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La Corte Suprema de Perú decidirá el viernes si libera o no a la líder opositora Keiko Fujimori, en prisión desde hace nueve meses, mientras el país debate una propuesta del presidente Martín Vizcarra de adelantar las elecciones.
"La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema tiene previsto leer la sentencia durante una audiencia que se celebrará a partir de las 9 de la mañana, dijo a la AFP una fuente judicial.
Keiko, de 44 años, no estará presente en el tribunal y seguirá la audiencia por teleconferencia desde la prisión de mujeres de Chorrillos, al sur Lima, donde cumple 36 meses de prisión preventiva desde el 31 de octubre pasado.
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Si el tribunal declara fundada su apelación, Keiko quedará libre en el transcurso del día, pero en caso contrario seguirá en prisión aunque puede recurrir después ante el Tribunal Constitucional, como una última instancia.
Keiko es líder del partido que domina el Congreso peruano y ha sido dos veces candidata presidencial (2011 y 2016). Casada con un estadounidense, tiene dos hijas y es la primogénita del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), quien también está preso.
De salir en libertad, Keiko estaría habilitada para competir en las próximas elecciones, que Vizcarra propuso adelantar para abril de 2020, un año antes de lo previsto.
La Sala de la Corte Suprema que decidirá el futuro de la líder fujimorista está integrada por cinco magistrados, presididos por Hugo Príncipe.
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De bajo perfil mediático, Príncipe es uno de los tres jueces que integró el tribunal que en 2009 sentenció a 25 años de cárcel a Alberto Fujimori por crímenes contra la humanidad perpetrados bajo su gobierno.
El fujimorismo, movimiento populista de derecha con rasgos autoritarios que apuesta por el libre mercado, es la principal fuerza electoral desde 2016 y controla el Congreso peruano.
Keiko, quien manejaba desde las sombras los hilos del Congreso peruano, según revelaron los chats grupales de los líderes de su partido, fue enviada a prisión preventiva por el juez Richard Concepción Carhuancho al acoger una solicitud de la fiscalía anticorrupción.
La fiscalía la acusa de lavado de dinero por presuntamente haber recibido aportes ilegales de campaña de la constructora brasileña Odebrecht, en un escándalo de corrupción que salpica a cuatro expresidentes peruanos. Ella niega los cargos.