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Para Carlos Fernando Chamorro, periodista y director de Confidencial, una revista que fue allanada y ocupada por la fiscalía de Nicaragua, “el asalto y confiscación del medio de comunicación son síntomas de que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo está en estado terminal”.
Aunque las protestas en contra del gobierno nicaragüense comenzaron el 18 de abril y dejaron un saldo de entre 325 y 545 muertos, según organismos de derechos humanos, en las últimas semanas se han multiplicado las acciones en contra de críticos y opositores.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y doce países del continente alertaron sobre un aumento de la represión en Nicaragua. La respuesta de Ortega y su vicepresidenta y esposa fue revocar la personalidad jurídica de nueve organizaciones no gubernamentales y tomarse empresas y medios de comunicación críticos.
Este miércoles, Ortega suspendió el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) y sacó del país al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) por “injerencistas y golpistas”. Lea también: Lo que Daniel Ortega le aprendió a Somoza
Según el canciller nicaragüense, Denis Moncada, “la actitud de Almagro contra Nicaragua explica el comportamiento de la CIDH, Meseni y el GIEI, que se constituyeron en una plataforma de divulgación de información falsa para promover en el ámbito internacional sanciones en contra de nuestro país”.
El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró a Nicaragua como una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, sancionó a la vicepresidenta Murillo, al jefe policial nicaragüense, a un asesor de seguridad de Ortega y otros dos altos cargos, y amenazó con congelar los préstamos que se otorgan a través de los organismos multilaterales. El ministro de Asuntos Exteriores español, Josep Borrell, abogó por que la comunidad internacional imponga sanciones al gobierno de Ortega por la “sanguinaria represión”.
Chamorro explicó en el programa Café con Voz que “la confiscación ilegal de empresas privadas y la anulación de personerías jurídicas a ONG críticas vienen a sumarse al nefasto saldo de la represión: más de 325 muertos, miles de heridos, al menos 565 presos políticos identificados y un éxodo de alrededor de 50.000 personas que se refugian en Costa Rica”. Es la nueva etapa de la represión, motivada, a juicio de Chamorro, por las sanciones impuestas por Estados Unidos
El periodista, que se convirtió en una piedra en el zapato para Ortega, dijo en esa entrevista que “es difícil saber a dónde quiere llegar Ortega”. El GIEI había programado para este jueves, en Managua, la presentación de un informe de 460 páginas sobre los descubrimientos arrojados por su investigación en torno a los asesinatos ocurridos en el período del 18 de abril al 30 de mayo, cuando la represión se desbordó. El organismo dijo que presentará el informe este viernes en Washington. “Ningún otro Estado de la región ha producido el número alto de víctimas fatales como Nicaragua este año. Esta situación debería ser considerada prioritaria por todos”, declaró Paulo Abrão en una entrevista con Efe. Y agregó: “Para mí está claro un deterioro del Estado de derecho en Nicaragua”.
La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, manifestó al diario La Prensa, de ese país, que con la expulsión del Meseni y GIEI la población queda más indefensa y desprotegida, sin instancias en las cuales denunciar los crímenes y sin fiscalización de lo que pasa en el país. Sin el Meseni y la GIEI las víctimas se quedan sin instancias que al menos les daban la satisfacción de escucharlos y registrar sus casos, según la defensora de derechos humanos.
Ortega no admite responsabilidad en las muertes durante la represión de las manifestaciones e insiste en que salió “victorioso” de un intento de “golpe de Estado”, aunque la Acnudh y la CIDH lo han desmentido. Le recomendamos: Daniel Ortega, el liberador que se volvió un dictador
Resurge la protesta
El gobierno Ortega-Murillo termina el año 2018 en medio de un aislamiento internacional y confrontado internamente con el sector privado, la Iglesia católica, organizaciones civiles, estudiantes, campesinos, organismos de derechos humanos y medios de comunicación, y con una fuerte contracción económica, la peor de los últimos 12 años.
Por eso, la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco de Nicaragua comenzó ayer una “huelga ciudadana” de 24 horas para exigir la salida del presidente, que lleva 11 años en el poder.
Esas acciones son “actos desesperados” de Ortega y un intento por “demostrar que está fuerte y que las presiones externas no le causan mella”, dijo a la AFP José Pallais, que fungió como canciller durante el gobierno de Enrique Bolaños (2002-2007).
“El régimen de Daniel Ortega puede insistir cuanto quiera en su falacia de la intentona golpista. Pero la comunidad internacional no se lo creerá. Más bien está aumentando la presión sobre la dictadura, para que deje de reprimir y violar los derechos humanos y que vuelva a la mesa del diálogo, para acordar allí una solución democrática de la crisis”, pide el diario La Prensa en su editorial. Le puede interesar: Trump ejerce presión contra Ortega y limita acceso de Nicaragua a préstamos internacionales
Según Abrão, “hoy (jueves) la Policía está prohibiendo manifestaciones; el Congreso está cancelando el funcionamiento de ONG; hay reglas nuevas que afectan la iniciativa privada y las agremiaciones empresariales; hay restricciones de acceso a las audiencias públicas judiciales previstas en la propia Constitución del país”.
“Cada día nos estamos aislando más y la comunidad internacional ha estado pendiente y denunciando todos los atropellos y violaciones de derechos humanos”, concluyó Pallais.