La polémica detrás de la ley de amnistía en Nicaragua

EFE

El Gobierno de Nicaragua liberó este lunes a 50 "presos políticos" bajo la polémica Ley de Amnistía, aprobada el pasado sábado por la mayoría sandinista de la Asamblea Nacional (Parlamento), para absolver a las personas señaladas de cometer delitos en el marco de la crisis sociopolítica que vive el país desde abril de 2018.

A través del Ministerio de Gobernación, el Ejecutivo informó que "ha puesto en libertad a 50 personas por delitos contra la seguridad común y tranquilidad pública, y continúa preparando la liberación de presos por estos delitos".

Entre los "presos políticos" liberados este lunes están el periodista Marlon Powell, el estudiante Hanssel Vásquez, el empresario Chester Membreño, el líder autoconvocado Jonathan Lacayo, la transgénero Victoria Obando, así como la única mujer beneficiada, Karla Matus.

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El Gobierno detalló que la liberación fue ejecutada con miembros del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) actuando como observadores.

Las liberaciones fueron realizadas por el Sistema Penitenciario Nacional, cuyos custodios entregaron a los "presos políticos" ante los familiares, en sus casas.

Las autoridades agregaron que el Gobierno prepara otras liberaciones de "presos políticos", que según las autoridades sumaban 142 hasta antes de la libertad otorgada esta mañana, aunque la oposición reclama que al menos 221 continuaban en los calabozos del Sistema Penitenciario Nacional y de la Policía Nacional.

La Ley de Amnistía fue aprobada con "trámite de urgencia" el sábado pasado con los votos de una mayoría de diputados que pertenecen al oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), a petición del presidente Daniel Ortega.

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La nueva legislación creó polémica porque, según la oposición, la misma realmente no beneficia a los "presos políticos", ya que estos fueron arrestados sin cometer delitos, en cambio, consideran que favorece a policías y paramilitares que han matado a cientos de personas por rechazar el Gobierno de Ortega, en medio de una crisis sociopolítica que inició en abril de 2018.

Un informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), adscrito a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), responsabiliza al Gobierno de Ortega por la muerte de cientos de nicaragüenses y varios extranjeros en el marco de la crisis.

La crisis de Nicaragua ha dejado al menos 325 muertos, según la CIDH, aunque organismos locales elevan la cifra a 594, y el Gobierno reconoce 199.