HRW pide sanciones contra gobierno de Nicaragua tras revelador informe

Rosario Murillo, vicepresidenta y primera dama de Nicaragua, junto a su esposo, Daniel Ortega, mandatario del país. / AFP

Human Rights Watch (HRW) pidió este miércoles a la Unión Europea (UE) y los países de América que sancionen y enjuicien por torturas al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y otros altos cargos, a los que responsabiliza de un "patrón de abusos sistemáticos" contra los activistas.

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La ONG presentó hoy un informe, titulado "Brutal represión", en el que exige responsabilidades a siete altos cargos del Ejecutivo nicaragüense -incluido Ortega- por los "abusos aberrantes" que supuestamente perpetraron desde abril de 2018, cuando comenzaron unas protestas que han dejado centenares de muertos.

Para el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, el mandatario nicaragüense y su esposa, la vicepresidenta, Rosario Murillo, son los "máximos responsables" de los abusos.

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En opinión de Vivanco, una de las maneras más efectivas de presionar a la pareja presidencial es el "bolsillo", es decir, implementar un cerco económico a nivel internacional que congele cualquier activo financiero fuera de las fronteras de Nicaragua y que, incluso, les impida viajar a otros países.

En su reporte, HRW reclama el mismo castigo para otros seis altos cargos, incluido el jefe de la Policía Nacional, Francisco Díaz; el subdirector, Ramón Avellán, y el inspector general de la Policía Nacional, Justo Pastor Urbina, que jugó un "papel central" en la "represión".

Asimismo, el grupo propone a las naciones signatarias de la Convención contra la Tortura de la ONU que, en la medida en que lo permita su sistema de derecho interno, hagan un esfuerzo para juzgar a los acusados de torturas aplicando el principio de justicia universal. A juicio de Vivanco, esa acción permitiría poner fin a la "impunidad", que se ha convertido "en la regla".

De hecho, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) de la ONU ha indicado que, según la información disponible, solo se ha dictado una condena contra un miembro de una banda armada partidaria del Gobierno y no se ha iniciado ninguna investigación contra miembros de la Policía por supuestos abusos.

"Lo que ocurre -argumentó Vivanco- es que la Policía nicaragüense es, junto a unos delincuentes parapoliciales, uno de los principales responsables de la comisión de hechos atroces, que van desde ejecuciones y desapariciones hasta torturas, en un tiempo récord y frente a una población indefensa".

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En su reporte, la ONG detalla que, durante 2018, la Policía nicaragüense obtuvo aproximadamente 3 millones de dólares, de los que solo 14.600 dólares provinieron de las arcas del Estado, mientras que la UE aportó 1,2 millones de dólares y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) dio 1,6 millones.

Además, HRW asegura que la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) de España donó unos 220.000 dólares. Una vez que comenzó la crisis en Nicaragua, la UE y la AACID suspendieron sus ayudas.

En concreto, en mayo, la UE canceló un programa de cooperación policial que había comenzado en 2014, anunció que no prorrogaría el proyecto destinado a la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado y, además, pidió al Ejecutivo nicaragüense que devolviera los 3,5 millones que no había ejecutado.

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Mientras tanto, un representante de la AACID informó a HRW que la agencia no efectuó ningún desembolso en abril de 2018 (cuando comenzaron las protestas) y tampoco en mayo ni junio y, además, en julio suspendió el proyecto, destinado a fortalecer las actividades policiales de prevención dirigidas específicamente a jóvenes.

HWR elaboró su informe a partir de entrevistas a 75 personas, incluidas 17 presuntas víctimas de violaciones de derechos humanos atribuidas a la Policía y las bandas armadas, 21 familiares de víctimas y 34 testigos.

Nicaragua atraviesa desde abril de 2018 una grave crisis que ha dejado 325 muertos, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos locales elevan esa cifra a 593, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado