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El gobierno español amenazó este viernes con cortar una línea de financiación a Cataluña, si el gobierno regional destina fondos a la organización de un referendo de independencia anunciado para el 1 de octubre.
El portavoz del ejecutivo español, Íñigo Méndez de Vigo, explicó en rueda de prensa que cada semana se comprobará que el gobierno catalán no ha destinado fondos públicos para la consulta, que Madrid considera anticonstitucional.
Concretamente, una serie de altos funcionarios catalanes competentes en materia de presupuesto deberán enviar certificados semanales al ministerio español de Hacienda, para dar fe de que no se han tramitado gastos "destinados directa o indirectamente a actividades vinculadas con el referéndum ilegal", explicó el portavoz.
Si la información no se suministra puntualmente, o si se detectan gastos destinados a esa consulta, el portavoz indicó que se verá en peligro una línea de financiación creada por el gobierno central en 2012 para ayudar a las regiones afectadas por la crisis económica, el FLA (Fondo de Liquidez Autonómica).
Dicho fondo, recordó Méndez de Vigo, prevé destinar a Cataluña, la segunda comunidad autónoma mas endeudada en 2016 después de Castilla-la-Mancha, 3.600 millones de euros este año en préstamos.
Pese a generar una quinta parte del PIB español, Cataluña se encuentra fuertemente endeudada, su deuda está calificada como "bono basura" por las agencias de calificación y no puede financiarse en los mercados, por lo que su liquidez depende de los préstamos del gobierno español.
El ejecutivo conservador español acentúa así la presión sobre la financiación del referendo, para cuya celebración se previó la habilitación de partidas en el presupuesto de 2017 aprobado por el Parlamento catalán, de mayoría independentista.
Dichas partidas fueron declaradas ilegales a comienzos de este mes por el Tribunal Constitucional, una decisión que el portavoz del gobierno invocó este viernes.
"Ni un euro de los catalanes va a ir a un referendo ilegal que es voluntad de unos pocos", apostilló Méndez de Vigo.
El gobierno catalán de Carles Puigdemont está decidido a celebrar el referendo el 1 de octubre, pese a la oposición del gobierno de Madrid y la ofensiva de la justicia española contra cada uno de los pasos dados por los nacionalistas hacia la independencia.
Este mismo viernes se supo, por medio de una encuesta efectuada por un centro dependiente del gobierno catalán, que el apoyo a la secesión cayó en los últimos meses, con un 49,4% en contra de separarse de España, y un 41,06% a favor de independizarse.