El Espectador le explica: la ley de seguridad en Francia, ¿amenaza la libertad?

Los miembros del Parlamento francés aprobaron hoy una polémica reforma que otorga mayor poder a la policía.

Foto: EFE - MOHAMMED BADRA

La lucha del presidente francés, Emmanuel Macron, por defender principios como la libertad nacional ha comenzado a ser criticada por numerosas voces. El origen, y su argumento principal, es la lucha contra el terrorismo desatado no solo por los atentados de Charlie Hebdo, sino por la reciente decapitación de un profesor francés. El problema es que la reforma de seguridad que plantea, aprobada hoy en el Parlamento francés, le otorga unos poderes a la policía que podrían poner en riesgo la causa que defiende sobre el papel.

Como asegura Arlene B. Thikner en su última columna publicada en este diario: “La seguridad es un concepto altamente disputado. Si bien se refiere en términos generales a la idea de la “protección”, tanto el “quiénes” como el “qué” deben tener prelación a la hora de proteger suelen reflejar tanto las prioridades sociales y políticas como las relaciones de poder de toda sociedad”.

¿Qué incluye el polémico documento? Los diputados franceses le dieron su visto bueno este martes al controvertido proyecto de ley sobre seguridad global que penaliza la difusión maliciosa de imágenes de la policía. Tres días después del final de los debates y tras manifestaciones que reunieron a miles de opositores en toda Francia, los diputados aprobaron por 388 votos a favor, 104 en contra y 66 abstenciones el texto, presentado por el partido presidencial LREM y su aliado Agir.

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El siguiente paso es el Senado, donde será debatido en enero. El proyecto de ley sobre seguridad incluye disposiciones sobre las cámaras para peatones o el uso de aviones teledirigidos, y ha suscitado la preocupación de las asociaciones ciudadanas o de los activistas de izquierda, pero es el artículo 24 del texto el que ha cristalizado las pasiones y los antagonismos.

Para “proteger a los que nos protegen, sobre todo en las redes sociales”, el partido presidencial quiere castigar con un año de prisión y una multa de 45.000 euros (53.000 dólares) la difusión de “la imagen del rostro o cualquier otro elemento de identificación” de los miembros de la fuerza policial en intervención, cuando “dañe” su “integridad física o psicológica”.

Esta medida fue bien recibida por los sindicatos de la policía, pero ha provocado una protesta entre los partidos de izquierda y entre los activistas de las libertades civiles, que la consideran como un “ataque desproporcionado” a la libertad de informar, y un signo de una nueva deriva autoritaria del gobierno de Emmanuel Macron.

Para muchos hay razones de sobra para estar preocupados, mucho más luego de que el ministro del Interior de Francia, Gérald Darmanin, afirmara la semana pasada: “El cáncer de la sociedad es la falta de respeto por la autoridad”. Como recuerda The Atlantic, el comentario sorprende “dado que más de 49,000 franceses han muerto de COVID-19 este año y más de 10 millones habrán sido arrojados a la pobreza a fines de diciembre”.

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Y es que los antecedentes mundiales ponen en entredicho las intencionales del presidente. Venimos de un 2019 muy caliente que ya abrió este debate. Chile fue uno de los ejemplos más poderosos, de hecho, durante las protestas que empezaron en octubre de ese año la organización Derechos digitales explicó cómp durante una concentración social es importante documentar los hechos cuidando la identidad de los civiles, pero no de las autoridades. “Esto no corre para funcionarios de Carabineros, PDI, militares o autoridades, que por su cargo están sujetos a fiscalización de la ciudadanía”, aseguraron en su momento.

En un duro artículo publicado recientemente The Atlantic afirmó: “El proyecto de ley corre el riesgo de convertir a Francia en un estado de vigilancia, en violación directa del derecho de los ciudadanos a la privacidad, y en el que la policía es inmune a la responsabilidad de los ciudadanos o la prensa”.

La mayoría de los parlamentarios franceses quiso acallar la controversia reescribiendo el artículo en cuestión. Tras cuatro horas de un intenso debate, la Asamblea aprobó finalmente el polémico artículo por 146 votos a favor y 24 en contra. El texto ahora especifica que el futuro delito no puede “perjudicar el derecho a informar” y que la intención maliciosa contra la policía debe ser “manifiesta”.

Treinta y tres personalidades que votaron por Emmanuel Macron en 2017, desde el cineste Costa-Gavras hasta el futbolista Lilian Thuram, pidieron el domingo que se retirara este proyecto de ley. Incluso Bruselas comentó la cuestión. La Comisión Europea dijo el lunes que los periodistas deben poder “hacer su trabajo libremente y con seguridad”.

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A pesar de la aprobación inicial, el texto sigue provocando polémica en el seno de la mayoría presidencial. Para el senador Philippe Bas, el futuro delito es “inaplicable e inconstitucional y un ataque a la libertad de prensa. “El Senado tendrá que corregirlo”, advirtió.