El primero criterio fue determinar si, tanto la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como la justicia ordinaria, habían tomado decisiones adecuadas a la hora de condenar a los responsables de graves violaciones de Derechos Humanos. El segundo se trataba de identificar si el Gobierno estaba tomando las medidas necesarias para proteger y reducir los ataques a líderes sociales, sindicalistas y periodistas y si se estaba castigando a los responsables. Y por último, si se estaba enjuiciando y removiendo de sus cargos a altos militares responsables por ordenar, cometer o encubrir las ejecuciones extrajudiciales, mal llamados como "falsos positivos".

En la carta, Taylor sostiene que el país cumplió en los tres frentes y proporciona razones para justificar su decisión.

En cuanto al primero, la subsecretaria de Asuntos Legislativos, resalta los “progresos” de la JEP en su objetivo de procesar a aquellos bajo su jurisdicción. También destacó que no solo exguerrilleros se han sometido a la justicia transicional, sino también exgenerales del Ejército como Mario Montoya y Henry William Torres Escalante, ambos vinculados con el escándalo de los "falsos positivos" cometidos durante los últimos años del segundo gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2006-2010).

Sobre la protección de los líderes sociales, sindicalistas y periodistas, Taylor destacó que el gobierno de Iván Duque ha tomado pasos concretos e incluso asegura que se han disminuido respecto al gobierno Santos. Según la funcionaria los “incidentes” contra líderes sociales se redujeron un 21 por ciento entre agosto y diciembre de 2018 en comparación a ese mismo periodo de tiempo en 2017.

No obstante, diferentes ONG y defensores de derechos humanos, especialmente Human Right Watch, han cuestionado este apartado, la considera "engañosa". 

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“La metodología que usa el gobierno colombiano para proclamar que existe una disminución en el asesinato de líderes sociales es errada. Las autoridades comparan cifras finales del gobierno Santos con cifras preliminares del gobierno Duque e ignoran que existen decenas de casos recientes en proceso de verificación. Es lamentable que el Departamento de Estado este usando esta comparación errónea que no da cuenta del fenómeno real. El gobierno colombiano debería redoblar sus esfuerzos para reducir los asesinatos constantes de líderes sociales, en lugar de buscar formas creativas de maquillar la realidad”, le dijo a el diario El Tiempo José Miguel Vivanco, director para las Américas en esta organización.

Sobre la última condición, de castigar a los responsables de ordenar, cometer, o encubrir ejecuciones extrajudiciales, Taylor destaca se está castigando a los responsables y que el gobierno Duque ha tomado decisiones para evitar que esto ocurra. El informe recuerda la polémica desatada a comienzos de este año por una publicación de The New York Times que reveló una nueva directriz del Ejército colombiano de duplicar las bajas de combate y las medidas tomadas por el presidente colombiano, que ordenó derogar esa orden e investigar lo ocurrido.