Guatemala: ¿habrá luz al final del túnel?

En la recta final la candidata indígena subió puestos en las encuestas reivindicando los derechos campesinos. / EFE

Cuando el fiscal electoral de un país que está a punto de ir a las urnas debe salir corriendo por gravísimas amenazas es que algo anda muy mal. Eso pasó con Óscar Schaad, quien hace tres días huyó de Guatemala tratando de proteger su integridad personal. Las llamadas y miedosas advertencias no le dejaron otro camino.

Este domingo, 16 de junio, ocho millones de los 17,7 habitantes de Guatemala están habilitados para elegir al sucesor del presidente, Jimmy Morales, además de alcaldes y concejales. Unas elecciones marcadas por el miedo y advertencias de militares retirados, expatrulleros, promesas demagógicas, candidaturas inhabilitadas y una profunda e irrefrenable corrupción, que hizo metástasis en el país centroamericano hace mucho tiempo y lo tiene boca arriba.

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Todavía no se sabe el paradero de Óscar Schaad, pero sí se conoció que el jefe de la Fiscalía Especial para la impunidad del país, Juan Francisco Sandoval, pidió vacaciones durante diez días, según afirmó la fiscal general, Consuelo Porras, por lo que también estará ausente durante unos comicios en los que parece que pocos funcionarios quieren estar y que son el punto final del polémico mandato del actual presidente.

Al comienzo de esta campaña electoral parecía que se convertiría en una contienda protagonizada por mujeres curtidas y con experiencia, tras la postulación de la exfiscal general y símbolo de la anticorrupción en el país, Thelma Aldana; la hija del exdictador, Efraín Ríos Montt, Zury Ríos; la política de vieja data y exesposa de Álvaro Colom, mandatario de Guatemala entre 2008 y 2012, Sandra Torres, y la indígena de origen maya-mam Thelma Cabrera, quien en la recta final ganó popularidad justificando su falta de preparación académica con la amplia experiencia de conocer los problemas sociales del sector popular de Guatemala.

Del grupo de mujeres solo quedan en carrera Torres, favorita en las encuestas, y Cabrera. Ríos y Aldana, ambas del partido Semilla, fueron inhabilitadas por la Corte de Constitucionalidad. La primera porque la Constitución Política de Guatemala prohíbe que los familiares “hasta el cuarto grado de consanguinidad de quienes hayan gobernado el país mediante golpes de Estado o asonadas militares aspiren a gobernar la nación. La segunda, por denuncias en su contra de una supuesta plaza fantasma y por no contar con un finiquito. Contra ella existe una orden de captura internacional y se le considera una prófuga de la justicia.

Ahora, al grupo de favoritos que aspira a una segunda vuelta, además de las dos candidatas, se han sumado perfiles tan diversos como radicales en su postura. El radical Roberto Arzú, quien se perfila desde ya como un futuro amigo de Donald Trump, aboga por reinstaurar la pena de muerte y está en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo y del aborto, y ha prometido sacar al Ejército a la calle, militarizar las cárceles y pedir ayuda en inteligencia militar a Estados Unidos, Israel o Taiwán para acabar con la inseguridad en el país, uno de los más violentos del mundo.

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También está el periodista y abogado Edmond Mulet, quien ejerció como secretario general adjunto en la ONU. El candidato ha denunciado que los “chupasangres quieren seguir permitiendo la pobreza, la violencia y el racismo”, por lo que promete luchar contra los “narcopolíticos, narcodiputados y narcoalcaldes”.

El último favorito es Alejandro Giammattei, exdirector del Sistema Penitenciario (2005-2007), quien se postula a la presidencia por cuarta vez. Propone crear un “muro económico” de oportunidad para frenar la inmigración irregular y está en contra de establecer cuotas para lograr la igualdad entre el hombre y la mujer o entre los pueblos indígenas y los no indígenas. Lo que pide es “cambiar el chip de la mujer” para aumentar su participación.

Lo que ocurrirá mañana es difícil de prever, comenzando por la división política que se vive en el país —no por nada a estas elecciones se presentaron 26 formaciones distintas con proyectos e ideologías muy diversas entre ellas—. Para el politólogo Hugo Novales, en este contexto “hay más riesgo de que haya conflictos si los resultados terminan siendo muy cerrados”.

