“Esta es una política de gobierno, no de un hombre”: Embajador de EE.UU.

Kevin Whitaker visitó el Bajo Cauca antioqueño para confirmar el compromiso de su país con la erradicación de cultivos ilícitos en Colombia. Habla de los programas de la administración estadounidense en las zonas rurales de Colombia.

El embajador de EE.UU., Kevin Whitaker, durante su visita al Bajo Cauca antioqueño. / Embajada de EE.UU.

Los niños carabineros de Caucasia habían ensayado muchas veces lo que iban a decirle al embajador de Estados Unidos, Kevin Whitaker, cuando llegara a su región, una de las que el Departamento de Estado de EE. UU. incluyó en su última alerta de viaje (enero 10 de 2018) como una zona con “riesgos para la seguridad”, por lo cual les recomienda a sus ciudadanos “reconsiderar su viaje”.

Con botas hasta la rodilla, pañoletas amarradas al cuello y bajo el sol de plomo que acompañó la visita del rostro de Estados Unidos en Colombia, un grupo de unos 20 niños se formó en líneas rectas para hacer la tarea. El momento llegó y entonces gritaron al unísono: “¡Gracias, embajador!”.

“Parece lógico pensar que como estas son zonas en donde el Estado no ha hecho presencia, la gente diría: ‘qué está haciendo aquí este pinche gringo’. Pero no ha sido así. La gente me ha recibido muy bien en Antioquia”, dice Whitaker.

Y ese recibimiento, que no sólo le hicieron los niños, sino la Fuerza Pública y las autoridades locales, con bombas, refrigerio y música, tiene que ver con que Colombia es un país distinto, cree el embajador.

No es la primera vez que pisa el Bajo Cauca antioqueño. “Estuvimos en la plaza central de Tarazá hace unos dos años, con el entonces gobernador Sergio Fajardo. Este es un lugar donde han estado los paramilitares, donde han sucedido masacres. Y ahí estábamos, el embajador y el gobernador. Ya he vivido cuatro años en Colombia y puedo decir que el país ha cambiado”.

Antioquia es el proyecto piloto de ese cambio. La iniciativa se llama “Antioquia libre de coca” y, si triunfa, sería el primer departamento libre de ese cultivo en el país. La Gobernación espera que esto sea un ejemplo para otras regiones.

Fue así como la Embajada estadounidense decidió apoyar la iniciativa, en un momento en el que el consumo de sustancias psicoactivas en ese país alcanzó los niveles más altos de la historia. El consumo de opioides el año pasado obligó al presidente Donald Trump a decretar una emergencia nacional.

El Bajo Cauca antioqueño ha sido desde siempre un gran tesoro para los narcotraficantes. Está cerca al Urabá y a Córdoba, lo que ha agilizado el proceso de producción. En julio del año pasado, la oficina en Colombia de las Naciones Unidas contra la droga y el delito informó que Antioquia había sufrido un aumento del 269 % en el número de hectáreas sembradas con hoja de coca. El departamento pasó de 2.402 monitoreadas en 2015 a un total de 8.855 al finalizar 2016. Especialmente en municipios que integran el Nudo de Paramillo, como Cáceres, Tarazá y Caucasia.

Pero la coca no está sola en el Bajo Cauca. El oro es otro dolor de cabeza y, al mismo tiempo, la forma de vida del 90 % de la población. La explotación ilegal del recurso tiene al 62 % de las familias viviendo en la pobreza y a otro 32 % en la pobreza extrema.

Así que, para que Antioquia esté libre de coca, el gobierno estadounidense invirtió US$7,6 millones en siete municipios prioritarios. Más de 15.000 hogares se beneficiarán del proyecto que busca fomentar los cultivos lícitos en la zona. De acuerdo con la Embajada, el departamento fue escogido tanto por sus necesidades como por la sintonía con el gobierno local y la cercanía con varias instituciones y organizaciones que comparten el mismo interés de erradicar los cultivos ilícitos.

Por ejemplo, la Fundación Coafrodeca, que reúne los intereses de la comunidad afrodescendiente en Caucasia, cuenta ya con diez hectáreas de maíz y 50 familias beneficiadas.

“Si bien los indígenas tienen territorio, legalidad y hasta ley propia en su territorio, nosotros estamos lejos en materia de derechos”, dice Carlos Angulo, vocero de la organización. “La causa afro es demasiado lenta en comparación con otros procesos que se dan en el país”, agrega. Angulo aprovechó para tomarse una foto con el embajador y recordarle la importancia de profesionalizar el campo. “Por ejemplo, es importante que los campesinos aprendan inglés”, dice.

Aunque, según la última encuesta del DANE, sólo el 10 % de la población es afro, Coafrodeca estima que existe un problema de autorreconocimiento. “Si se hiciera la estimación como antes, por fenotipo, sería más del 60 % de la población del Bajo Cauca”, explica Angulo.

“El país ha cambiado, eso es un hecho, y para eso estamos trabajando, porque no sólo es combatir el narcotráfico, sino también darle a la comunidad rural muchas cosas: escuelas, salud y, lo más importante, vías. Como dice mi amigo el vicepresidente Naranjo, la otra Colombia”, dijo el embajador, quien, de hecho, inauguró una carretera que, de acuerdo con la información de la Embajada, conectará a 90 familias, 400 personas de la vereda de Tacuyarca con las vías principales de acceso al municipio de Cáceres y a la ciudad de Medellín.

Y aunque el reemplazo de Whitaker está por anunciarse, el embajador aclaró que el cambio de persona no afectará la política de inversión en Colombia. “Es una política de gobierno estadounidense. No de un hombre”.

Hoy, primeros efectos del cierre del gobierno en EE.UU.

El primer aniversario de Donald Trump en la Casa Blanca fue amargo por cuenta de poca habilidad política. Como siempre, Trump se niega a ceder y negociar y, en cambio, busca imponer. Pero esta vez no pudo. Los legisladores demócratas no cedieron y el viernes se negaron a alcanzar un acuerdo sobre el presupuesto, lo que provocó el cierre de la administración a partir de este lunes. Es decir que, sin presupuesto, se dará el cese de actividades de 800.000 empleados federales. En las Fuerzas Armadas, los uniformados deberán permanecer en sus puestos, pero no recibirán su pago. La oposición demócrata bloqueó el acuerdo presupuestario al no incluirse una solución para los casi 700.000 inmigrantes beneficiados por el programa DACA, lanzado en 2012 por Obama, que les daba permiso para trabajar y estudiar legalmente en Estados Unidos. Trump no ha renovado este programa que vence el 5 de marzo. Los republicanos dicen que no discutirán sobre este tema sin la reapertura de la administración federal.