La CIDH pide que se juzgue a Venezuela por tres ejecuciones

La Comisión le presentó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) un caso sobre la ejecución extrajudicial de dos hermanos y su padre.

Una milicia se reunió en Caracas para celebrar el quinto aniversario de las milicias bolivarianas en Caracas. Archivo Agencia Anadolu

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la Corte IDH un caso sobre la presunta responsabilidad del Gobierno de Venezuela en las ejecuciones extrajudiciales de los hermanos Robert Ignacio y David Octavio Díaz Loreto, y de su padre Octavio Ignacio Díaz Álvarez.

La CIDH concluyó en un informe que unos funcionarios policiales del Cuerpo de Seguridad y Orden Público del estado Aragua (Csopea), en Venezuela, fueron los responsables de las ejecuciones ocurridas el 6 de enero de 2003.

“Este caso pone de manifiesto una vez más el contexto de las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela por parte de las policías regionales, con especial incidencia en el estado Aragua y con un modus operandi claramente definido”, informó la CIDH.

La organización se refiere a una denuncia sobre el operativo de la Csopea, que se dirigió a una zona en Aragua para atender un presunto asalto.

En el informe la CIDH aseguró que 12 funcionarios venezolanos ingresaron a la residencia de la familia Díaz Loreto y procedieron a atar e intentar introducir en una unidad policial a Robert Ignacio Díaz, quien recibió un disparo en su pierna izquierda después de poner resistencia a su traslado.

La Comisión informó que Robert Ignacio fue llevado a un lugar distante, donde se encuentra un canal de descarga de agua negra, en donde le sumergieron la cabeza hasta causarle la muerte.

La investigación de la CIDH también indicó que David Octavio Díaz y su padre, Octavio Ignacio Díaz, salieron en búsqueda de Robert Ignacio cuando fueron interceptados por una unidad del mismo cuerpo policial, cuyos funcionarios les ordenaron que se bajaran del automóvil y luego los asesinaron mediante varios disparos.

La CIDH comunicó que los familiares de los fallecidos recibieron amenazas y “que tanto las ejecuciones extrajudiciales como los eventos posteriores se encuentran en la impunidad”.

La organización aseguró que el Gobierno de Venezuela no dio una explicación satisfactoria sobre el caso y que al momento de iniciar el operativo no existía una amenaza inminente que justificara el uso de la fuerza letal.

El caso pone de presente la situación de impunidad en la que quedan estos hechos”, concluyó la CIDH.