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Cuando su esposo decidió que su familia se mudaría de Marruecos a Siria para vivir bajo el Estado Islámico, Sarah Ibrahim no tuvo más opción que seguirlo. Después de que él desapareció —ella cree que murió durante un ataque aéreo dirigido a una prisión—, escapó con sus dos hijos.
Los capturaron el año pasado y los han retenido desde entonces en un campamento polvoriento y sofocante al noreste de Siria. Están entre los más de 2000 mujeres y niños encerrados en este tipo de campamentos, atrapados en un limbo legal y político sin ninguna salida previsible.
Sus países de origen no los quieren de regreso por temor a que puedan transmitir la ideología islamista radical. Las autoridades kurdas que administran esta zona de guerra sin gobierno no los quieren tampoco, y dicen que no es su trabajo detener indefinidamente a ciudadanos de otros países.
“Nos dijeron que abandonáramos el EI y así lo hicimos, pero aún nos consideran parte del EI”, dijo Ibrahim, de 31 años, mientras su frustración se convertía en lágrimas. “¿Quién es responsable de nosotros? ¿Quién decidirá nuestro destino?”
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El califato del Estado Islámico, que alguna vez se extendió a lo largo de grandes tramos de Siria e Irak, atrajo a decenas de miles de partidarios de todo el mundo que vinieron a combatir o a vivir en lo que se describía como una sociedad islámica pura. Entre ellos había muchas mujeres, algunas de las cuales llegaron con sus esposos o padres. Otras vinieron solas y se casaron, o las obligaron a hacerlo, después de llegar.
Sin embargo, cuando el califato colapsó bajo una campaña militar realizada por milicias kurdas respaldadas por una coalición militar dirigida por Estados Unidos, muchos de los hombres fueron asesinados o capturados. Las esposas y niños que sobrevivieron terminaron en campamentos como este, sin nadie que los quiera.
“Estamos trabajando responsablemente, pero la comunidad internacional está intentando evadir sus responsabilidades”, dijo Abdul-Karim Omar, un funcionario de la administración local encargado de convencer a los gobiernos de aceptar que vuelvan sus ciudadanos, un esfuerzo que no ha sido muy exitoso, como él mismo lo reconoce.
“Esta es una bola de fuego de la que todos intentan deshacerse y arrojárnosla”, comentó.
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La ausencia de plan alguno para lidiar con los detenidos es parte de un desorden más amplio en los terrenos liberados de los yihadistas. En Irak, muchas de las mujeres que alguna vez vivieron entre ellos enfrentan juicios veloces y sentencias de muerte por acusaciones de haber apoyado al Estado Islámico.
En Siria, efectivamente están como prisioneras en campamentos sórdidos en una zona que no está bajo el control de ninguna autoridad internacionalmente reconocida que pueda presionar a sus países de origen para que las acepten de regreso.
En una visita extraordinaria al más grande de estos campamentos, conocido como Roj, funcionarios kurdos nos permitieron entrevistar a mujeres árabes retenidas ahí, pero se rehusaron a dejarnos entrevistar o fotografiar a mujeres occidentales por temor a que eso complique las negociaciones con sus gobiernos respecto de su vuelta a casa.
No obstante, durante nuestro recorrido por el campamento, hablamos informalmente con mujeres de Francia, Alemania, Dinamarca, Holanda y varios países árabes. Los funcionarios kurdos no nos permitieron preguntarles sus nombres a las mujeres occidentales.
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Algunas dijeron que sus esposos las habían obligado a ir a Siria. Otras dijeron que el viaje había sido un error por el que sus hijos estaban pagando injustamente.
Los gobiernos extranjeros, incluyendo el estadounidense, proporcionan algo de ayuda a la administración local, pero es una miseria en comparación con lo que gastaron en la campaña militar. Además, el problema de los detenidos es particularmente delicado, dados los riesgos de seguridad que conlleva retener a yihadistas experimentados y a las mujeres y niños que vivieron con ellos en una zona de guerra.
La administración local ha aprisionado a más de 400 combatientes extranjeros, dijo Omar, el funcionario local, y Estados Unidos está ayudando a financiar su detención para evitar escapes de prisión.
No obstante, el gobierno ha recibido poca ayuda para lidiar con las mujeres y niños que ahora están retenidos en tres campamentos.
Ha establecido tribunales especiales para juzgar a sirios por crímenes cometidos en nombre del Estado Islámico, pero no somete a juicio a extranjeros. Además, las mujeres y niños en los campamentos no han sido acusados de crímenes.
Los casi 1400 extranjeros en el campamento Roj son originarios de cerca de 40 países, entre ellos Turquía, Túnez, Rusia y Estados Unidos, dijo Rasheed Omar, un supervisor del lugar. Las mujeres generalmente se comportan bien, dijo, aunque es difícil determinar qué papel pudieron haber desempeñado con los yihadistas y qué tan fuerte es aún su creencia en esa ideología.
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“Algunas de ellas todavía se rigen por esa ideología, y hay algunas que llegaron aquí porque creyeron que vendrían a un paraíso y se encontraron con que era el infierno”, comentó.
Ibrahim, por ejemplo, dijo que le horrorizaban las ejecuciones públicas efectuadas por los yihadistas, los códigos de vestimenta para las mujeres y la prohibición de escuchar música, incluso dentro de su propia casa.
Sin embargo, la mayor preocupación son los niños, muchos de ellos muy pequeños y que no eligieron unirse a los yihadistas. Hay más de 900 niños en el campamento Roj, muchos con problemas de salud, que no han ido a la escuela durante años y no tienen ninguna ciudadanía oficial.
La mayoría de las europeas quieren irse a casa, aunque eso implique enfrentar un juicio, pero pocas árabes desean lo mismo por temor a que las torturen o ejecuten.
Nadim Houry, director del programa de terrorismo y contraterrorismo del Observatorio de Derechos Humanos, dijo que las mujeres y los niños estaban atrapados en un “vacío legal”. Aunque la ley internacional exigiría que sus países los aceptaran si se fueran a casa, no obliga a los gobiernos a participar activamente en su repatriación.
Mientras tanto, no están a la espera de juicios por crímenes que pudieran haber cometido ni libres para poder irse.
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Houry rechazó como excusas las razones que los gobiernos han dado para no aceptar el regreso de su gente, como la falta de centros consulares o preocupaciones de seguridad, pues dijo que en realidad era falta de voluntad política. Si las mujeres eran acusadas de crímenes, podrían ser enjuiciadas en casa y encarceladas de ser necesario, agregó.
“Algunas de ellas quizá hayan cometido crímenes, pero la mayoría tal vez solo eran amas de casa, así que no se les debe dejar en el mismo grupo de la gente que decapitó personas”, dijo. “Lo preocupante es que muchos de los detenidos son niños, y muy pequeños además”.