No obstante, el vencedor, se encontrará con un paisaje difícil. El 70 % de la población ocupada tiene empleo informal, el país tiene la pobreza rural extrema más alta de América Latina, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), casi la mitad de los niños guatemaltecos (46,5 %) están desnutridos, según reveló el Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional 2018 elaborado por las agencias internacionales FAO, OPS, Unicef y WFP, y el año pasado cerró con una tasa de 22,5 muertes violentas por cada 100.000 habitantes.

Por otro lado, según Marielos Chang, analista política y cofundadora de la organización que promueve la participación ciudadana RedxGuate, el frente abierto más preocupante que hay para la jornada electoral de hoy son las amenazas de los militares retirados y expatrulleros que han amenazado con intervenir el día de la votación, alegando que van a “resguardar las elecciones”. Mientras que Guatemala ha consolidado su institución electoral, “tener ese fantasma —del resguardo de elecciones por grupos clandestinos— es preocupante, sobre todo en el interior del país”.

La Cicig, ¿Se queda o se va?

En los últimos diez años, según señala en su último informe la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), se ha hecho un trabajo muy importante en el país en materia de justicia. Entre lo más destacado está la condena por genocidio en contra del exdictador Ríos Montt en 2013 y el procesamiento del expresidente Otto Pérez Molina por corrupción en 2015, que “han supuesto la constatación de cambios decisivos en el sistema penal guatemalteco”, según el organismo.

Un papel tan fundamental como polémico ha jugado la Comisión Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), que desde su llegada al país, hace 11 años, ha logrado el procesamiento de 680 personas y ya ha obtenido la condena de 310 de ellas, en los más de cien casos presentados ante las autoridades judiciales guatemaltecas. También se logró identificar más de sesenta estructuras de criminalidad, “algunas de ellas vinculadas al narcotráfico y a otras formas de crimen organizado conocidas, que habían cooptado distintas instituciones públicas y se encontraban relacionadas con grandes empresas nacionales e internacionales, y con partidos políticos”.

Sin embargo, el precio que han pagado es muy alto. Tanto así que el presidente Jimmy Morales señaló el año pasado que el acuerdo con el organismo no sería renovado y, además, advirtió que el director de la organización, el abogado colombiano Iván Velásquez, junto con su equipo de trabajo, serían expulsados del país luego de haber intentado, sin éxito, quitar el desafuero al actual mandatario para someterlo a una investigación por delitos electorales durante la campaña que lo llevó al poder, la de 2015. En ese momento los diputados del Congreso, de diferentes partidos, fueron sus mejores aliados y decidieron protegerlo.

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Horas antes de la apertura de las urnas, Velásquez aseguró: “Quienes quisieron, pudieron ver el grado de corrupción en las instituciones del Estado. Vieron los rostros de los corruptos y ya los reconocen aunque sigan impunes. La dignidad del pueblo guatemalteco está a prueba en las próximas elecciones. De él depende recuperar su Congreso”.

Y es que el tema de la Cicig ha cobrado tanta fuerza en el país que se ha convertido en un asunto de campaña electoral, a pesar de que cerca del 70 % de la población está de acuerdo y defiende al organismo. Y es que los candidatos que encabezan las encuestas “son candidatos que han sido perseguidos o tienen señalamientos, como Sandra o Giammattei, o tienen posiciones abiertamente en contra de la Cicig, como Arzú o muy críticas, como Mulet”, señaló Novales. Solo la candidata indígena Thelma Cabrera ha dejado claro su apoyo a la continuidad del organismo presidido por Velásquez.

La FIDH aseguró que Guatemala está parada en la línea que separa el avance judicial de los últimos años con el retroceso. “El ataque sistemático contra las personas e instituciones que han participado de distinta manera en el fortalecimiento del estado de derecho se ha unido a otras acciones dirigidas a generar un marco normativo adverso para este trabajo y para la defensa y el ejercicio efectivo de derechos humanos”, señala el informe.