España aún debe tomar medidas serias contra la corrupción: Consejo de Europa

El informe revela que España sigue teniendo dificultades para la despolitización de la rama judicial.

AFP

El Consejo de Europa, a través del GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción), advirtió que los funcionarios judiciales deben informar con más transparencia sobre sus relaciones con el Ejecutivo, además de comunicar a tiempo y de manera clara los viajes a los que son invitados y los regalos que reciben.

Desde el 2005, el GRECO sigue las actividades de casi 40 países europeos en su lucha interna para terminar con la corrupción. En diciembre de 2013, el consejo dio a España 11 recomendaciones de las cuales continúan sin cumplir 4, y las 7 restantes se han cumplido de manera parcial. El Consejo ha dado al país ibérico un plazo de un año, hasta finales de 2018, para tomar medidas correctivas que ayuden a mejorar los estándares anticorrupción en las ramas ejecutivas y judiciales.

El Consejo recomienda que los diputados y funcionarios públicos revelen a tiempo y con claridad sobre el valor en el mercado de sus viviendas y vehículos, así como ingresos adicionales que no tengan que ver con su actividad pública. (Lea también: Rajoy, perdedor en Cataluña pero fortalecido ante los independentistas)

El mismo organismo hace un llamado para que se elabore un código sobre conductas éticas y posibles conflictos de intereses. El GRECO, sin embargo, vio un avance con la creación de un listado público de grupos de intereses, y se establecieron normas para las relaciones entre senadores y "lobbistas".

También se mira con preocupación la imparcialidad e independencia en el nombramiento de los altos cargos judiciales. Por esto se recomienda reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial, y hace énfasis en que ningún diputado debería intervenir en la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Entre otras cosas, el Consejo no deja de reiterar que cada rama del poder es quien debe adoptar sus propias decisiones sin la interferencia de los demás poderes, esto sobre todo en lo concerniente a la Fiscalía. Y en dado caso que se tenga algún tipo de comunicación con el Ejecutivo, dichos intercambios deberán hacerce de manera transparente y por escrito, asegura el Consejo.

Ante esto, el Gobierno español respondió aludiendo a la dificultad que plantea liderar con un Gobierno en funciones. A lo que el GRECO replicó diciendo que, pese a que sabe lo problemático y lento que puede ser esta situación, desde el mes de noviembre de 2016 Mariano Rajoy formó gobierno por lo que "se deben emprender acciones decididas, no solo con palabras y planes, sino también con hechos" que ayuden a reformar el poder legislativo.

Aunque el GRECO no niega el espíritu público con el que la Fiscalía y el legislativo sirven, si advierte que se deben tomar medidas serias para prevenir la corrupción y asegurar la despolitización de la rama judicial. (Lea también El nacionalismo catalán y español)