Cómo la foto de una porrista en Snapchat podría remodelar la libertad de expresión en EE. UU.

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Millones de estudiantes deberían observar el fallo de la Corte Suprema en el caso de Brandi Levy, pues este remodelaría las reglas en las escuelas.

La foto de una porrista estadounidense se convirtió, sin esperarlo, en la disputa legal más importante sobre el derecho a la libertad de expresión en las escuelas en una generación en el país.

En mayo de 2017, la porrista Brandi Levy publicó una foto en Snapchat mostrando su frustración por no ingresar al equipo de porristas universitario y ser asignada de nuevo al equipo junior.

“A la mierda la escuela, al carajo el softball, al carajo, a la mierda todo”, dijo en un mensaje acompañando la foto en la que levantaba el dedo medio de su mano.

A Levy le dijeron que para ingresar al equipo de porristas de la universidad de Mahanoy Area High School necesitaba un año en el equipo junior primero. Sin embargo, otra estudiante de primer año fue elegida para entrar al equipo superior. Al mismo tiempo, Levy no consiguió el puesto que quería en su equipo de sóftbol.

Hasta ahí, las condiciones de este caso parecen bastante menores. Pero el problema se produjo cuando los entrenadores del equipo de porristas suspendieron a Levy durante un año por haber maldecido a la escuela en su mensaje.

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De esta manera se originó la pregunta: ¿la Primera Enmienda permite que las escuelas sanciones a los estudiantes que hablan de las instituciones fuera del campus?

“(Un fallo a favor de los profesores) le enviaría una escalofriante lección de ciudadanía a los estudiantes de la nación y ampliaría la autoridad del gobierno sobre los estudiantes a nuevos niveles peligrosos. Una cosa es que el poder judicial permita una concepción restringida de los derechos de libertad de expresión de los ciudadanos cuando los estudiantes están en la escuela. Pero otra muy distinta es que el poder judicial aplique esa misma concepción malhumorada al discurso más allá del entorno escolar. Esa visión ilimitada de la autoridad gubernamental incluso sobre los jóvenes es la antítesis de las tradiciones estadounidenses”, señaló Justin Driver, profesor de la Facultad de Derecho de Yale.

Esta no es una pregunta sencilla de contestar, y por eso los jueces de la Corte Suprema, a donde escaló el caso, han sido muy cautelosos para determinar un fallo sobre la disputa de Levy.

Por un lado, se encontró que la Primera Enmienda de la Constitución garantiza la libre expresión de los estudiantes y prohíbe que las escuelas públicas regulen los discursos fuera del campus. Pero, por otro lado, las escuelas advierten que si no hay autoridad y control sobre los estudiantes fuera del campus se podría dificultar la lucha contra el acoso, el racismo y las invasiones a la privacidad que ocurren en línea.

“Estoy muerto de miedo por escribir un criterio”, dijo el juez Stephen Breyer.

Y es que esta decisión es delicada, pues remodelaría los límites a la libertad de expresión de los estudiantes. Por eso se espera que el tribunal emita un fallo a favor de Levy pero con términos estrechos que no involucren el debate más amplio de la lucha contra el acoso y la intimidación en línea.

Incluso los jueces conservadores como Brett Kavanuagh, quien es entrenador del equipo de baloncesto de una secundaria, y Amy Coney Barret han dicho que este asunto se debió resolver con una amonestación más suave, pues la respuesta de suspender a Levy fue “una reacción exagerada”.

“Un enfoque alternativo sería dar a las escuelas un margen bastante amplio para regular el habla de los estudiantes-atletas u otras personas involucradas en actividades extracurriculares, siempre que las reglas se transmitan adecuadamente a los estudiantes con anticipación y los estudiantes no enfrentan sanciones más allá de su capacidad para participar en programas extracurriculares”, propone Ian Millhiser de Vox.

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Este no es el primer caso con el que se aborda la regulación de la libertad de expresión en Estados Unidos. En 1969, los estudiantes John y Mary Beth Tinker usaron brazaletes negros en la escuela Des Moines para protestar contra la guerra de Vietnam, pese a las objeciones de la institución. La Corte Suprema en ese entonces reivindicó el derecho de los jóvenes para manifestar sus opiniones.

“Puede resultar tentador creer que en la era digital las escuelas deben tener el poder de castigar el discurso que se pronuncia más allá de la metafórica “puerta de la escuela”. Después de todo, el acoso cibernético y las amenazas de violencia dirigidas a estudiantes, escuelas y educadores son problemas inconfundiblemente graves. Pero las leyes existentes ya dan a las autoridades margen para regular esa conducta dañina”, concluye Driver en una columna en The Washington Post.

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