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Un mes después de que la Cámara de Diputados de Argentina aprobara, en una histórica votación, la ley que busca legalizar el aborto, el proyecto de ley se enfrentó con un escollo mucho más duro: los 72 legisladores del Senado, que votarán si legalizan el aborto voluntario hasta la semana 14 o lo mantienen en la clandestinidad, pues es un delito castigado con la cárcel.
A diferencia de la discusión del pasado mes de julio, en donde, de manera sorpresiva, los diputados a favor del aborto lograron convencer a varios indecisos, el debate en el Senado se encuentra mucho más disparejo. De acuerdo con reportes de prensa, siete votos separan a la Argentina de convertirse en el segundo país que aprueba el aborto legal en Latinoamérica.
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La iniciativa es muy similar a la de los países más desarrollados: libre decisión de la mujer hasta las 14 semanas de gestación y unos plazos superiores si hay riesgo para la madre o el feto o si el embarazo es consecuencia de una violación. La idea del movimiento a favor del aborto es reducir la alarmante cifra de 50.000 mujeres que tienen que ser hospitalizadas por complicaciones derivadas de abortos clandestinos. En 2016, último año con cifras oficiales, 43 mujeres fallecieron por esta causa.
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Pero, contrario a lo que podría pensarse, la ley a favor del aborto libre y legal no cuenta con el favor de todas las senadoras argentinas. De las 72 sillas que tiene el Senado, 28 son ocupadas por mujeres, pero el voto entre ellas estaba dividido 50-50 antes del debate, 14 a favor y 14 en contra.
Quienes avalaron el proyecto se encuentran, en su mayoría, en los partidos progresistas argentinos. Once legisladores del Partido Justicialista, movimiento fundado por Juan Domingo Perón, una del Frente Amplio Progresista y apenas dos de Cambiemos, el partido de Mauricio Macri.
Mientras, en contra se encuentran en su mayoría senadoras del partido de gobierno, con seis votos. Las siguen cuatro legisladoras del PJ, una del kirchnerismo y tres de partidos menores.
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El debate es más claro para los senadores varones, que en su mayoría votarán en contra de la propuesta que permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 12 semanas de gestación. De 42 legisladores, 24 se manifestarán en desacuerdo con el proyecto de ley, mientras 17 apoyarán la causa abortista.
Hay que recordar que actualmente en Argentina el aborto está castigado por el Código Penal, salvo tres causales: si hay riesgo de muerte para la madre, si el embarazo fue producto de una violación o si la madre no está en capacidad mental de tener un hijo. Dicho esto, cualquier aborto practicado por fuera de estas condiciones puede ser castigado con una pena de uno a cuatro años de cárcel.
En caso de que la ley sea aprobada, continuará su proceso hasta la implementación. Pero si el proyecto, que tiene media sanción de la Cámara Baja, es rechazado, son dos los escenarios posibles: la lucha por la despenalización o promover de nuevo la ley el próximo año.
La idea de la despenalización ha cobrado fuerza en las últimas semanas ante la dificultad de convencer a los legisladores de aprobar la ley. La diferencia con el proyecto que el día de ayer se debatía es que en este caso sólo se dejaría de castigar el aborto si se hace antes de las 12 semanas de gestación. Sin embargo, la prohibición se mantendría, lo que significaría que todavía habría clandestinidad en las intervenciones, algo que a su vez provocaría más casos de mujeres afectadas por abortos mal practicados. Sólo en el 2016, de acuerdo con las últimas cifras oficiales, 43 mujeres murieron por esta causa en Argentina.
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El otro escenario plantea que se presente de nuevo el proyecto en marzo de 2019, cuando arranque el nuevo período parlamentario. Si es así, tendrá que volver a pasar por las instancias que ya superó, pero, de acuerdo con la diputada Silvia Lospennato, del partido de gobierno, podría tener más chances de aprobarse. “Independientemente de lo que pase en el Senado, ya cambió el sentido común respecto al aborto. Y tarde o temprano, el aborto va a ser legal en Argentina”, dijo en entrevista con este diario.
El difícil camino del aborto legal en Latinoamérica
Sólo en Cuba, Uruguay y la Ciudad de México, las mujeres pueden abortar de forma gratuita y libre. En el primer caso antes de las diez semanas y en los dos últimos antes de la duodécima semana.
En otros países, como Guatemala, Perú, Venezuela, Ecuador y Bolivia, el aborto es ilegal excepto en algunos casos, básicamente cuando el embarazo pone en peligro la vida o la salud de la mujer o en caso de violación.
Brasil y Colombia admiten el aborto en los casos de violación, riesgo de muerte para la madre y malformación del feto. En Panamá, la despenalización es sólo para los supuestos de violación y riesgo de vida para la madre.
Paraguay únicamente permite la interrupción del embarazo cuando la vida de la mujer está en peligro. Mientras que en El Salvador, Honduras, Nicaragua, Surinam, Haití y República Dominicana el aborto está prohibido en todas las circunstancias.