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El gobierno encargado de la transición en Venezuela, en cabeza de Juan Guaidó Márquez, tiene como objetivos centrales convocar a elecciones presidenciales libres y democráticas, iniciar la gestión para la atención de la crisis humanitaria y lograr la salida de Nicolás Maduro del poder de la forma menos traumática posible y construyendo los espacios para que el chavismo restante se sume a la transición.
Lograr unas elecciones presidenciales libres y democráticas es la tarea central del gobierno de Juan Guaidó, y el motivo de muchos de los apoyos internacionales que ha recibido; pero lograrlo en el actual contexto venezolano no es fácil.
Primero, por la falta de credibilidad de la autoridad electoral. El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela es una de las instituciones con menor prestigio en el hermano país y eso no solo es un asunto de la directiva, no es únicamente un problema de Tibisay Lucena como presidenta o de los otros cuatro rectores incluido Luis Rondón, a quien se le considera cercano a la oposición; el descrédito de la organización electoral afecta a toda la estructura, sus procedimientos y la idoneidad de todo su personal.
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Los últimos cinco procesos electorales: Asamblea Nacional Constituyente (30 de julio de 2017), gobernadores (15 de octubre de 2017), alcaldes (10 de diciembre de 2017), presidenciales y Consejos legislativos estatales (20 de mayo de 2018) y Concejos municipales (9 de diciembre de 2018) demostraron que el CNE está totalmente sometido al chavismo y le quitaron el sentido y la razón de ser a las elecciones en Venezuela.
El nombramiento de nuevos rectores por la opositora Asamblea Nacional es lo de menos. Cambiar a los mandos medios y reconstruir una estructura organizacional que brinde confianza y legitimidad a una elección presidencial es lo realmente difícil, incluso con el apoyo y la observación internacional.
Segundo, por los problemas con el registro electoral venezolano. Quizás uno de los principales problemas de la falta de credibilidad de los últimos comicios era la poca transparencia en la identificación de los ciudadanos que podían participar y ejercer su derecho al voto. Las denuncias de muertos votando, del uso del denominado “carnet de la patria” en las elecciones y demás irregularidades obligan a que, por lo menos, se requiera una actualización y depuración del registro electoral.
Tercero, por la participación de la diáspora venezolana. La crisis humanitaria en la que el chavismo hundió a Venezuela ha causado la salida de más de tres millones de ciudadanos en los últimos tres años, un número importante de ellos tienen problemas de documentación: falta de pasaporte, cédula vencida, extravío de documentos y salida irregular del territorio, entre otros. La gran mayoría de los migrantes se declaran hoy como opositores, aunque hay unos pocos chavistas disidentes; pero, al ser un número tan considerable, su participación será fundamental en la elección del primer gobierno de la reconstrucción.
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Además no todos los venezolanos podrán regresar al país, después de una eventual caída de Nicolás Maduro, pues la mayoría, con niños y familia, esperarán hasta que las condiciones económicas y sociales se empiecen a recomponer. De hecho, en los fenómenos migratorios como el venezolano, al final, menos del 15 % de los ciudadanos regresan; no obstante, su participación desde el exterior será fundamental para legitimar la elección, y definitoria para adjudicar la victoria. Pero es ahí donde precisamente radica el problema: los consulados deberán ser los garantes de dicho proceso. Sin embargo, con un servicio exterior compuesto por aliados y beneficiarios del régimen chavista, quienes generan profunda desconfianza, incluso con aquellos que en los últimos días han reconocido a Guaidó como presidente encargado de la transición, será difícil.
Dadas esas condiciones, es imposible convocar a elecciones en treinta días, como lo especifica el artículo constitucional que cita la oposición para el reconocimiento de Guaidó: “[…] se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes […]”. Tampoco se podrá hacer en los días sucesivos a la salida de Nicolás Maduro. En otras palabras, llamar a elecciones puede ser un proceso largo y de varios meses después de la caída del chavismo, lo que generará tensiones fuertes, complejizará las relaciones dentro de la oposición y minará el apoyo internacional a favor de la transición.
La reconstrucción del sistema electoral que permita la realización de las elecciones y la participación de los venezolanos dentro y fuera del país es una de las tareas más complejas que se debe realizar en un corto plazo, pero brindando las garantías y la transparencia para lograr bañar de legitimidad al primer gobierno de la reconstrucción, el cual a su vez tendrá que emprender una difícil tarea y asumir complejas decisiones que requerirán la mayor legitimidad posible.
*Investigador del Observatorio de Venezuela de la U. del Rosario.