La guerra política entre Madrid y el gobierno de España

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La Comunidad de Madrid se encuentra en una disputa con el gobierno de Pedro Sánchez, pues hasta ayer se había negado a implementar nuevas medidas de restricción para contener la pandemia. El pleito, según algunos, ha dejado de ser sanitario y ha pasado al plano político.

España, sin lugar a dudas, es uno de los países más golpeados por la crisis sanitaria desatada por la COVID-19. Desde el pasado 31 de enero, cuando fue diagnosticado el primer positivo del virus, se han detectado más de 769.000 más. De esa elevada cifra más de 31.000 han muerto, según cifras oficiales. La segunda ola de contagios, sin embargo, ha incrementado la tensión, latente desde los primeros días críticos, entre bandos políticos dentro del gobierno español, cuyos choques no han hecho otra cosa que afectar a la población por la falta de coordinación en cuanto a medidas.

El foco del problema es la Comunidad de Madrid, la cual estuvo durante semanas resistiéndose a implementar de nuevo órdenes de restricción en poblaciones con más de 100.00 habitantes para evitar la propagación del virus. El punto es que las competencias en materia de sanidad le competen a las comunidades autónomas, por lo que el gobierno de Pedro Sánchez no puede, en teoría, obligarlas a hacerlo. “Con el decreto del estado de alarma, el pasado 14 de marzo, el gobierno recuperó de manera temporal esas competencias. El 21 de junio cayó el estado de alarma y las comunidades recuperaron las competencias, en materia de sanidad y educación”, explicó a este diario la periodista española Marta Domínguez.

Ayer el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en el que se reúne el Ministerio de Sanidad con las comunidades y ciudades autónomas, aprobó por mayoría una serie de acuerdos para implementar restricciones en las próximas 48 horas si los territorios superan tres umbrales de riesgo. La incidencia debe ser superior a 500 casos por cada 100.000 habitantes, más del 10% de las pruebas PCR deben ser positivas y debe haber un ocupamiento de UCI superior al 35%. “Este acuerdo será de obligado cumplimiento para todas las comunidades (regiones)”, se leía en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

De inmediato muchos afirmaron que Madrid, a cargo de la conservadora Isabel Díaz Ayuso, se negaría a hacer algo así, pero la funcionaria aseguró que ni Madrid ni su gobierno autónomo están en rebeldía y aclaró que acatarán todas las órdenes provenientes del ejecutivo. “El lunes acordamos el diálogo y el consenso entre las dos administraciones. Sucedió en una reunión con el vicepresidente Ignacio Aguado, pero luego vimos una orden escrita en un ladrillo sin entender nada donde se imponían unas órdenes de manera unilateral. Esta comunidad no está en rebeldía. La acataremos, pero iremos a los tribunales para defender los intereses legítimos de los madrileños”, afirmó Ayuso.

Y es que la crisis sanitaria se ha llevado a un plano político difícil de sobrellevar y que solo termina perjudicando a los españoles, a diferencia de otros países europeos como Italia, por ejemplo, que tiene una división política más marcada y que logró coordinar esfuerzos para que no incrementara la tragedia.

“Durante todos estos días el gobierno ha venido diciendo que si no se adoptaban las medidas oportunas, pues el gobierno iba a tener que intervenir sanitariamente la comunidad de Madrid. La intervención es legal y está recogida en el decreto de nueva normalidad que se aprobó en el Congreso en junio, y que decía que en casos de extrema emergencia el gobierno podía arrebatarle las competencias a la comunidad en materia de sanidad”, comentó Domínguez.

La Comunidad de Madrid, que aduce graves perjuicios socioeconómicos, considera que la situación epidémica está mejorando y cree que ese acuerdo carece de validez jurídica porque no fue tomado por consenso de todas las regiones, pues solo fue aprobado por 13 de las 17 comunidades autónomas (cinco votaron por el no y una se abstuvo). Sin embargo, las cifras no respaldan su posición. El ministerio español de Sanidad notificó que en las últimas 24 horas se detectaron 9.419 casos y 182 fallecimientos notificados. De esos números, más del 35% de los casos de toda España corresponden a la Comunidad de Madrid.

¿Qué intención puede haber detrás de este panorama? “La Comunidad de Madrid, y en concreto su Presidenta, llevan días diciendo una cosa y la contraria. Cuando parecía que iba a haber un pacto entre ambas administraciones para acordar las medidas, todo saltó por los aires el miércoles. Isabel Díaz Ayuso viene alegando que tomar medidas de confinamiento dañaría mucho la economía. En mi opinión la administración regional está buscando una intervención con esta estrategia para no asumir el coste económico y seguir delegando las responsabilidades en el Gobierno central”, aseguró Domínguez.

Porque claro, implementar las medidas implica un golpe fuerte a la economía. Aparte del control de movilidad, se limitan a seis personas las reuniones familiares o sociales, tanto en lugares públicos como privados. Además, el aforo máximo en los lugares de culto será de un tercio, con una distancia mínima interpersonal de 1,5 metros. También se reduce al 50 % el aforo máximo de los locales comerciales y servicios abiertos al público, que cerrarán no más tarde de las 22:00 horas como norma general.

Por último, los establecimientos de hostelería y restauración y de juegos y apuestas no podrán superar el 50 % de su capacidad en espacios interiores y del 60 % en exteriores, en tanto que el consumo en barra no estará permitido.

Ahora, el gobierno de Pedro Sánchez deberá incrementar los esfuerzos para encontrar sintonía no solo con Madrid, sino con las otras regiones semiautónomas que rechazaron el acuerdo, entre ellas, Galicia, Cataluña, Andalucía y Ceuta.

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