El Espectador le explica: ¿Hubo abuso de fuerza en el operativo contra guerrilla paraguaya?

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El asesinato de dos niñas de 11 años en medio de un operativo contre un grupo guerrillero en Paraguay tiene conmocionada a la sociedad civil. Numerosos expertos afirman que hubo un abuso de fuerza por parte de las autoridades.

La Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) nació en Paraguay poco después del 2008, cuando se fundó el grupo guerrillero Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). La intención del estado era que dedicara sus esfuerzos para desaparecer a los miembros del grupo armado. La muerte de dos niñas de once años en un campamento de EPP durante una operación contra esta guerrilla puso a la FTC en el ojo del huracán, pues numerosas organizaciones han denunciado el “uso irracional de la fuerza” y pidieron una investigación para esclarecer los hechos.

Abusos y desaciertos

Según Martens, la FTC viene demostrando una cadena sucesiva de “malas actuaciones” y abusos que impiden el apoyo de la población de las áreas en las que opera. “La impericia generalmente les lleva al uso irracional de la fuerza y como no manejan bien la información generalmente disparan a matar, no a neutralizar como les exige el cumplimiento de las normas internacionales”, indicó.

El Instituto Comparado en Ciencias Penales (Inecip-Paraguay), que dirige Martens, completó en 2019 un estudio que denunciaba abusos, torturas y ejecuciones extrajudiciales en las áreas rurales donde está destinada la FTC. Martens resaltó que esta fuerza comenzó su labor desde un planteamiento erróneo al instalarse en propiedades de productores agroganaderos, uno de los objetivos de la guerrilla.

“Se instalaron en estancias, entonces la gente creyó que estaban al servicio de los ganaderos, y sus primeras acciones fueron contra las organizaciones campesinas”, señaló al enfatizar que ello es una barrera para enfrentar a unos guerrilleros que están plenamente identificados.

“Se sabe quienes son, pero hay tanta poca colaboración con el Estado por estos abusos constantes y usos irracionales de la fuerza, entonces antes que colaborar la gente prefiere callar”, expresó.

En cuanto a la muerte de las dos menores, Martens apuntó a elementos que siembran dudas en el operativo, como los disparos en la espalda de una de ellas, o al hecho de que la Fiscalía ordenara la destrucción de evidencias como las ropas que vestían en el momento de su fallecimiento.

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Así como el que se realizara un examen forense de urgencia que estableció las edades en entre 15 y 17 años, versión sostenida por el Gobierno hasta que el comunicado de la Cancillería argentina motivó un segundo análisis, tras la exhumación de los cuerpos, y que ratificó la edad de once años. “Son los puntos llamativos que deben ser esclarecidos”, indicó.

Replantear el futuro de la FTC

En el plano organizativo, Martens insistió en la falta de coordinación interna de la FTC, con unos 1.500 efectivos y un presupuesto de 14 millones de dólares al año para combatir al EPP. “Los policías actúan por un lado, los militares por otro y tienen un presupuesto de 14 millones al año y con todo ello se muestran incapaces de combatir a 20 personas”, aseveró.

En ese sentido, Martens aludió a “hipótesis” que hacen dudar de la “intencionalidad” de la estrategia contra la guerrilla. La FTC “termina siempre ‘perdiendo’. Entonces si leemos en contexto y retrospectiva se desvela la poca voluntad para la eliminación del EPP y por ahí surgen otras hipótesis, de que es muy rentable” la presencia armada del Estado en el norte del país.

Agregó que con otra estrategia se “tendría posibilidades de desarticular al EPP y a su base de apoyo”. “Pero no es ésa la acción, por lo que, evidentemente (la guerrilla) es útil a determinados grupos de poder, económico, sociales o políticos”, dijo.

Al respecto, el investigador reafirmó algo que ya viene siendo denunciado por grupos civiles y partidos de izquierda, que parten del origen inconstitucional de la FTC, en tanto que la Carta Magna desautoriza a los militares a intervenir en asuntos de seguridad interna.

La Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy) presentó este miércoles una nota ante el Senado para solicitar la conformación de una Comisión de Investigación que indague la muerte de dos niñas de 11 años, abatidas en un enfrentamiento entre la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) y la guerrilla Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

El Gobierno aseguró tras las muertes, ocurridas hace siete días en Yby Yaú, en el norteño departamento de Concepción, que las menores formaban parte de la guerrilla y eran hijas de algunos de sus líderes.

Para Codehupy, “el mal manejo de la situación” por parte de las autoridades y de la Fiscalía, con un entierro apresurado de los cuerpos y la eliminación de evidencias, “violan las previsiones mínimas del Protocolo de Minnesota”, modelo para la investigación de ejecuciones ilegales, así como el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño.

En este sentido, Codehupy recordó en su nota que si realmente las niñas eran parte del EPP, como sostiene el Gobierno, la obligación del Ejecutivo era rescatarlas. “El Estado estaba llamado a desmovilizarlas o separarlas, protegerlas y cuidarlas, prestando toda la asistencia conveniente para su recuperación física y psicológica, así como su reintegración social”, dice la nota presentada ante el Congreso.

El secretario ejecutivo de Codehupy, Óscar Ayala, encargado de presentar la nota, denunció que la respuesta del Estado “para combatir estos grupos ilegales” resultó “ineficiente”, “inconstitucional” y, además, supuso una “violación de derechos”.

Investigación a la FTC y a la Fiscalía

Ante las incógnitas que dejó este operativo, la Codehupy subrayó la necesidad de una investigación “más exhaustiva” tanto “de dicha articulación de las fuerzas públicas (FTC)” como de los “agentes del Ministerio Público”. Asimismo, Codehupy abogó por derogar la ley de creación de la FTC, aprobada en 2013, durante el Gobierno de Horacio Cartes, del Partido Colorado (2013-2018), y que daba luz verde a la conformación de una unidad integrada por militares y policías para combatir al EPP.

Según argumentó Codehupy en su nota, la ley de creación de la FTC y el decreto que sirve de marco legal son incompatibles con varios artículos de la Constitución, entre ellos el que excluye a los militares de asuntos de seguridad interna. “En términos de Derechos Humanos, la verdadera justicia es que hechos de este tipo no se repitan, y en ese sentido tal vez una de las primeras tareas es abordar la derogación de la ley que modificó la Ley de Defensa Nacional y que ha permitido la participación de militares en tareas de seguridad interna”, apuntó Amarilla.

Las muertes de las menoresprovocaron el rechazo de organizaciones de derechos humanos y pedidos de investigación por parte del Gobierno de Argentina, que el viernes comunicó que las niñas tenían esa nacionalidad. También se han señalado las irregularidades de la Fiscalía, que ordenó la quema de las prendas que llevaban las menores y procedió a su entierro sin haberlas identificado.

Protestas en Argentina

Un grupo de manifestantes se concentró este miércoles ante la embajada de Paraguay en Buenos Aires para mostrar su repudio por la muerte de dos niñas argentinas. Los asistentes llegaron a una embajada acordonada por la policía, con pancartas y fotos del presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, con la palabra “asesino”, y leyeron por megafonía un comunicado dirigido al embajador de Paraguay en Argentina, Julio César Vera Cáceres, firmado por 30 organizaciones sociales.

“Repudiamos y denunciamos, nacional e internacionalmente, el accionar criminal del Estado paraguayo que asesinó a 2 niñas de 11 años, de nacionalidad argentina, presentadas como guerrilleras a la opinión pública, el pasado miércoles 2 de septiembre en la estancia ‘El Paraíso’, ubicada en la ciudad de Yby Yaú, en el departamento de Concepción, al norte de la República del Paraguay”, destaca el comunicado.

En el texto también piden a la Cancillería argentina “que asuma la responsabilidad en la defensa del caso de las menores, que se encargue de la repatriación de sus cuerpos”, y solicitan la renuncia del presidente Benítez.

“Estas niñas fueron presentadas como supuestas guerrilleras, hay un montaje absoluto por parte del Gobierno de Mario Abdo Benítez y es lo que venimos a denunciar, queremos que se investigue lo que pasó”, señaló a Efe Lila, migrante paraguaya en Argentina e integrante de la Secretaría de Trabajadores Migrantes y Refugiados.

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