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Desde que en 2017 una ley en Bolivia autorizara el aumento de la superficie de cultivos legales de coca, de 12.000 hectáreas a 22.000, los cultivadores de la hoja en La Paz se han enfrentado con el gobierno de Evo Morales. La ley también legalizó plantaciones en Yapacaní (Santa Cruz), algo que molestó a los cultivadores que se concentraban en los yungas de la capital boliviana.
El viceministro boliviano de Defensa Social y Sustancias Controladas, Felipe Cáceres, denunció el crecimiento de cultivos en la comunidad cocalera de La Asunta, en La Paz, desde el año pasado. Advirtió que personas de esa zona tienen más de cinco hectáreas de cultivos de la hoja verde y se dedican a “encubrir” actividades relacionadas con el narcotráfico.
De acuerdo con el diario boliviano El Deber, en La Asunta hay como 6.600 hectáreas de coca, de las cuales 1.500 son cultivos excedentarios y 800 están en la denominada “zona roja”, prohibida para el cultivo.
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La guerra escaló a un nivel nunca antes visto en ese país: una Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar), fuerza dependiente de la Policía antinarcóticos, fue acorralada mientras hacía labores de erradicación. La emboscada dejó un oficial muerto y siete heridos.
Las autoridades ordenaron buscar a cinco cocaleros supuestamente involucrados en los hechos y un juez decidió encarcelar al dirigente Franklin Gutiérrez, acusado por el Gobierno de ser el autor intelectual de una emboscada.
Gutiérrez, que es el principal dirigente de la Asociación Departamental de los Productores de Coca de La Paz (Adepcoca), fue señalado por el Gobierno de ser el responsable intelectual del suceso, junto con otros cuatro cocaleros. Durante la presentación de las pruebas ante el juez, la Policía mostró un video en el que se ve a uno de los uniformados herido mientras sus compañeros intentan escapar y se escuchan disparos. También exhibieron fotografías de los métodos utilizados para frenar el ingreso de las fuerzas regulares a las zonas de coca excedentaria, mediante zanjas improvisadas, el derribo de árboles en el camino o el establecimiento de peajes comunitarios.
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Desde que Evo Morales, exdirigente cocalero en Chapare, llegó al poder, se desarrolló una cercanía con la gente de La Asunta, cuyos habitantes vivieron por años de los cultivos de arroz, cítricos, plátano y cacao hasta los años 90, cuando los sembradíos de coca comenzaron a multiplicarse.
Ese es un bastión electoral de Evo Morales y dicen que fue por el cariño que siente hacia La Asunta que el mandatario la nombró en septiembre de 2009 como “área tradicional” para el sembradío de la hoja sagrada, en contra de lo estipulado en la Ley 1008. El romance acabó en 2017 y amenaza con crecer.
¿Colombianos involucrados?
El gobierno de Bolivia sospecha que quienes entrenaron en el uso de armas a los cocaleros bolivianos que chocaron en La Asunta contra los erradicadores eran colombianos, según dijo el ministro de Gobierno (Interior), Carlos Romero, así como “para enseñar a la estructuración de grupos armados, para enseñar a disparar proyectiles de manera selectiva”.Aseguró que había testimonios de ello y ratificó la existencia de “una organización criminal” en La Asunta. Hace menos de un año, Romero había denunciado la presencia de narcotraficantes colombianos, peruanos y brasileños en algunas poblaciones del Beni y del oriente boliviano.