:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/fzrpRnENbfNA8wx6iu_HKMcT1UU=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/E7C6JFGWW5B4VFO4LNGL3F4TPE.jpg)
La última vez que Nicaragua supo algo del empresario chino Wang Jing, presidente del Grupo HKND —la Hong Kong Nicaragua Development Corporation (HKND)—, concesionario del Gran Canal Interoceánico en Nicaragua, fue en noviembre de 2016. Entonces, Wang envió felicitaciones a Daniel Ortega y Rosario Murillo por la victoria en las elecciones presidenciales. Ni una palabra del megaproyecto.
Hacía apenas unos meses se había informado que el empresario había perdido el 85% de su fortuna en la bolsa de Shanghái. Un dato que evidenció que el megaproyecto de Daniel Ortega parecía todo un cuento chino.
Sensación que empieza a confirmarse con el incumplimiento de las fechas ofrecidas por Wang cuando se ganó la licitación del proyecto en 2013. Dijo que el primer semestre de 2017 comenzaría la construcción. Y hoy ni rastro de la maquinaria, ni de los obreros, y lo más preocupante, ni del empresario.
Este inversionista que se describe como un “millonario normal” no responde a las críticas que comienzan a surgir sobre la factibilidad del proyecto. Y es que el canal de Nicaragua, una obra enorme valorada en más de 50.000 millones de dólares, requiere mucho más que las buenas intenciones de un “millonario normal”.
El canal, proyectado para 273 kilómetros, partirá en dos al empobrecido país, desplazará a miles de campesinos y requeriría una operación de dragado sin precedentes en el lago Nicaragua, algo que ya han denunciado varias ONGs.
Según estudios de organizaciones cívicas, en la ruta anunciada del canal, al menos 24.100 hogares (119.200 personas), podrían resultar afectadas.
Por todo eso protestan los nicaragüenses, que la semana pasada protagonizaron la marcha número 89. Mónica López Baltodano, asesora jurídica del Consejo Nacional para la Defensa de la Tierra, el Lago y la Soberanía, aseguró a la prensa local que el movimiento campesino anticanal seguirá protestando porque no “permitirán que se entregue el país a un chino”.
Wang no ha avanzado con el canal, pero ha cumplido (muy por debajo de las expectativas las inversiones a las que se comprometió cuando ganó la licitación del canal). Su empresa de telecomunicaciones, Xinwei, es la única autorizada para vender drones en Nicaragua (aunque hay que aclarar que están prohibidos). También tiene Cootel, que ofrece servicios de telecomunicaciones.
Ciudadanos y organizaciones sociales interpusieron ante la Corte Suprema de Justicia 30 recursos por inconstitucionalidad contra la concesión, pero fueron desestimados por la Suprema.
A todo esto se suma un informe de Amnistía Internacional (AI), recomendó al Estado derogar el marco legal del proyecto que autoriza construir un Gran Canal Interoceánico por este país, con el fin de garantizar los derechos humanos de quienes se verán afectados por la ruta anunciada.
Pero la Comisión del canal —conformado por 16 oficialistas— no se ha reunido en más de 15 meses. Y esta es la entidad encargada de manejar todo lo referente al canal.
“Las autoridades nicaragüenses deben implementar medidas urgentes e inmediatas para asegurar la garantía y el respeto de los derechos humanos de quienes serán afectados por el proyecto del Gran Canal Interoceánico y otras infraestructuras asociadas”, señaló AI en el informe presentado en Managua.
Por tanto, AI sugirió al Estado nicaragüense adoptar una moratoria en la implementación de cualquier aspecto u obra del proyecto hasta que se establezcan salvaguardas legales y procesales que cumplan con los estándares de derechos humanos, entre ellos la consulta efectiva de quienes se verán afectados, y evitar que se ejecuten desalojos forzosos.
En síntesis, AI recomendó promover la derogación de la legislación nacional del proyecto del Gran Canal, incluidos el acuerdo de concesión y otros convenios relacionados con el proyecto.
Según el diseño más reciente, la vía interoceánica incluye dos puertos, un aeropuerto, dos lagos artificiales, dos esclusas, un área de libre comercio y complejos turísticos, entre otros. Nicaragua espera que su construcción abra 50.000 plazas de empleo y duplique el producto interno bruto (PIB) nacional.
Las demoras en la construcción no le generan costos a HKND, pues en el contrato quedó establecido que no será sujeto a acciones penales por el incumplimiento de las obligaciones adquiridas, puesto que no le pueden ser aplicadas las leyes nacionales.
Quizás porque en la era de Ortega varias obras han quedado en solo proyectos. Otros ejemplos son la refinería “El Supremo Sueño de Bolívar”, otra mega obra (4.400 millones de dólares), auspiciada por el fallecido Hugo Chávez y que debía terminarse este año. Está paralizada.
El proyecto hidroeléctrico Tumarín tampoco presenta muchos avances, según la prensa local, que asegura que tampoco ha crecido la lista de potenciales inversionistas para el Canal.
Panamá no se inquieta con el proyecto nicaragüense. Continúa realizando ampliaciones, entre ellas la construcción de un cuarto juego de esclusas, pues consideran el proyecto inviable.
El administrador de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), Jorge Quijano, dijo a un canal de televisión que “no vemos que el tiempo de cinco años sea un tiempo práctico y realizable para la construcción del Canal Interoceánico de Nicaragua”. Panamá tardó el doble de tiempo en construir el suyo, una obra mucho menos ambiciosa que la de Ortega.