Fue promulgada el 21 de diciembre

La ley más odiada de México no tiene enemigos en las cortes

Hasta el momento, la norma que les da poderes extras al presidente y el ejército para garantizar la seguridad no ha sido impugnada.

La norma llega en la recta final de la administración Peña Nieto, quien deja a presidencia este año. / NOTIMEX

El inicio del primer período de sesiones en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en México, vino acompañado por una sorpresa inquietante. A pesar de haber levantado un tierrero de críticas provenientes de organizaciones civiles, actores de Hollywood, rectores universitarios, obispos de la Iglesia católica, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y Naciones Unidas, por mencionar algunos, hasta el momento, la alta corte no ha recibido ninguna solicitud de impugnación de la nueva Ley de Seguridad Interior, aprobada durante los últimos días de 2017.

“No ha sido presentada ninguna acción de inconstitucionalidad contra la recién expedida ley”, confirmó el presidente de la SCJN, Luis María Aguilar Morales, durante la inauguración del primer período de sesiones del máximo tribunal mexicano.

Para sus detractores, que también han protagonizado manifestaciones callejeras, la norma es problemática en cuanto le permite al presidente ordenar, “bajo su estricta responsabilidad” y sin la aprobación de ningún otro tipo de organismo, acciones inmediatas de las fuerzas armadas. Del mismo modo preocupa la participación del ejército en labores de seguridad que antes eran responsabilidad exclusiva de las fuerzas policiales.

La norma apareció al final de uno de los años más violentos en la historia de México. Según el Observatorio Nacional Ciudadano, sólo en octubre de 2017 hubo una víctima de homicidio doloso cada 16 minutos y 9 segundos. También se estima que en los últimos diez años, 150.000 personas han sido asesinadas en hechos relacionados con el crimen organizado, mientras la cifra de desaparecidos asciende a 30.000.

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Para los defensores de la norma, que recibió la sanción presidencial el pasado 21 de diciembre, se trata de regular las actividades que desde hace tiempo adelantan las fuerzas militares: “Agradecemos el esfuerzo que hizo el Congreso para otorgar esta ley, que es un marco jurídico que nosotros hemos solicitado”, dijo al respecto el titular de la Secretaría de Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos.

Del otro lado del debate está Ernesto López Portillo. “Con esa ley, el presidente de la República puede utilizar de manera arbitraria a las fuerzas armadas”, dijo el experto en seguridad ciudadana y apenas una de las decenas de voces reunidas en la campaña Seguridad Sin Guerra, la misma que, en un intento desesperado por detener la promulgación de la ley, convocó a los ciudadanos a bombardear el correo electrónico y las cuentas en redes sociales del presidente Enrique Peña Nieto.

“Decimos no a la Ley de Seguridad Interior porque con esa ley es posible espiar, usar la fuerza y detener sin rendir cuentas a nadie”, añade López Portillo, que comparte sus preocupaciones con la Red en Defensa de los Derechos Digitales, una organización no gubernamental según la cual el modo en que la Ley de Seguridad Interior quedó redactada permitiría que las fuerzas armadas realicen acciones como “la intervención de comunicaciones y la recolección de información privada de cualquier individuo a través de cualquier método, sin que existan límites claros ni se establezcan de manera explícita controles democráticos o mecanismos de rendición de cuentas”.

La norma superó su último debate en el Senado el pasado 15 de diciembre, el último día de la legislatura, con 262 votos a favor y 25 en contra. Esa misma fecha, y en un acto sin precedentes, seis miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU salieron a pronunciarse en contra del proyecto de ley, pues consideraban que contenía “una definición excesivamente laxa de las situaciones en que las autoridades podrían usar la fuerza, incluso en el contexto de manifestaciones de protesta”.

La presión sobre la ley, contra la cual también se han pronunciado organizaciones internacionales como Human Rights Watch o Amnistía Internacional, hace todavía más insólito el hecho de que nadie haya tratado de impugnarla.

El plazo máximo para adelantar ese tipo de trámites ante la SCJN se vence 30 días naturales después de la promulgación de la ley y puede ser realizado tanto por ciudadanos comunes como por miembros de las administraciones federales.

Sin embargo, el abogado constitucionalista Fabián Aguinaco Bravo advirtió en El Financiero de los obstáculos que podrían tener este tipo de iniciativas: “Cuando más podrán echarse abajo algunos artículos”, dijo el experto, quien además señaló que, a su juicio, la norma podría ser atacada por violar el principio constitucional que les asigna a corporaciones civiles la responsabilidad de garantizar la seguridad pública y no a las Fuerzas Militares, algo para lo que habría que recorrer un largo camino y que en su opinión está entre las responsabilidades de las ONG que manifestaron su oposición a la norma.