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La situación para los migrantes llegados a las costas griegas se complica. De acuerdo con la agencia The New Humanitarian, hasta noviembre de este año 44.000 personas han cruzado el mar Egeo desde Turquía hacia las islas griegas en busca de asilo, lo que supone un incremento del 30% respecto al pasado año, pero que todavía queda lejos de los años 2015 y 2016, cuando se registraron las llegadas más masivas de personas refugiadas a las costas europeas.
Filippo Grandi, titular del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), visitó la semana pasada los campos de refugiados y tachó de “miserable” la situación de los mismos, instando al gobierno griego a actuar y a Europa a doblar los esfuerzos para ayudar a los menores no acompañados que llegan al continente. "No podemos aceptar que ellos -los refugiados- vivan en tales condiciones miserables. Las condiciones son un reto y necesitan una mejora urgente", declaró el dirigente de la ONU.
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La respuesta del gobierno griego, desde su formación en el mes de julio, fue la de recrudecer la ley de asilo, que entró en vigor el pasado 31 de octubre. El texto jurídico habla de agilizar los procesos de deportación en caso de que el asilo sea rechazado y así devolver a más migrantes a Turquía bajo el paraguas del acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y el gobierno de Erdogan en marzo de 2016 para sellar la migración a través del Egeo.
El gobierno derechista de Nueva Democracia de Grecia, encabezado por Kyriakos Mitsotaki, argumenta que la agilización de los procedimientos permitirá a los refugiados facilitar su integración en la sociedad y acelerar el retorno a Turquía de aquellas personas cuyas solicitudes de asilo fueron denegadas.
Sin embargo, esto ha generado especial controversia, sobre todo entre las organizaciones en defensa de los Derechos Humanos, que destacan que el nuevo texto jurídico impulsado por el gabinete de Kyriakos Mitsotakis traerá consigo graves vulneraciones de derechos fundamentales, dificultará el acceso de las personas a la protección y dejará a miles de personas en el limbo legal y humanitario. Lo que sostienen estas asociaciones es que la nueva ley no va a cambiar la vida de los casi 100.000 migrantes que hay en estos momentos en el país heleno.
Desde el gobierno griego, habló Iásonas Pipinis, asesor del primer ministro de Grecia para Asuntos de América Latina, en conversación con El Espectador, trató algunos de los asuntos referidos a la problemática actual. Preguntado por la situación de los migrantes y refugiados en el país heleno, Pipinis alegó que “no es fácil”. “La situación en los campos de refugiados no es buena y las condiciones no son idóneas en ninguno de los campamentos, especialmente en Lesbos. El esfuerzo del Gobierno es grande y para él lo más importante y lo principal es proteger a esa gente, sus derechos humanos y mejorar las condiciones de su vida mientras estén en Grecia”.
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En referencia a la nueva ley de asilo, el dirigente evitó pronunciarse y delegó la culpa en la administración de Alexis Tsipras, alegando que el nuevo gobierno tan solo lleva ejerciendo desde el mes de julio: “La intención del Gobierno es ayudar a la gente que llega, mejorar las condiciones de su vida porque, por ejemplo, en Lesbos, donde está el campamento de Moria, las condiciones siempre han sido inhumanas. Ese es un problema dejó el Gobierno anterior y en estos meses no ha sido fácil resolverlo. El Gobierno empezó a legislar hace tres meses, por lo tanto, no es algo que se pueda solventar en tan poco tiempo”.
El traslado de las islas a otras ciudades griegas
El Ejecutivo conservador de Mitsotakis anunció el pasado 20 de noviembre un plan para llevar a cabo la clausura de los tres principales campos de refugiados de los cinco que existen en las islas griegas. La idea es que para finales de año, los migrantes sean trasladados desde Lesbos, Quíos y Samos a centros cerrados, convertidos, de facto, en centros de internamiento. También se espera el traslado de 20.000 migrantes de las islas a la Grecia continental. El gobierno defiende su medida, que ya ha sido duramente criticada por la oposición y las oenegés que trabajan en el terreno, alegando que cerrar los campos de refugiados acabará con el hacinamiento y las inhumanas e insalubres condiciones de vida en las que viven estas personas.
Los nuevos emplazamientos se situarán en los mismos lugares donde se encuentran los hotspots, los Centros de Identificación y Recepción que se consideran el primer punto para gestionar las llegadas de migrantes desde Turquía y que se construyeron tras el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía en 2016. Según el diario griego Kathimeriním, la capacidad de estos nuevos centros será de 5.000 personas por centro, lejos de los más de 27.000 migrantes que viven hacinados en las islas hasta ahora.
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Deportaciones y más control fronterizo
El gobierno griego también reforzará la seguridad en las costas. Está previsto que el nuevo Ejecutivo contrate a 800 nuevos guardacostas para patrullar en las islas y 400 agentes para que controlen el límite terrestre con Turquía con objeto de lograr unas fronteras herméticas.
Asimismo, el primer ministro se ha comprometido a deportar a 10.000 migrantes hasta finales de 2020 en el marco de la nueva ley de asilo que ya rige en el país heleno. El portavoz del gobierno, Stelios Petsas, llegó a decir que “hay que enviar un claro mensaje a quienes planean, o están pensando venir a nuestro país de manera ilegal cuando no tienen derecho al asilo”, que pone en evidencia la dura postura por la que ha optado administración.
Los defensores de los migrantes esperan que la nueva ley sea impugnada en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La crisis migratoria en Grecia se ha perpetuado debido al cierre de fronteras en los países europeos a lo largo de las rutas de migración. La cuestión de los refugiados, se ha convertido además en un foco de debate y batalla política entre el gobierno y la oposición de extrema derecha. De acuerdo con el último informe del Pew Research Center sobre el tema, las actitudes nacionalistas y xenófobas se dispararon en el país heleno desde el inicio de esta crisis social.