaluar la constitucionalidad de otras leyes de armas, como las restricciones a las armas de asalto, los cartuchos de alta capacidad y el porte encubierto".
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La Corte Suprema rechazó desde 2010 estudiar cualquier caso vinculado a esa cuestión, pero este año ha aceptado por primera vez pronunciarse sobre las restricciones que Nueva York impuso a la tenencia de armas en nombre de la seguridad pública, a las que se opone la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés). Este caso podría dar a la corte la oportunidad para aclarar cómo pueden decidir los juzgados si el control de armas es legal o no.
Historia y tradición
Los partidarios de un mayor control de las armas temen que la Corte Suprema emita un fallo que perjudique su causa. El alto tribunal, compuesto por nueve miembros, ha experimentado un marcado giro hacia la derecha bajo la presidencia de Donald Trump, que prometió durante su campaña en 2016 que nombraría a jueces que defendieran el derecho a poseer y llevar armas.
Desde que llegó a la Casa Blanca, Trump ha nombrado a dos jueces conservadores para cubrir vacantes en la Corte Suprema, donde los liberales son ahora cuatro contra cinco.
Uno de los jueces nombrados por el presidente, Brett Kavanaugh, dejó escrito que las leyes sobre las armas deben evaluarse "solamente con base en su texto, la historia y la tradición, en vez de por su efectividad para abordar los problemas contemporáneos de la violencia con armas", recuerda Blocher. El caso estudiado por la Corte Suprema es una ley que prohíbe en Nueva York el porte de armas fuera del hogar, salvo cuando se llevan a un polígono de tiro.
Un grupo de demandantes calificó esa norma de violación a sus derechos, al no permitir transportar sus armas a una segunda residencia o a polígonos de tiro fuera de la ciudad. Los querellantes perdieron en un tribunal de primera instancia, pero, cuando la Corte Suprema tomó la decisión de intervenir, la ciudad reformó la ley y permitió a los portadores registrados llevar sus armas a segundas residencias o a polígonos fuera de la ciudad.
Tras hacer esos cambios legales, Nueva York pidió a la Corte Suprema que desestimara el caso. Los cuatro jueces progresistas están a favor de abstenerse. "¿Qué queda de este caso", se preguntó la decana Ruth Bader Ginsberg.
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Sus cinco compañeros conservadores se mostraron más reacios a abandonar el caso. "¿Por qué deberíamos considerar que la controversia no sigue vigente?", preguntó la jueza Neil Gorsuch.
Paul Clement, abogado de la Asociación de Pistolas y Rifles del Estado de Nueva York, argumentó que la Corte Suprema debe intervenir. Según él, la segunda enmienda garantiza a los ciudadanos el derecho de portar armas fuera de su casa.
En contra, una organización llamada March for Our Lives (Marcha por nuestras vidas) -fundada tras el tiroteo en una escuela de Parkland, Florida, que dejó 17 muertos- apostó por convencer a los jueces con testimonios de sobrevivientes de ataques. Estas historias "representan a decenas de miles de otros jóvenes agobiados por la amenaza de la violencia de las armas cada día", señalaron.
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Preocupación
Afuera del tribunal se manifestaba Larisa Méndez Downes, voluntaria de una asociación de madres que exige acciones contra las armas, quien llegó a Washington desde Nueva Jersey. "Estoy preocupada", dijo. La corte "parece más abierta a una interpretación amplia de la segunda enmienda en apoyo de los derechos sobre las armas", agregó.
En un país donde 30% de la población adulta posee al menos un arma, el caso toma relevancia nacional. Unas 50 organizaciones proarmas han presentado escritos de "amicus curiae", presentaciones que realizan terceros ajenos a un litigio ofreciendo su opinión. Incluso la administración Trump, a través de un escrito presentado ante la Corte Suprema, ha apoyado a los defensores de los derechos de tenencia.