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La inmigración: ¿un problema?
El pasado 11 de enero los medios nacionales e internacionales divulgaron la despectiva pregunta de Donald Trump: “¿Por qué tenemos a toda esa gente de esos países de mierda llegando aquí?”. La deportación de los inmigrantes indocumentados y la reducción de los refugiados e inmigrantes autorizados han sido temas obsesivos para Trump. Los defensores de las políticas antimigratorias en Estados Unidos han llegado a afirmar que los inmigrantes son un problema.Hoy, la situación es devastadora: la actitud segregacionista del gobierno ha provocado que los once millones de inmigrantes indocumentados sean víctimas de precariedad laboral, aislamiento social, falta de protección legal frente al crimen y privación de los servicios de salud y educación.
La burocracia contra inmigrantes
Para llevar a cabo sus estrategias antimigratorias Trump ha construido lo que el Chicago Tribune denomina “la barrera burocrática a la inmigración”. Algunos elementos de esta barrera son la reducción del 60 % en el número de refugiados aceptados anualmente, una política agresiva de deportaciones, la suspensión durante seis meses de programas de reasentamiento de refugiados, la eliminación de la opción rápida de ciudadanía para soldados voluntarios, la prohibición a ciudadanos de países musulmanes de viajar a Estados Unidos y la construcción de un muro en la frontera mexicana.También están la consolidación de bases de datos compartidas entre agencias de inmigración y departamentos locales de policía, la participación de funcionarios estatales y municipales en la persecución de indocumentados, la propuesta de reducir las visas de residente de un millón a medio millón al año, la propuesta de aumentar el número de jueces de inmigración, los centros de detención y los guardias fronterizos. Esto es apenas el reflejo de los esfuerzos de Trump para eliminar algunas legislaciones que buscaban amparar a los inmigrantes en Estados Unidos.
Las políticas pro inmigrantes, en peligro
Ejemplos de estas iniciativas pro inmigrantes son el Daca, el Dapa, el TPS, las ciudades santuario y el pacto mundial sobre migración. El programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (Daca, por sus siglas en inglés) fue creado por la administración Obama para amparar a cerca de 800 mil inmigrantes jóvenes llegados al país antes de cumplir los dieciséis años.El programa buscaba aplazar la deportación, brindar permisos para trabajar y facilitar el ingreso de estos jóvenes a la universidad. Para recibir estos beneficios, los jóvenes inmigrantes entregaron al gobierno su información personal, incluyendo su domicilio y el de sus padres. Trump, en su campaña presidencial, llamó a esta iniciativa una “amnistía ilegal” y prometió ponerle fin. Así, el presidente ordenó el cese del programa a partir de abril de 2018, lo que probablemente será aprobado por el Congreso de mayoría republicana.
La Acción Diferida para Padres de Estadounidenses y Residentes Legales Permanentes (Dapa, por sus siglas en inglés) fue creada también por la administración Obama en 2014 con el fin de aplazar la deportación de los inmigrantes indocumentados cuyos hijos fueran ciudadanos o residentes legales de Estados Unidos. Demandado por ilegal, fue suspendido por el juez de conocimiento. El pasado junio el régimen de Trump desistió de defenderlo en la corte y lo terminó formalmente.
El Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), creado también por la administración Obama, protege a 320 mil inmigrantes indocumentados por haber nacido en alguno de los diez países contemplados en la ley: lugares que han sufrido desastres tan grandes que se les dificulta recibir a sus ciudadanos. El 69 % de los beneficiados están empleado, participa en actividades cívicas y tiene un total de 275 mil hijos nacidos en Estados Unidos, los cuales tienen derecho a la ciudadanía.
La repatriación de los padres rompería la unidad familiar. La mayoría son originarios de Haití, El Salvador y Honduras. El gobierno ha decidido que las condiciones de vida de los países de origen han mejorado y que los beneficiarios del programa pueden regresar a favorecer a sus países con las habilidades y los principios aprendidos en Estados Unidos. Así, el gobierno adelanta acciones para terminar el programa.
Por otra parte, la presión del régimen trumpiano sobre los inmigrantes ha llevado a gobernantes estatales y municipales a declarar sus jurisdicciones como santuarios. Los líderes se rehúsan a colaborar con el gobierno federal en la búsqueda y deportación de inmigrantes indocumentados. En represalia, el régimen ha amenazado con suspender transferencias presupuestales del gobierno federal a los gobiernos locales. Pero un juez determinó que el Gobierno no puede cambiar la destinación de fondos presupuestados por el Congreso.
En el ámbito mundial, la asamblea general de Naciones Unidas aprobó en 2016 una declaración de derechos y garantías para inmigrantes y refugiados, y puso en marcha la preparación de un tratado mundial que haga la migración “segura, regular y ordenada”. Trump ha ordenado el retiro de Estados Unidos de esta iniciativa, alegando que esta no es compatible con la soberanía nacional y que no coincide con las políticas del gobierno.
Violencia y discriminación
El gobierno de Trump ha alentado las voces de odio y los actos de violencia, además de afirmar y crear prejuicios raciales contra sus opositores. Por ejemplo, el Centro para el Estudio del Odio y el Extremismo de la Universidad del Estado de California reportó 827 crímenes de odio en 13 ciudades mayores en el año 2017. Por su parte, el Centro Legal sobre Pobreza en el Sur considera que Trump ha abierto las puertas al extremismo al consultar algunas políticas con grupos xenófobos y al nombrar personas racistas para cargos en el gobierno. Trump ataca a los inmigrantes como criminales haciendo uso del poder emocional que tienen algunos crímenes aislados para demostrar el supuesto peligro que representan 11 millones de indocumentados. En el régimen de Trump el odio y la discriminación son el premio de consolación de los problemas reales que aqueja la población.* Abogado, economista y analista de Razón Pública.
Este texto es publicado gracias a una alianza entre El Espectador y el portal Razón Pública. Lea el artículo original de Razón Pública aquí.