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Desde finales del año pasado, en España estalló un debate que ha sido opacado por los efectos de la pandemia, que sigue imparable, pero que vuelve a tomar aire. En el país se están planteando poder cambiar el nombre y el sexo en el registro civil sin necesidad de informe ni tratamiento médico a partir de los 16 años, y entre los 12 y los 16 con consentimiento de padres o tutores, según el borrador de la ley de igualdad de las personas trans elaborado por el Ministerio español de Igualdad.
Las personas trans demandan una ley que acabe con la patologización de la transexualidad en España y las convierta en “ciudadanos de primera”, de manera que puedan reivindicar su identidad, algo tan básico e íntimo, sin que un tercero tenga que decretar que padecen un trastorno para certificar quiénes son.
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En la actualidad, la legislación española exige un diagnóstico médico y un tratamiento hormonal de dos años para que una persona transexual pueda cambiar de sexo en el registro pese a que la Organización Mundial de la Salud (OMS) dejó de considerar la transexualidad como un trastorno en 2018, es decir la “despatologizó”.
El borrador, al que tuvo acceso Efe, fija esa despatologización de la transexualidad, en línea con la OMS, y garantiza protección y derechos específicos a toda aquella persona “cuya identidad de género no se corresponde con el sexo asignado al nacer”.
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El texto incluye medidas en el ámbito sanitario, educativo, laboral y deportivo y abre la puerta también a que se pueda solicitar que no se especifique el sexo en los documentos oficiales de identidad, para atender a quienes no se identifican ni con el genero masculino ni con el femenino.
Entre las prestaciones sanitarias, además de los tratamientos hormonales y quirúrgicos, se contempla que “las personas trans con capacidad de gestar” puedan recurrir a las técnicas de reproducción humana asistida.
Polémica con el movimiento feminista
La autodeterminación del género ha sido objeto de un amplio debate en el seno del feminismo en España, especialmente a raíz de un documento interno en el que el gubernamental Partido Socialista (PSOE) aseguraba que la autodeterminación del género pone en riesgo “los derechos, las políticas públicas de igualdad entre mujeres y hombres y los logros del movimiento feminista”.
En él, se afirmaba que el sexo es un hecho biológico y el género una construcción social.
A pesar de la polémica y de las posturas enfrentadas, el Gobierno español ha reiterado su propósito de sacar adelante una legislación que proteja los derechos del colectivo trans.
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Además de necesitar que un tercero acredite su identidad de género y someterse a tratamientos y pruebas que no se exige al resto, las personas trans padecen estigma, desigualdad social, así cómo múltiples discriminaciones y vulneraciones de sus derechos.
El nivel de desempleo del colectivo ronda el 80 % y su tasa de fracaso escolar duplica al de la media.
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Según estudios de la Federación Estatal de Gais, Lesbianas y Transexuales (FELGTB), el 50 % de las personas trans retrasa o anula sus citas médicas para evitar un trato discriminatorio y el 60 % de los menores trans sufre insultos, acoso, amenazas o agresiones físicas en el ámbito escolar.