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El gobierno independentista de Cataluña aseguró este lunes tener preparada su propia agencia fiscal ante una posible separación del resto de España tras el referéndum que prevén celebrar el 1 de octubre, declarado ilegal por la justicia española.
El presidente regional Carles Puigdemont y su vicepresidente Oriol Junqueras presentaron en Barcelona el despliegue de la Agencia Tributaria de Cataluña, un pequeño organismo que fue reforzado en los últimos meses de cara a una hipotética secesión.
"Hoy ponemos las estructuras necesarias para que Cataluña esté preparada para hacer posible la voluntad que expresen los catalanes en el referéndum del 1 de octubre", dijo Puigdemont en rueda de prensa.
El miércoles el parlamento de esta región nororiental, de mayoría independentista, debería aprobar una ley para regular dicho referéndum, que será convocado inmediatamente después por parte del gobierno catalán.
Desde Madrid, el ejecutivo del conservador Mariano Rajoy está resuelto a impedirlo y tiene listo también todo su arsenal jurídico que incluso prevé la suspensión de Puigdemont y otros dirigentes independentistas.
Para ellos, la agencia fiscal es una herramienta clave para poder declarar la secesión si celebran y ganan el referéndum.
Hasta ahora, su estructura era reducida dado que el gobierno regional solo recauda un 5% de los tributos en Cataluña, mientras que el resto corre a cargo de la administración estatal, que después lo reparte entre las diferentes regiones.
Pero tras la llegada de Puigdemont al gobierno en 2015, su personal pasó de 321 a 800 trabajadores y ampliaron sus oficinas de 4 a 32. Además, desarrollaron un nuevo programa informático que debe permitirles asumir todo tipo de impuestos en cuestión de meses.
"La voluntad de este despliegue es tener la capacidad de gestionar impuestos de carácter masivo y periódico", dijo Junqueras.
A pocas semanas de la supuesta votación, en las que la participación será fundamental de cara a obtener alguna legitimidad internacional, Puigdemont aprovechó para intentar convencer a los catalanes contrarios a la secesión prometiendo un administración tributaria "más cercana", "más justa" y "colaborativa" con el ciudadano.
En julio, una encuesta encargada por el gobierno regional indicaba que el 49,4% de los catalanes estaba en contra de la independencia, y un 41,06% a favor.