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El juez Neil Gorscuh, nominado por Donald Trump para acupar la silla de Antonin Scalia, será confirmado hoy por el Senado. Su comparecencia se produce en un momento de especiales tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo tras los ataques que el mandatario ha lanzado públicamente contra los jueces federales por el bloqueo de su decreto para prohibir temporalmente la entrada a EE.UU. a los refugiados y a los nacionales de seis países musulmanes.
"Estoy alentado por el respaldo recibido de gente que reconoce que no existe algo como un juez republicano o un juez demócrata, solo hay jueces en este país", indicó Gorsuch en su segundo día en la audiencia de confirmación ante el Comité Judicial del Senado. El nominado por Trump remarcó que no tiene "ninguna dificultad fallando una sentencia contra cualquier partido" ya que "su único cliente es la ley".
El 12 de febrero de 2016 el juez Antonin Scalia entró en un sueño del que nunca salió. Esa noche, una de las mentes constitucionales más brillantes y controversiales de los últimos 50 años se apagó en la mitad del Estado de Texas. Al otro lado del país, en Florida, el entonces candidato Donald Trump dio un discurso donde, entre otras cosas, mencionó el infame muro que quiere construir en México y repitió su eslogan de que ese país lo iba a terminar pagando.
Mucha agua ha corrido debajo del puente desde ese día, y el pasado 31 de enero el ahora presidente Trump nominó al juez federal Neil Gorsuch para ocupar el lugar que el juez Scalia dejó vacante en aquella noche invernal. Las posibilidades que tienen los presidentes de Estados Unidos de nominar a personas a la Corte Suprema es escasa debido a que el periodo de los magistrados es vitalicio. Por esta razón, una oportunidad como esta es vista como un evento político trascendental que no solo puede definir el legado de un presidente sino la forma como se entenderá la Constitución y sus derechos durante varias generaciones.
Los frutos de una estrategia inconstitucional
Aunque la vacante del juez Scalia se produjo durante el último año de la presidencia de Barack Obama, solo hasta ahora el camino parece despejado para elegir a un nuevo magistrado de la Corte Suprema de Estados. Lo anterior, debido a una extraordinario circunstancia que da cuenta del nivel de polarización política que se vive en ese país: los senadores republicanos, mayoría en el órgano encargado de confirmar las nominaciones judiciales, se rehusaron públicamente a considerar cualquier candidato que fuera presentado por Obama apelando a un argumento sin ningún sustento constitucional. Para estos políticos, una vacante tan importante no podía ser ocupada durante un año de elecciones pues debían ser los ciudadanos, y nos sus representantes elegidos democráticamente para cumplir esa función, los que tenían que decidir el tipo de Corte Suprema que querían.
A pesar de que este argumento no tiene ningún asidero en la constitución ni en la tradición republicana, el perverso obstruccionismo dio sus frutos. El juez Merrick Garland, tal vez uno de los funcionarios judiciales más respetados del país y quien fue seleccionado por Obama para llenar la vacante de Scalia, no pudo lograr flanquear las barreras impuestas por la mayoría opositora en el Senado, empecinada en que fuera el próximo presidente quien tuviera la oportunidad de presentar un candidato para la Corte. La estrategia, en ese momento, parecía suicida ya que las probabilidades de que Trump llegara a la presidencia y de que los republicanos mantuvieran el control de Senado parecían remotas. Pero las certezas en política son inexistentes y para sorpresa de gran parte del país, y del planeta, el señor Trump ganó las elecciones y los republicanos, con 52 senadores, mantuvieron el control del Senado. Ante la incredulidad de propios y extraños la estrategia inconstitucional dio sus frutos: Trump tendrá el poder para definir el futuro de la justicia constitucional y, de paso, del sistema de equilibrio de poderes que la Corte Suprema ha defendido desde su fundación en el siglo XVIII.
La vacante del juez Scalia se convirtió entonces en un asunto trascendental en la campaña a la presidencia. No solo fue un tema central en el último de los tres debates entre Clinton y Trump, sino que fue parte fundamental del discurso populista de quien ahora ocupa el Salón Oval. Incluso, en el verano del año pasado, en una de sus más famosas intervenciones en campaña, Trump le dijo a un grupo de incrédulos republicanos que, aunque no tuvieran ninguna simpatía por él, debían apoyar su candidatura por la posibilidad de que fuera él, y no su contrincante, quien nominara a los futuros jueces de la Corte Suprema. Incluso, según las encuestas a boca de urna que se llevaron a cabo el día de las elecciones, para el 21% de los votantes este tema era fundamental, y de este grupo de ciudadano, el 56% votó por Trump.
