La grieta que divide cada vez más a los argentinos

La grieta en la Argentina es real. Se dividió la sociedad detrás de dos partidos políticos y hasta rompió la mesa del domingo, siempre tradicional. Amigos y familiares separados por una cuestión ideológica. Cristina Fernández le sacó jugó. Mauricio Macri, también. Y casi el 90% del padrón los siguió, enceguecido. En las elecciones de octubre la mayoría se inclinó por Alberto Fernández, el candidato peronista impulsado por la viuda de Kirchner, o el Presidente de corte republicano que había sido sacudido en las PASO (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias) producto de la enorme crisis económica.

La bronca de los argentinos está enfocada en el Congreso. La auténtica grieta es entre ciudadanos y políticos. Ni siquiera aquellos que defienden a capa y espada a un Gobierno que recién tiene una docena de días en el poder están de acuerdo con algunas decisiones que escandalizan. En especial, la determinación de eximir del congelamiento de las jubilaciones a los expresidentes, jueces, fiscales y diplomáticos. Ocurre en el mismo momento en el que se le pide “solidaridad” a “los que más tienen”, según las palabras del nuevo Ministro de Hacienda, Martín Guzmán.

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Después de varios días de discusiones y cabildeo, las cámaras de Diputados y Senadores aprobaron la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva que motorizó el flamante Presidente en 9 áreas del Estado. El objetivo es frenar la crisis y darle oxígeno a su equipo de trabajo para pagar la deuda con el FMI (Fondo Monetario Internacional) que asciende a casi el 60% del PBI (Producto Bruto Interno), unos 283.567 millones de dólares. Este número tan rojo como pesado, sumado a una inflación que oscilará el 57% a fin de año, a una tasa del desempleo por encima de los 10 puntos hacen de la coyuntura económica un vía crucis. También, el 40,8% de argentinos que vive por debajo de la línea de la pobreza.

¿Cuál es el alcance de esta nueva ley que hizo más grande la grieta? Fundamentalmente, declara la emergencia en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social. El tema previsional, dicho está, fue el más cuestionado. Durante el Gobierno de Macri se había establecido que los jubilados cobrarían un aumento de casi el 12% en diciembre y otro del 14% en marzo. Fernández los frisó y cambió la fórmula de movilidad. Liberó el pago del mes corriente, pero canceló el siguiente y repartió dos bonos de 5 mil pesos cada uno (unos 79 dólares al cambio oficial) entre aquellos que cobran la jubilación mínima (14.069 pesos o 223 dólares, siempre al precio que fija el Banco Central). El argumento que utilizó el nuevo Presidente fue la búsqueda de una mejor fórmula. Mientras tanto, avisó que habrá un incremento trimestral.

No obstante, la indignación explotó cuando Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, anunció: “Para evitar litigiosidad en regímenes especiales se hace revisión con actuarios sobre base de ingresos”. Esta alocución tenía que ver, específicamente, con los aumentos para las denominadas “jubilaciones de privilegios”. Se trata de 4.938 personas que perciben un haber promedio de 210 mil a 420 mil pesos (de 3.300 a 6.600 dólares) que están excluidos del congelamiento.

Tanto fue el revuelo que se armó que Fernández tuvo que convocar para esta semana a una comisión especial para avanzar contra esos regímenes, especialmente apuntado en los magistrados y los embajadores, y así garantizar la igualdad. De apuro, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, manifestó que se hará “un ajuste en los gastos de la política”. Y tendría que ver con la reducción de asesores de los funcionarios y el uso excesivo de los autos oficiales. Parece poco teniendo en cuenta que sólo la Cámara de Diputados tiene un presupuesto anual de 150 millones de pesos y la de Senadores, 148 millones. En total, Argentina gasta casi 5 millones de dólares en legisladores.

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Habrá más ajustes para la sociedad, que ya venía empobrecida por la inflación y paritaria que no alcanzaron a ganarle a la devaluación. El Gobierno desempolvó el dólar tarjeta por el cual cada argentino deberá pagar un 30% adicional a cada gasto que haga en el exterior o que se pague en una cuenta en el extranjero. En este caso hasta plataformas como Netflix o Spotify tendrán el recargo. En definitiva, se trata de una devaluación encubierta. Sin ir más lejos, los alquileres en los centros turísticos de la Argentina se ajustaron a ese 30% y retocaron las tarifas. También, el mercado interno. Los supermercados y negocios no esperaron los anuncios oficiales. Remarcaron sus productos. Sin dólares en plaza, con un cepo que sólo permite comprar 200 dólares y también con recargo del 30%, el ministro Guzmán llamó a los argentinos a confiar en el peso porque “no producimos dólares”. Una idea que, a largo plazo, fracasará, más allá de los bloqueos que existen sobre la divisa, porque los argentinos ya vivieron varias crisis y se refugian en el billete verde para no perder poder adquisitivo. Como muestra, basta una cifra récord: se estima que los ciudadanos tienen unos 322.297 millones de dólares fuera del sistema bancario.

La suba de retenciones al campo ya puso en alerta a los sectores agropecuarios. La receta de presionar a los ganaderos y agricultores ya se había probado durante el Gobierno del matrimonio Kirchner. Argentina cíclica, todo vuelve. Y mientras Macri viajó a Qatar para ver la final del Mundial de Clubes entre Flamengo y Liverpool, aquí los diputados y senadores se sacan chispas. Con un enemigo en común: la gente, que ya está harta de discursos como el del senador cordobés Carlos Caserio: “La clase política no es la que hace esfuerzos, la clase política dicta normas y gobierna del modo que le parece que es el más adecuado”.

Solidarios con el bolsillo ajeno, agobiados por impuestos regresivos, los argentinos no cierran la grieta pero cada vez toman más distancia de los políticos.