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La migración venezolana sigue siendo un reto inminente para los países de la región. Human Rights Watch, consciente de la situación, envió a Ecuador su director para las Américas, José Miguel Vivanco, para evaluar la situación y facilitar, en la medida de lo posible, la llegada de las personas que salgan de Venezuela.
"Si lo que se exige es simplemente intentar regularizar mejor su situación y que concurran a los consulados que existen en Venezuela, o que se identifiquen en las fronteras, a mí no me parece que eso contradiga ningún estándar internacional", refirió el responsable de la ONG en una entrevista con Efe en Quito.
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Pero Vivanco subrayó que "lo importante es que no se hagan exigencias de imposible cumplimiento, porque allí estamos entonces frente a una política donde veladamente se está buscando que ya no ingresen más venezolanos".
Y en este sentido recordó que en la actualidad no es posible conseguir documentos en Venezuela, lo que no impide que aquellos venezolanos que estén saliendo del país puedan completar en los países a los que llegan formularios con información que eventualmente pueda servir para "registrarlos y permitir incluso que gocen de algunos derechos básicos" como salud o educación.
El directivo para la región de HRW se reunió ayer con el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, tras verse en los últimos días con representantes de la Corte Constitucional y participar en un debate acerca de la despenalización del aborto en el país en caso de violación.
Su organización exhortó en mayo pasado a Ecuador a que protegiera los derechos de los migrantes venezolanos, a raíz de una medida cautelar interpuesta por la Corte Constitucional local que dejaba en suspenso la solicitud de requisitos tales como antecedentes penales apostillados para poder ingresar en el país.
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Moreno aseguró esta semana en una intervención en Guayaquil, con motivo de la inauguración de la Asamblea Anual de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que en la actualidad medio millón de venezolanos viven en el país.
El mandatario adelantó en mayo que cuando su país complete su salida de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) procedería a exigir una visa humanitaria a los migrantes procedentes de Venezuela, siguiendo el ejemplo aplicado recientemente por Perú.
De momento no ha trascendido en qué consistirá ese requisito que ha sido acogido con beneplácito por el embajador designado por el presidente del Parlamento de Venezuela, el opositor Juan Guaidó, pero que provoca incertidumbre entre las asociaciones de venezolanos, que temen que pueda convertirse en una restricción solapada al acceso de nuevos migrantes.
Vivanco sostiene que jurídicamente "existe el derecho humano a emigrar, uno no está obligado a vivir dentro de ciertas fronteras, así como el derecho humano a conseguir refugio cuando hay evidencias y antecedentes de persecución en su lugar de origen". Pero aclara que existe un debate acerca de cuál debería ser el enfoque en casos de crisis humanitarias como la venezolana.
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"Nosotros sí creemos que la catástrofe que se vive en Venezuela da para que los Estados de la región y otros ofrezcan posibilidades de refugio también a esas familias", comentó. Recordó que existe "consenso y conciencia" de que la situación en Venezuela es una emergencia humanitaria, lo que obliga "en términos prácticamente masivos a emigrar".
Venezuela afronta una grave crisis económica, agravada por la escasez de comida, medicinas, productos básicos y servicios como electricidad o agua potable, inseguridad, que ha llevado a más de 4 millones a dejar su país y engrosar el movimiento más grande y rápido de personas desplazadas en la historia reciente de Latinoamérica.
Ante esta situación, Vivanco reconoce, por otra parte, que los Gobiernos en América Latina "han tenido una posición bastante positiva a pesar de las dificultades de tipo económicas" a la hora de acoger "a los venezolanos que huyen del régimen de Maduro".