Un juez benigno (por ahora)
Tras asumir la presidencia, una de las prioridades del nuevo presidente fue la elección de su candidato a la Corte. Durante la campaña, y para apaciguar a los sectores más tradicionales y conservadores del Partido Republicano, el señor Trump publicó dos listas con los nombres de varios jueces y políticos de donde, según él, saldría su nominado. Pues bien, cumplió su promesa y presentó al público como su candidato a la Corte a Neil Gorsuch, juez federal de Colorado, quien integraba una de esas listas y que, a partir del lunes 20 de marzo, empezará el proceso de confirmación con extensas y escrupulosas audiencias en el Comité Judicial del Senado.
Un rápido recorrido por la vida de juez Gorsuch permite sacar varias conclusiones. En primer lugar, se trata de un abogado con una trayectoria académica impecable, que incluyen las universidades de Columbia y Harvard y un doctorado en filosofía judicial de la Universidad de Oxford. En esta última universidad, su tesis fue dirigida por el renombrado filósofo John Finnis. En la misma, hace un recorrido por el debate moral y ético alrededor de la eutanasia y el suicido asistido para concluir que las leyes que prohíben dichas conductas deben mantenerse ya que la vida tiene un valor intrínsecamente bueno y cualquier acción para acabarla debe ser reprochado.
El juez Gorsuch viene del establecimiento conservador judicial que, al igual que lo hacía Scalia, defiende una idea originalista de la Constitución. Esta concepción sostiene que la única interpretación válida es aquella que se compagina con la postura de quienes redactaron el texto constitucional en 1787 por lo que se caracteriza por su restricción al momento de reconocer ciertos derechos, como por ejemplo los reproductivos o las acciones afirmativas en favor de minorías. Además de lo anterior, su juventud -tan solo tiene 49 años- lo hace un candidato perfecto en términos estratégicos ya que su edad garantiza que podrá ser magistrado de la Corte durante, por lo menos, los próximos 25 años. Esto, de manera irónica, también le podría dar una ventaja frente los senadores demócratas (para ser elegido juez de la Corte Suprema se requieren 60 votos en el senado lo que lo obliga, a menos de que los republicanos cambien el reglamento de manera inédita, a obtener el respaldo de mínimo 8 senadores demócratas) ya que su presencia no altearía el balance ideológico que existía en la Corte antes de la muerte de Scalia, donde coexistían dos bloque opuestos conformados cada uno por 4 magistrados, y donde el juez Anthony Kennedy jugaba un papel fundamental como el voto decisivo en los casos más controversiales. Aunque el juez Gorsuch no está exento de polémicas, como sus posiciones frente a la objeción de conciencia corporativa que le permitió a muchas empresas cuyos propietarios son cristianos abstenerse de ofrecer en los planes médicos de sus empelados métodos anticonceptivos, la batalla por la interpretación constitucional no ocurrirá con está nominación.
La amenaza constitucional de Trump
La nominación, y muy probable elección, del juez Gorsuch debe entenderse en clave con el futuro político y judicial de Estados Unidos. En al actualidad, tres jueces de ese Tribunal se encuentran en una avanzada edad. Los jueces del bloque liberal Stephen Breyer y Ruth Bader Ginsburg tiene respectivamente 78 y 83 años. A su vez, el poderoso juez Kennedy tiene 80 años. Ante este escenario, no resulta descabellado asumir que Trump tendrá la oportunidad de nominar en los próximos cuatro años a otro juez, momento en el cual tendría la oportunidad histórica de alterar el balance de la Corte Suprema por décadas. De hecho, la nominación del juez Gorsuch manda un mensaje cifrado al juez Kennedy ya que el primero fue su magistrado auxiliar por lo que tienen una relación personal y profesional cercana. Con esta nominación, es muy probable que Trump quiera mostrarle al juez Kennedy, por lo menos en apariencia, que se podría retirar de la Corte con tranquilidad pues su reemplazo sería una juez con un perfil muy similar al suyo.
Es en este punto donde está el verdadero peligro para la integridad constitucional de Estados Unidos. Con la volatilidad e imprevisibilidad de Trump, las probabilidades son altas de que ante una oportunidad como la descrita anteriormente no le tiemble la mano para presentar una nominación de un juez radical que tenga como propositico desmontar las conquistas en derechos sociales que ha impulsado el Tribunal en temas como la protección del derecho al aborto legal y seguro, el reconocimiento pleno del matrimonio igualitario y la protección de las minorías étnicas sistemáticamente discriminadas (lo que incluye por ejemplo a los inmigrantes). Trump ya dinamitó la institucionalidad política de Estados Unidos, y no está lejos de hacer volar en mil pedazos una de las tradiciones constitucionales más solidas e independientes del mundo. Por eso, por ahora, hay que conformarse con un juez benigno como Gorsuch pues la lucha por los derechos en dicho país hasta ahora empieza; la posverdad llegó a la justicia.
*Abogado Auxiliar de la Corte Constitucional de Colombia. Twitter: @SantiagoPardoR