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Aunque Nicolás Maduro ganó las elecciones presidenciales en Venezuela, en mayo de 2018, su triunfo le trajo más problemas que alegrías. El golpe más duro para el mandatario fue que los números revelaron el creciente inconformismo de la mayoría de venezolanos con su mandato. Por primera vez en 19 años de Revolución Bolivariana, la abstención llegó al 54%. Una cifra histórica.
No sólo eso. Su triunfo electoral llegó con el aumento de la presión internacional. Varios países de la región, Europa y Estados Unidos dijeron desconocer el resultado de las urnas, por una campaña desigual con la oposición. Días después Estados Unidos aumentó las sanciones contra el sector petrolero, del que depende la economía venezolana, complicando más el desempeño económico de Maduro, calificado como pésimo por varios analistas.
El 2018 terminó con los peores indicadores y un presidente cada vez más aislado. Situación que puede empeorar después del 10 de enero, cuando asuma un nuevo periodo presidencial y se haga efectivo el desconocimiento de su gobierno.
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Ayer, en una reunión en la capital de Perú del Grupo de Lima, trece países de la región (Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Guyana y Santa Lucía) anunciaron que no reconocerán al gobierno de Venezuela si el presidente Nicolás Maduro asume un nuevo período el 10 de enero, por considerar que se trata de un mandato producto de elecciones ilegítimas.
“Esta declaración tiene un mensaje político contundente: el principal mensaje es sin duda el no reconocimiento de la legitimidad del nuevo periodo del régimen venezolano”, dijo el canciller peruano, Néstor Popolizio, al leer la declaración del Grupo. México, crítico férreo de Maduro durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, se abstuvo ayer de apoyar la declaración final. Desde el 1 de diciembre, México está gobernado por el izquierdista, Manuel Andrés López Obrador (AMLO). Fue el único país del Grupo en no apoyar las medidas en contra de Maduro.
Maduro ya dijo que su posesión no tiene discusión y que asumirá el poder el 10 de enero. De hecho, en una sesión especial de la Asamblea Constituyente (cuyo presidente es Diosdado Cabello) entregó sus credenciales. “Vengo aquí a entregar credenciales como presidente electo el 20 mayo para el periodo 2019 — 2025”, dijo Maduro.
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El Grupo exhortó además al gobernante venezolano a dar un paso al costado y no asumir un nuevo mandato, por considerar que su reelección fue ilegítima. “Se insta a Nicolás Maduro a no asumir la presidencia, que respete las atribuciones de la Asamblea y transfiera provisionalmente el poder hasta que se realicen nuevas elecciones”, dijo el canciller. Este sábado se juramentará la nueva directiva de la Asamblea Nacional (AN) que estará a cargo desde el año 2019 hasta el 2020. Juan Guaidó, de Voluntad Popular, será presidente de la sede parlamentaria; Edgar Zambrano, diputado de Acción Democrática, será primer vicepresidente del Parlamento y el segundo vicepresidente sería Stalin González, de Un Nuevo Tiempo, según informó el periódico El Nacional en su edición web.
“Lo que se espera es que ese vacío de poder lo llene la nueva directiva de la Asamblea Nacional y se instale la transición que abra camino a la solución de la crisis institucional que hunde al país en esta catástrofe humanitaria. No debemos darle más tiempo a la tiranía con diálogos manipulados”, afirmó Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas, exiliado en España.
Sin embargo, para muchos en Venezuela, la presión internacional que aumenta sobre el gobierno de Nicolás Maduro tendrá pocos resultados si no es acompañado por un proceso de diálogo y reconstrucción interno.
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El grupo manifestó también que “la solución a la crisis política de Venezuela corresponde a los venezolanos” y dejó en libertad a cada país para evaluar el nivel de sus relaciones con Venezuela. “Según lo permitan sus legislaciones internas, impedir a los altos funcionarios del régimen venezolano la entrada al territorio de los países del Grupo de Lima; elaborar listas de personas naturales y jurídicas con las que entidades financieras y bancarias de sus países no deberán operar o deberán tener una especial debida diligencia, prevenir su acceso al sistema financiero y, de ser necesario, congelar sus fondos y otros activos o recursos económicos”, dice la declaración.
La tarde de ayer la Organización de Estados Americanos (OEA) anunció una reunión extraordinaria de su Consejo Permanente el próximo jueves, 10 de enero, “para considerar la situación en Venezuela”.