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La Justicia chilena rechazó este jueves una demanda civil en contra del Arzobispado de Santiago por 450 millones de pesos (unos 678.000 dólares) presentada por tres víctimas de un cura pederasta. (Lea: Cura culpable de pederastia en Chile vuelve a negar abusos sexuales)
Según fuentes judiciales, el juez Juan Muñoz Pardo rechazó la demanda presentada por Juan Carlos Cruz, José Andrés Murillo y James Hamilton, todos tres víctimas del sacerdote Fernando Karadima, considerado por el Vaticano culpable de cometer abusos sexuales y condenado a una vida de oración y penitencia.
Muñoz había solicitado antecedentes a la Iglesia chilena y al Vaticano para cerrar una investigación en la que declararon más de 30 personas, entre ellas los cardenales Francisco Javier Errázuriz y Ricardo Ezzati, además del propio Karadima.
Los demandantes pretendían ser indemnizados por la presunta "negligencia sistemática e ignorancia deliberada" de las autoridades de la Iglesia católica al momento de enfrentar los casos de abusos de que fueron víctimas, además de disculpas públicas por actos de encubrimiento ante las denuncias de abuso.
Frente a las denuncias de las víctimas sobre el conocimiento del Arzobispado de los delitos que cometió Karadima, el juez Muñoz concluyó que "no resulta posible configurar encubrimiento de los abusos sexuales de Karadima por parte del Arzobispado, ya que no hay prueba alguna a su respecto".
Fernando Karadima, titular desde 1984 de la parroquia santiaguina de El Bosque, situada en uno de los barrios más acomodados de la capital chilena, forjó durante años sólidos nexos con sectores de la elite política y económica del país suramericano. El prelado octogenario, que formó a cinco obispos chilenos y a casi medio centenar de sacerdotes, fue considerado en febrero de 2011 por el Vaticano culpable de cometer abusos sexuales y lo condenó a una vida de oración y penitencia.
Además, en noviembre de ese mismo año, la Justicia chilena determinó que el religioso cometió abusos contra cuatro feligreses entre 1981 y 1995, cuando tres de ellos (Juan Carlos Cruz, James Hamilton y José Andrés Murillo) eran menores de edad, aunque consideró que los delitos habían prescrito.