La pesadilla por la que puede pasar si aborta en El Salvador

Aunque la defensa de Teodora Vázquez siempre argumentó que había sufrido por un aborto espontáneo, fue condenada por homicidio agravado. Aunque recuperó su libertad, hay decenas de casos como el suyo.

AFP

Si en diciembre alguien le hubiera dicho a Teodora Vázquez que le quedaban dos meses en la cárcel tal vez no lo habría creído. Ese mes, la justicia salvadoreña ratificó la condena de 30 años de prisión por la que estaba detenida desde 2008.

La historia de Teodora, que durante años ha provocado la movilización de grupos por los derechos de la mujer y de organizaciones internacionales como la ONU y Amnistía Internacional, empezó en 2006 cuando, después de realizar varias llamadas al servicio de emergencia, se desmayó en el baño del colegio en el que trabajaba. Cuando despertó estaba detenida y, aunque sus defensores siempre argumenaron que había sufrido un aborto espontáneo, fue condenada por homicidio agravado en 2008. 

(Lea más: El Salvador: evalúan caso de mujer condenada a 30 años por abortar)

La sentencia permaneció intacta cuando revisaron su caso en 2017: “El tribunal llegó a la conclusión de que la sentencia definitiva condenatoria en contra de la señora Teodora Vázquez debe confirmarse”, soltó la jueza tras horas de deliberaciones.

El argumento era implacable: “los elementos probatorios no han sido desvirtuados de una forma categórica” y con ese anuncio, Vázquez regresó a la cárcel por homicidio agravado.

-¿Cómo sacaron a Teodora de la cárcel?-

Desde el comienzo el caso de Vázquez movilizó a legisladores que buscaban legalizar el aborto en casos donde exista violación, riesgo de muerte de la madre o inviabilidad fetal, como fue el caso de la propuesta que el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el partido de gobierno, propuso en octubre de 2016. La respuesta de la oposición fue otro proyecto de ley para incrementar las penas hasta los 50 años de prisión. Sin embargo, la solución para la situación de Vázquez no llegó por parte de los legisladores.

Fue el Gobierno de El Salvador el que intervino directamente ante la Corte Suprema de Justicia y logró que este 15 de febrero Vázquez fuera puesta en libertad, lo que no significa que haya sido declarada inocente ni que vaya a ser indemnizada por los 11 años que pasó detenida.

La orden de conmutación de la pena fue firmada en secreto el pasado 24 de enero y se hizo efectiva cuatro semanas después. Durante ese lapso, la relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales e la ONU, Agnes Callamard, le pidió al Gobierno salvadoreño que suspendiera la aplicación de las normas antiaborto pues generaban muertes arbitrarias.

En la resolución del juzgado de San Salvador que acató la orden de liberar a Vázquez se explica que las evidencias científicas recogidas en el caso no permiten “determinar ninguna acción voluntaria que condujera a la muerte de la criatura que estaba gestando".

-No es un caso aislado-

En 2005, Isabel Cristina Quintanilla terminó n la cárcel en circunstancias semejantes a las de Teodora Vázquez. Por considerar la pena “excesiva, desproporcionada e injusta”, su condena quedó reducida a tres años.

Junto a otro puñado de países –como Nicaragua, Honduras, Haití, Surinam, Andorra y Malta–, El Salvador hace parte del club de naciones que prohíben el aborto de manera absoluta y según datos de 2017, en el país centroamericano había otras 30 mujeres que, como Vázquez, pagaban penas de entre 30 y 12 años de prisión por casos parecidos y desde el 2000 la cifra total de abortos reportados como crímenes supera el centenar.

(Lea también: El drama de las mujeres que terminan presas por abortar en El Salvador)

Cuando se presenta un aborto, los médicos salvadoreños tienen la obligación de presentar un informe a las autoridades. En él explican si creen que hay indicios de que la mujer haya intentado terminar su embarazo voluntariamente. En caso de no hacerlo, los médicos enfrentan condenas de cárcel lo que hace a El Salvador uno de los países más duros en cuanto a la implementación de sus normas antiaborto.

Las organizaciones de defensoras de derechos humanos advierten que políticas como las salvadoreñas pueden provocar la criminalización de emergencias médicas.

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