La historia del joven que puede ser crucificado por una protesta en bici cuando tenía 10 años

Murtaja Qureiris, un adolescente saudita de 18 años, se enfrenta a una posible ejecución por presuntamente haber violado la ley cuando era apenas un niño. Su participación en una protesta en bicicleta podría costarle la vida.

Esta protesta en bicicleta cuando tenía 10 años podría costarle la vida a Murtaja Qureiris.Archivo particular

Un adolescente saudita retenido durante más de cuatro años sin ningún cargo enfrenta una posible ejecución por delitos presuntamente cometidos cuando tenía tan solo diez años, de acuerdo con los grupos de derechos humanos que dan seguimiento a su caso.

Una sentencia de muerte para el joven Murtaja Qureiris, que ahora tiene 18 años, sería lo que estos grupos consideran una de las violaciones más atroces del mundo a la seguridad jurídica de los niños.

“Hay pocas violaciones más serias al derecho internacional que la ejecución de un niño”, afirmó Maya Foa, directora de Reprieve, uno de estos grupos de derechos humanos. Señala que al solicitar la pena de muerte para Murtaja, “el régimen saudita está haciendo patente su impunidad ante el mundo”.

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El acusado fue arrestado a la edad de 13 años y desde entonces ha estado en la cárcel. Los cargos en su contra, algunos de tres años anteriores a su arresto, se relacionan con su participación en protestas en contra del gobierno e incluyen posesión de arma de fuego y haberse unido a una organización terrorista.

La Organización Europea Saudita para los Derechos Humanos, la cual ha estado dando seguimiento a este caso durante años, mencionó la semana pasada que había confirmado por primera vez que el fiscal acusó a Murtaja en agosto de 2018 en relación con su participación en las protestas y recomendó que fuera ejecutado.

El grupo saudita de derechos humanos también comentó que Murtaja había estado detenido durante años sin ninguna acusación, en confinamiento solitario y sin acceso a un abogado, hasta que posteriormente fue coaccionado a confesar. Amnistía Internacional confirmó que el fiscal pidió la pena de muerte para Murtaja la primera vez que lo sometieron a juicio en agosto de 2018.

Las ejecuciones —por lo general por decapitación— son comunes en Arabia Saudita, y los grupos de derechos humanos afirman que casi siempre ocurren después de años en prisión, tortura y juicios simulados. Pero sería insólito, incluso en Arabia Saudita, decapitar a un acusado inculpado por delitos cometidos cuando aún era niño.

La Embajada de Arabia Saudita en Washington no hizo comentarios directos. La monarquía saudita ha defendido desde hace mucho tiempo su extendido uso de la pena de muerte.

Resultado de imagen para Murtaja QureirisMurtaja Qureiris fue arrestado cuando tenía 13 años y desde entonces permanece retenido. Foto: Archivo particular

En respuesta a preguntas del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en 2017 acerca de las ejecuciones, el gobierno saudita dijo que la pena de muerte “solo puede ser impuesta en caso de los delitos más graves y está sujeta a los controles más estrictos” después del debido proceso. Sin embargo, los grupos de derechos humanos señalan que se solicita la pena de muerte por delitos menores y para castigar a los grupos minoritarios y a los activistas que desafían al gobierno.

“No debería de haber dudas de que las autoridades de Arabia Saudita están dispuestas a llegar hasta donde sea para combatir a la disidencia reprimiendo violentamente a sus propios ciudadanos, lo cual incluye recurrir a la pena de muerte para hombres que solo eran niños en el momento de su arresto”, comentó Lynn Maalouf, directora de investigación de Amnistía Internacional en Medio Oriente.

Señaló que era “inaceptable” que las autoridades sauditas estuvieran pidiendo la pena de muerte por participar en manifestaciones durante la niñez.

Murtaja, miembro de la minoría chiita del país, fue detenido en septiembre de 2014, de acuerdo con la Organización Europea Saudita para los Derechos Humanos, la cual publicó el jueves un informe detallado sobre el caso.

La monarquía saudita se apega a una versión conservadora del islam conocida como wahabismo, el cual está arraigado en las normas sociales, el gobierno y el sistema judicial del país. Además, el gobierno ha sido acusado con frecuencia de perseguir a los chiitas de Arabia Saudita, país que es predominantemente sunita.

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CNN publicó videos de Murtaja encabezando a una multitud de niños durante una protesta en bicicleta en 2011. En ese entonces, tenía 10 años. Era el momento cumbre de los levantamientos de la Primavera Árabe que asolaban el Medio Oriente y el norte de África, y las protestas habían engullido a las provincias orientales de Arabia Saudita de mayoría chiita. Dichas protestas a menudo terminaron en masacres o arrestos masivos.

Murtaja proviene de una familia de activistas en la provincia de Qatif, parte de la zona de mayoría chiita en el este de Arabia Saudita. Su hermano mayor, Ali Qureiris, fue asesinado mientras participaba en una protesta en 2011.

La primera audiencia del acusado en el tribunal fue en agosto de 2018, casi cuatro años después de su arresto. Tuvo lugar en la Corte Penal Especializada del país, un tribunal contra el terrorismo establecido inicialmente en 2008 que se ha utilizado cada vez más para enjuiciar a manifestantes y a activistas de derechos humanos. Su siguiente audiencia podría ser dentro de algunas semanas.

Según la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, por lo menos otros tres jóvenes —Ali al-Nimr, Dawood al-Marhoon y Abdulla al-Zaher—, quienes también eran menores de edad en el momento de sus presuntos delitos, han sido sentenciados a muerte y actualmente están esperando su ejecución.

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Hace algunos meses, la agencia de noticias estatal saudita informó sobre la ejecución masiva de 37 hombres. Al menos 33 eran chiitas. Los habían ejecutado por su “adhesión a una ideología extremista y terrorista y por formar células terroristas para corromper y trastornar la seguridad, propagar el caos y provocar conflictos sectarios”, informó esta agencia noticiosa.

La ejecución recibió el repudio de las Naciones Unidas y demandas por parte de los grupos de derechos humanos para que se hiciera responsable al dirigente de facto de Arabia Saudita, el príncipe heredero Mohamed bin Salmán.

“Las autoridades de Arabia Saudita tienen un historial escalofriante de emplear la pena de muerte como arma para aplastar la disidencia política y castigar a manifestantes en contra del gobierno de la perseguida minoría chiita del país, incluyendo a niños”, señaló Maalouf.

La ejecución masiva de abril fue la más grande desde enero de 2016, cuando Arabia Saudita ejecutó a 47 hombres por presuntos delitos de terrorismo, incluyendo a un valiente clérigo chiita, el jeque Nimr al-Nimr, quien había criticado el trato que daba el reino a la minoría chiita.

Según el Informe Mundial de 2019 de Human Rights Watch, organización que sigue de cerca los atropellos a nivel global, Arabia Saudita ejecutó a 139 personas en 2018, de las cuales la mayoría estaban acusadas de asesinato y de delitos relacionados con las drogas. De los ejecutados, 54 estaban acusados de delitos no violentos relacionados con las drogas.

De acuerdo con un informe de Amnistía Internacional, durante los primeros cinco meses de 2019, las autoridades sauditas han ejecutado al menos a 110 personas. 

 

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Megan Specia / The New York Times

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