Keiko Fujimori: un año de prisión en el que lo perdió todo

La "mujer más poderosa de Perú", Keiko Fujimori, cumple este jueves un año en prisión tras caer desde la cima del poder debido a errores propios y a las investigaciones de un fiscal implacable.

Mercedes Palomino / Efe
31 de octubre de 2019 - 10:50 p. m.
Keiko Fujimori, líder opositora y primogénita del también encarcelado expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) dirigía desde las sombras los hilos del poder en Perú.
 / EFE
Keiko Fujimori, líder opositora y primogénita del también encarcelado expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) dirigía desde las sombras los hilos del poder en Perú. / EFE

Tenía en jaque al entonces presidente de la República; tenía una bancada mayoritaria en el Congreso, con un hermano congresista de mucha popularidad incluido; tenía todo, sobre todo su libertad, y desde hace un año parece que Keiko Fujimori, la líder del fujimorismo, ya no tiene nada.

Enfrascada en lograr ser la primera mujer presidenta del país, no valoró el importante poder que ostentaba desde el Legislativo como líder de un partido con abrumadora mayoría y se concentró más en sus puyas contra el Ejecutivo hasta que la bomba del escándalo Odebrecht explotó en 2017 y le alcanzó con una anotación "aumentar keiko para 500 e eu fazer visita".

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Hasta entonces, acusaciones sobre la financiación de sus estudios universitarios como hija del encarcelado expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), o los presuntos aportes irregulares a su campaña electoral de 2011, habían tenido apenas impacto.

La dos veces candidata presidencial salía a desmentir sin que nada le sacara un gesto de incomodidad.

"Lo digo por enésima vez: ni Fuerza Popular ni yo hemos recibido dinero de Odebrecht", escribió Keiko Fujimori en su momento de mayor gloria en 2017, protegida desde la ventana de una red social, sin dar declaraciones a medios.

Lo que Odebrecht se llevó

No obstante, el Ministerio Público formalizó en agosto de ese año una investigación contra Fujimori y sumó cada vez más pruebas, como la miríada de supuestos donantes a la causa presidencial fujimorista en 2011 que negaron haber pagado un sol.

Sin donantes, pero con millonarias cifras en papel que acompañaban los dichos de Odebrecht sobre el pago a Fujimori, el fiscal José Domingo Pérez pidió el 10 de octubre de 2018 su detención preliminar.

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La acusación: haber formado una organización criminal en el seno del partido Fuerza Popular para blanquear dinero recibido irregularmente de Odebrecht.

La detención fue anulada en una semana, pero al poco Pérez solicitó una prisión preventiva que fue aceptada el juez Richard Concepción, quien consideró que sí existen sospechas graves sobre la participación de Fujimori en ese delito.

La defensa de Fujimori ha insistido en su inocencia y clama para que recupere su libertad, pero de momento solo han obtenido una reducción de la prisión preventiva de 36 a 18 meses, con lo que podría salir en libertad el 30 de abril de 2020, si es que el Ministerio Público no presenta una acusación formal en su contra antes.

Una realidad muy distinta

Cuando culmine el periodo de prisión preventiva, si es que Keiko Fujimori recupera su libertad, se encontrará con un panorama muy distinto al que dejó.

En primer lugar, no podrá revertir el daño político que le causó su prisión preventiva mediante acciones legislativas populares, debido a que el 30 de septiembre pasado el presidente Martín Vizcarra disolvió el Congreso de manera constitucional.

La poderosa arma que constituían los 73 diputados que obtuvo en las elecciones de 2016 quedó destruida por rencillas internas y sobre todo por una actitud que obedecía más los intereses personales que los generales del país.

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El intento del Congreso fujimorista por desbarrancar las investigaciones contra su líder pasó por encima de una opinión pública cada vez más hastiada con corruptores y corruptos y que finalmente se lo hizo saber apoyando masivamente la disolución de la cámara.

La imponente figura de Alan García, el líder del partido Aprista peruano y quien fuera su aliado en el Congreso, tampoco está.

García se quitó la vida en abril pasado cuando iba a ser detenido por el caso Odebrecht, un disparo que también dañó a la defensa de Fujimori, ya que fue interpretado, salvo por los seguidores más fieles, como una confesión de parte.

Pero lo más grave igual será verse en el espejo de las simpatías populares, en el que si ya se reflejaba debilitada en agosto de 2018 con un 14 % de aprobación, ahora, según una encuesta de Datum, Fujimori solo alcanza un 5 % de intención de voto para las elecciones presidenciales de 2021.

¿Síndrome de Caín?

Otro de los problemas al que tendría que enfrentar la mayor de los Fujimori si llegase a salir de prisión, es la mala relación con su hermano Kenji Fujimori, cada vez más insalvable, y que en los últimos días llevó a que el encarcelado Alberto Fujimori envíe una carta pública para pedir su unión.

Kenji fue expulsado del partido y de su cargo de diputado tras una maniobra orquestada por Keiko y sus seguidores en el Congreso.

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Ese paso se cobró también la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski y determinó que Alberto Fujimori regresara a la prisión de donde había salido poco antes con un irregular indulto que no soportó la destitución del presidente que lo otorgó.

"Esta desunión que afecta más aún mi estado de salud, no puede continuar por lo que les pido a todos los que me aprecian para que me apoyen en el gran reto de unir a mis hijos", escribió Fujimori desde prisión, donde viene cumpliendo una condena de 25 años de cárcel por graves delitos a los derechos humanos.

Keiko respondió a su padre de la misma manera y se mostró optimista en recuperar la relación con su hermano, quien desde que fue separado del fujimorismo, ha pasado a un retiro político voluntario.

"Estoy segura que no es la primera, ni será la ultima vez que algunos intenten separarnos, pero hoy más que nunca estoy convencida que estar unidos es lo más importante", escribió la política.

Por Mercedes Palomino / Efe

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