Absuelven a joven salvadoreña acusada de homicidio por un parto involuntario

Imelda Cortez, una joven que fue violada durante ocho años por su padrastro y que se enfrentaba a una pena de 20 años de prisión por supuestamente haber querido abortar a su hija, fue absuelta por la justicia de El Salvador, país con fuertes medidas contra la interrupción voluntaria del embarazo.

Imelda Cortez, joven salvadoreña de 20 años.AFP

Imelda Cortez, una joven madre salvadoreña a punto de cumplir 21 años, fue absuelta este lunes por un tribunal de El Salvador, tras permanecer 20 meses en prisión preventiva acusada de tentativa de homicidio de su bebé, tras sufrir un parto espontáneo luego de quedar embarazada producto de una violación.

El Salvador es uno de los pocos países del mundo en los que el aborto está prohibido en todas las circunstancias, y donde las mujeres que sufren complicaciones del embarazo, que provocan abortos espontáneos o emergencias obstétricas, son a menudo acusadas de homicidio agravado por la Fiscalía.

El viacrucis de Cortez comenzó el 17 de abril de 2017, cuando dio a luz a una niña producto de una violación a manos de su padrastro, Pablo Henríquez, de más de 70 años, que la abusaba desde que tenía 12 años.

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Pero la joven aseguraba que hasta el día del nacimiento de su hija no sabía que estaba embarazada, pues además de amenazarla para que no denunciara, su padrastro le había asegurado que ya "no podía tener hijos".

Y fue así como, aquejada de fuertes dolores abdominales, la joven de 20 años fue al baño de su casa en Jiquilisco, una zona rural de El Salvador, en donde se produjo el parto. La bebé nació sin que Cortez "se diera cuenta", según confesó, y terminó en el sanitario entre los excrementos. 

Sin embargo, la acusación de la Fiscalía afirmaba que el 17 de abril de 2017 la joven buscó ayuda médica en el hospital nacional de su ciudad por una hemorragia. "Al ingresarla, una doctora, diagnosticó que la mujer había tenido un parto extrahospitalario, pues además habían llevado la placenta", consignó un comunicado del Centro Judicial.

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El Salvador cuenta con una severa la severa ley antiaborto que criminaliza a las mujeres aún en situaciones como el parto extrahospitalario de Cortez, por lo que el centro médico donde fue atendida informó a la policía.

Aunque Cortez lo justificó diciendo "que sintió que le salió algo cuando estaba en el baño", las autoridades salvadoreñas aseguraban que la mujer abortó voluntariamente. La bebé fue trasladada al hospital y sobrevivió.

El argumento de los fiscales salvadoreños fue que Cortez ocultó el embarazo con la intención de matar a su bebé, lo que luego trató de hacer arrojándola al sanitario de su casa, lo que "configura el delito de homicidio agravado tentado". Por esta razón, Imelda Cortez se encontraba bajo detención provisional en una cárcel del país.

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Pero la defensa de Cortez aseguró que lo ocurrido se debió a un trastorno denominado "negación de embarazo", un caso médico que explicaría los sangramientos vaginales durante los meses de gestación de la bebé.  

"Yo no creía que estaba embarazada, porque yo manchaba (...). Yo siempre manchaba todos los meses", le aseguró sin embargo Cortez a la revista salvadoreña Fáctum.

"Me había metido en la mente que no podía salir embarazada", agregó la joven, quien según un peritaje psicológico presentado por la defensa padece además de un leve retraso cognitivo.

Pero para los fiscales salvadoreños, la negación del embarazo de Cortez era sólo una prueba más de su culpabilidad. Según los fiscales, "la negativa de Imelda Isabel, de haber dado a luz, y posteriormente aceptar dar información donde se encontraba la recién nacida, así como justificar que no sabía que estaba embarazada durante nueve meses y tirar a la bebé a la fosa, son acciones, entre otras, que la FGR, considera que se configura el delito de homicidio agravado tentado", aseguró el Ministerio Público en una nota de prensa.

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La defensa de Cortez arremetió también contra la severa ley antiaborto de El Salvador, que prohíbe la interrupción del embarazo en cualquier circunstancia, incluso cuando es producto de una violación o la mujer corre riesgo de vida. 

"Imelda representa a las niñas y jóvenes adolescentes que tienen una vulneración de sus derechos humanos en su totalidad. Vemos como el Estado, por medio de la penalización absoluta del aborto, condena a mujeres como Imelda, las mete en prisión y otras terminan muertas sin que se conozcan sus nombres", aseguró la abogada Cáceres.

Sin embargo, la Fiscalía salvadoreña fue inflexible y a Cortez no le quedó otra opción que aceptar un nuevo delito para evitar los 20 años que le podían significar ser hallada culpable de intento de homicidio agravado. Siguiendo las instrucciones de su defensa, la joven madre aceptó ser culpable del delito de "abandono y desamparo de persona en perjuicio de una menor de edad". Por este hecho, la Fiscalía pidió un año de prisión.

Pero el juicio tuvo un giro inesperado luego que el juez a cargo del caso determinara que no hubo indicio de que Imelda cometiera delito y como estuvo encarcelada por un año y ocho meses "la dejó en libertad", declaró a la AFP el portavoz de la Agrupacion Ciudadana para la Despenalización del Aborto Terapeútico Ético y Eugenésico (ACDATE), Jorge Menjívar. 

Antes que el juez pronunciara el veredicto, agrupaciones de feministas que se habían concentrado frente al tribunal coreaban "Libertad para Imelda".

Luego del fallo, Imelda fue liberada "de inmediato", comentó Menjívar.