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El pronunciamiento de la Corte Constitucional, que decidió acoger la ponencia del magistrado Mauricio González Cuervo, confirma que el gobierno habría alcanzado al menos dos objetivos: tiempo y apoyo. No obstante, ha faltado serenidad y mesura para entender la postura de la Corte a cabalidad.
En primer lugar, Santos habría ganado tiempo puesto que en los meses transcurridos, desde que se conoció el polémico fallo, ha podido hacer declaraciones al respecto sin tomar una decisión. Lo que en algún momento se trató de un asunto que atentaba contra su popularidad, hoy se ha dilatado hasta el punto que cada vez son menos los que se interesan por el tema. Expresado en otras palabras: el gobierno sacó de la agenda de política interna el tema de Nicaragua. Uno de los principales temores consistía en que dicho asunto atentara contra la relección del Presidente. Por el contrario, le ha terminado por sumar puntos por la cohesión nacional que el diferendo despierta. ¿Habrá algún candidato con el valor de anunciar un acatamiento del fallo?
En segundo lugar, con esta declaración de exequibilidad, Santos logró el apoyo de un actor clave de la rama judicial. Esto resultaba imprescindible puesto que el respaldo del Congreso era débil habida cuenta de la pobreza de argumentos de los senadores que se habían pronunciado, especialmente por las desafortunadas afirmaciones de Alexandra Moreno Piraquive, que confirmaban la escasa cultura internacional de algunos legisladores.
A pesar de esta versión triunfalista del gobierno, urge aclarar que lo decidido por la Corte Constitucional no avala el desconocimiento del fallo de la Corte Internacional de Justicia, así la mayoría de medios lo hayan interpretado de esa manera. La postura del alto tribunal es difícil de digerir en una sola vía, pues aunque significa que una corte internacional no puede fijar las fronteras, tampoco implica que automáticamente apoyó a la controvertida y desajustada tesis de un fallo de “aplicación condicionada” o de “imposible aplicación”.
El pronunciamiento de la Corte es un mensaje claro para el gobierno de Juan Manuel Santos, en una segunda versión o quien resulte ganador de las elecciones presidenciales. El alto tribunal, al tiempo que reconoce que según el artículo 101 se requiere de un tratado bilateral con Managua, recuerda el principio de que lo pactado se respeta, no se puede alterar tan fácilmente como este gobierno ha pretendido, al igual que el resto de los candidatos.
En consecuencia, se podría generar un debate interno sobre la forma como se debe llevar a cabo la negociación con Nicaragua. El pedido de la mayoría de los colombianos consiste en ignorar el fallo y la Corte acaba de allanar el camino para que esta administración, o a la que venga, negocie directamente con el vecino. Consecuentemente, resulta discutible que ese tribunal haya respaldado al gobierno Santos. El agente de Colombia ante la CIJ, Carlos Gustavo Arrieta, expresó a este propósito que era “un espaldarazo muy grande a la posición que el Presidente de la República asumió […] la cual reiteró varios meses después planteando que el fallo es inaplicable hasta tanto se produzcan una serie de modificaciones internas”.
No es válido afirmar que lo expresado por la Corte blinde al gobierno para aplicar el fallo, ya que le exige una armonización del contenido de la sentencia de la CIJ de noviembre de 2012 con la legislación interna y concretamente con la Constitución de 1991. Una vez más, se confirma la imposibilidad de desconocer el fallo de la CIJ y de la reiterada necesidad de negociar con Managua.
Ecos del fallo de la Corte Constitucional
Aunque aún no se conoce la posición oficial del gobierno nicaragüense luego del fallo de la Corte Constitucional referente al Pacto de Bogotá, la decisión judicial ya ha suscitado varias reacciones en el país centroamericano. Mauricio Herdocia Sacasa, experto nicaragüense en Derecho Internacional, le dijo al diario La Prensa que “la propia Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho Internacional Consuetudinario establece una norma de extraordinaria importancia, que señala que no se puede alegar una norma interna para incumplir el derecho internacional, un tratado o una norma de derecho internacional consuetudinario. Por tanto, las decisiones que se adoptan en el campo doméstico no tienen incidencia en el campo internacional, en materia de aplicación y ejecución de sentencia de la CIJ”. El especialista también fue citado por El nuevo diario, señalando que la decisión de Colombia es “un grave desacato”.
*Profesor Universidad del Rosario