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hace 31 mins

Estados Unidos certifica a Colombia en Derechos Humanos

El Departamento de Estado avaló los esfuerzos del gobierno de Colombia en reducir las violaciones en DD.HH., algo que le permite al país acceder a recursos estadounidenses para apoyar la operación militar.

Los asesinatos de líderes sociales continúan siendo una preocupación para los Estados Unidos. Archivo El Espectador

El gobierno de Estados Unidos acaba de certificar el desempeño de Colombia en materia de derechos humanos, de acuerdo con el embajador de Colombia en ese país, Francisco Santos Calderón.

Esta decisión por parte de Estados Unidos da luz verde a que las Fuerzas Militares puedan recibir y utilizar recursos provenientes desde Washington y así continuar labores de interés de ambos países como la lucha antidrogas.

La certificación entregada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que se realiza anualmente, advierte de situaciones que deben ser tenidas en cuenta para mejorar internamente, pero da solidez a las relaciones binacionales en materia de seguridad, luego de verificaciones conjuntas con diferentes entidades.

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“Fueron varios meses en los que el departamento de Estado recoge inquietudes de la sociedad civil, el Congreso y la embajada. Le hace unas preguntas al Gobierno colombiano de distintos temas. Cuando estas respuestas no están suficientemente claras o completas, devuelven eso para aclarar y en ese ir y venir que es un diálogo abierto, se resuelven problemas, responden inquietudes, quedan algunas cosas para trabajar más adelante y, a partir de ahí, el Departamento de Estado, si está satisfecho, da una recomendación y permite que puedan desembolsar los dineros que van para las Fuerzas Militares y la Policía”, explicó Francisco Santos sobre este proceso.

Para conseguir la certificación intervinieron diferentes actores como el Departamento de Estado de Estados Unidos, la Embajada de Colombia en Washington, Cancillería y otras entidades del Estado colombiano como la Fiscalía, el Consejo Superior de la Judicatura, la Policía y demás. En ese diálogo interinstitucional se establecieron parámetros para tomar una hoja de ruta tras la rendición de cuentas.

“Hace parte de los condicionamientos que tiene el Plan Colombia con el desembolso de recursos que hay que trabajarlo seriamente para que el Gobierno tenga las respuestas muy claras a las inquietudes que plantea el Departamento de Estado”, agregó Santos.

En una carta enviada al Congreso estadounidense hace dos semanas, Mary Elizabeth Taylor, subsecretaria de Asuntos Legislativos en el departamento de Estado, afirmó que Colombia cumplió con los criterios que Washington le había establecido como condición para la entrega de hasta el 20 por ciento de los recursos militares que se aprobaron para el país en el período que va entre junio de 2018 y junio de 2019 (en total unos US$ 20 millones de dólares).

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El primero criterio fue determinar si, tanto la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como la justicia ordinaria, habían tomado decisiones adecuadas a la hora de condenar a los responsables de graves violaciones de Derechos Humanos. El segundo se trataba de identificar si el Gobierno estaba tomando las medidas necesarias para proteger y reducir los ataques a líderes sociales, sindicalistas y periodistas y si se estaba castigando a los responsables. Y por último, si se estaba enjuiciando y removiendo de sus cargos a altos militares responsables por ordenar, cometer o encubrir las ejecuciones extrajudiciales, mal llamados como "falsos positivos".

En la carta, Taylor sostiene que el país cumplió en los tres frentes y proporciona razones para justificar su decisión.

En cuanto al primero, la subsecretaria de Asuntos Legislativos, resalta los “progresos” de la JEP en su objetivo de procesar a aquellos bajo su jurisdicción. También destacó que no solo exguerrilleros se han sometido a la justicia transicional, sino también exgenerales del Ejército como Mario Montoya y Henry William Torres Escalante, ambos vinculados con el escándalo de los "falsos positivos" cometidos durante los últimos años del segundo gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2006-2010).

Sobre la protección de los líderes sociales, sindicalistas y periodistas, Taylor destacó que el gobierno de Iván Duque ha tomado pasos concretos e incluso asegura que se han disminuido respecto al gobierno Santos. Según la funcionaria los “incidentes” contra líderes sociales se redujeron un 21 por ciento entre agosto y diciembre de 2018 en comparación a ese mismo periodo de tiempo en 2017.

No obstante, diferentes ONG y defensores de derechos humanos, especialmente Human Right Watch, han cuestionado este apartado, la considera "engañosa". 

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“La metodología que usa el gobierno colombiano para proclamar que existe una disminución en el asesinato de líderes sociales es errada. Las autoridades comparan cifras finales del gobierno Santos con cifras preliminares del gobierno Duque e ignoran que existen decenas de casos recientes en proceso de verificación. Es lamentable que el Departamento de Estado este usando esta comparación errónea que no da cuenta del fenómeno real. El gobierno colombiano debería redoblar sus esfuerzos para reducir los asesinatos constantes de líderes sociales, en lugar de buscar formas creativas de maquillar la realidad”, le dijo a el diario El Tiempo José Miguel Vivanco, director para las Américas en esta organización.

Sobre la última condición, de castigar a los responsables de ordenar, cometer, o encubrir ejecuciones extrajudiciales, Taylor destaca se está castigando a los responsables y que el gobierno Duque ha tomado decisiones para evitar que esto ocurra. El informe recuerda la polémica desatada a comienzos de este año por una publicación de The New York Times que reveló una nueva directriz del Ejército colombiano de duplicar las bajas de combate y las medidas tomadas por el presidente colombiano, que ordenó derogar esa orden e investigar lo ocurrido. 

 

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