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La nueva ley migratoria que busca “poner orden en Chile”, explicada

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El presidente de Chile, Sebastián Piñera, firmó la nueva ley de inmigración que busca regular el ingreso ilegal de extranjeros, principalmente venezolanos, y facilitar las expulsiones administrativas, una medida que preocupa a las organizaciones que protegen los derechos de los migrantes.

Una nueva ley migratoria llegó a “poner orden” en Chile, según sus impulsores.

“El objetivo (de esta ley) es poner orden en nuestra casa a través de una política ordenada, segura y regular, y así permitir la migración legal y combatir la inmigración ilegal”, dijo el presidente de ese país, Sebastián Piñera, tras promulgar oficialmente la norma. Pero, ¿de qué trata esto?

La nueva Ley de Migración se aprobó el pasado diciembre, tras una discusión de casi ocho años, y sustituyó la ley migratoria diseñada durante la dictadura de Augusto Pinochet en 1975, la cual buscaba restringir la entrada de migrantes.

Esta nueva ley era vista por el oficialismo como la solución para enfrentar el fenómeno migratorio, pues la ley que regía no “respondía a los desafíos y necesidades” actuales, pero los críticos del proyecto sienten que no hubo grandes cambios entre la legislación anterior y la nueva.

En enero de 2021, un grupo de diputados presentó un requerimiento ante el Tribunal Constitucional para revisar artículos que consideraba inconstitucionales, como que los menores no acompañados pudieran ser sujetos a un proceso de retorno asistido a su país de origen. Este fue desestimado por el tribunal finalmente.

La oposición ha criticado que este endurecimiento de las leyes fronterizas es radical y conduciría a un aumento de los cruces por pasos irregulares.

“Esta ley supone un cierre de posibilidades para los trabajadores migrantes y va en contra de los avances de los acuerdos bilaterales en la región”, señaló el secretario general de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes en Chile, Rodolfo Noriega.

Aunque el artículo sobre el retorno asistido de menores no acompañados no quedó en el documento final, hay que destacar que la nueva ley sí facilita las expulsiones administrativas de quienes intenten ingresar por pasos irregulares.

Esta medida “deja un espacio muy amplio de discrecionalidad y sin control de la autoridad policial que está en frontera”, dijo a la AFP, Waleska Ureta, directora nacional del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM). También “podría constituir una alteración de derechos de los migrantes, al no permitirles exponer las razones de porqué ingresaron por paso no habilitado, ni solicitar refugio”, agregó Ureta.

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La ley también adoptó 13 tipos de visa diferentes y también establece que los extranjeros cuyo permiso venció podrán solicitar su prórroga dentro de un plazo de nueve meses después de su expiración. Estos cambios han generado protestas de los ciudadanos extranjeros que residen en Chile.

“La ley tiene otro inconveniente enorme que va a generar una cantidad de dificultades y es que a partir de la promulgación la ley da un plazo de tres meses a las personas que están irregulares en el país para irse, no para regularizarse. En algún momento, el Gobierno llegó a decir que esas personas que se van pueden hacer el trámite en algún consulado y luego volver a entrar, como si hacer los trámites en un consulado se hiciera en dos días. Lo otro que es crítico es que no va a haber posibilidad de regular de manera constante como lo indican todas las políticas migratorias de la región”, señaló Eduardo Cardoza, secretario ejecutivo del Movimiento Acción Migrante en Infobae.

El presidente Piñera defiende que este cambio era necesario para tener una migración más sana, pero lo cierto es que el cambio podría dificultar aún más la radicación de los extranjeros que deseen vivir en el país provenientes de naciones como Venezuela, donde el servicio consular, a través del que el Gobierno de Chile pretende que se tramiten los documentos, enfrenta una crisis sin precedentes.

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Para Eduardo Cardoza, secretario ejecutivo del Movimiento Acción Migrante, apunta a que esta normativa se fundó a partir de “una premisa segregadora”, pues genera condiciones diferentes para los migrantes.

Según el Departamento de Extranjería y Migración, hay 1,4 millones de migrantes en Chile, lo que equivale a más del 7 % de la población y los venezolanos son los más numerosos, seguidos de peruanos, haitianos y colombianos. Tan solo en enero, más de 3.800 venezolanos intentaron ingresar a pie desde Bolivia hacia Chile principalmente por el paso fronterizo de Colchane.

“Las personas que provienen de Venezuela, que están viviendo una crisis humanitaria en su país, deben ser consideradas como sujeto de protección, más aún con las crisis sanitaria (por el Covid-19) que mantiene cerradas las fronteras”, señaló Ureta a la AFP.

La nueva ley también prohíbe la entrada de quienes tengan una condena en firme dentro o fuera de las fronteras nacionales, así como quienes se encuentren en procesos judiciales pendientes informados tanto por la Interpol como por los organismos con quienes la justicia chilena tenga convenios. Además, la nueva norma amplió la lista de delitos establecidos en el Código Penal por los cuales se niega el ingreso al país.

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